SENTENCIA 8019 DE DICIEMBRE 14 DE 1993

 

Sentencia 8019 de diciembre 14 de 1993 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

IURA NOVIT CURIA

EN ACCIONES DE REPARACIÓN DIRECTA Y CONTRACTUALES

EXTRACTOS: «Es cierto que se ha dicho que cuando un servidor público perece o sufre lesiones durante el ejercicio normal de las actividades que le competen, derivadas del contrato de prestación de servicios celebrado con la entidad, los perjuicios causados serán reconocidos con sujeción al régimen de vinculación laboral que lo cobija.

Pero también es cierto que cuando a ese servidor se le somete a un riesgo excepcional que no encaja en los ordinarios o normales de la actividad que cumple, la entidad responsable del perjuicio deberá resarcírselos en su integridad. La Sala elaboró esa jurisprudencia frente a los militares en servicio para distinguir cuando perecen en labores propias de su actividad (soldado que muere en un combate con la guerrilla, por ejemplo) y cuando el hecho ocurre porque se le dispara accidentalmente su arma a un compañero de filas o porque el vehículo militar en que viaja se accidenta por falta de sostenimiento.

En este orden de ideas, pregunta la Sala: ¿Pereció Osorno dentro del riesgo propio, normal de su actividad? Para la Sala la respuesta es negativa. Si las redes de acueducto no se contaminan nunca con gases tóxicos, el trabajo de los operarios de las redes no tendría porqué cau-sar perjuicios anormales o extraños a la actividad. En tal sentido y en ese supuesto, la persona lesionada o sus damnificados sólo podrían aspirar a la retribución contemplada en la ley laboral. ¿Pero qué sucede cuando, como sucedió aquí, la cámara inspeccionada estaba altamente contaminada con gases tóxicos? La respuesta no puede ser sino esta: los operarios quedaron sometidos a un riesgo excepcional que no tenían porqué soportar.

Lo anterior indica que en todos los casos se deben tomar especiales medidas de seguridad en el manejo de las redes de acueducto; y que no hacerlo compromete la responsabilidad de la entidad explotadora del servicio. Se demostró que esas especiales medidas no se tomaron en el caso concreto y que sólo a raíz de esa tragedia empezaron a implantarse.

Pero el asunto amerita ser tratado con base en el artículo 90 de la nueva Constitución, porque más que falla del servicio el presente asunto muestra la ocurrencia de un daño antijurídico imputable a la administración. Daño que como ya lo ha dicho la jurisprudencia no tiene que provenir siempre de la conducta irregular o ilegal de la autoridad pública, porque puede darse aún como consecuencia del obrar legal ajustado al ordenamiento de la misma. En este evento la antijuridicidad no estará en esa conducta sino en el resultado dañoso para alguien que no tenía por qué soportarlo. Aunque esto no fue alegado en la causa petendi la norma cae como anillo al dedo en el presente asunto. Osorno no tenía por qué correr el riesgo de la grave contaminación de una red que normalmente está exenta de contaminantes.

La regla “iura novit curia” permite este nuevo enfoque. Baste recordar que con apoyo en dicho principio al juez se le dan los hechos y el deberá aplicar el derecho así no esté expresamente citado en la demanda. Principio aplicable en materia contencioso administrativa en las acciones de reparación directa y contractuales. En las demás, de impugnación de actos administrativos, el principio de la justicia rogada tiene su operancia, ya que el juez estará sometido en su fallo a manejar las normas citadas como infringidas y al concepto de la violación expuesta.

Estas sencillas ideas no son más que la interpretación lógica del numeral 4º del artículo 137 del CCA que a la letra dice:

“Los fundamentos de derecho de las pretensiones. Cuando se trate de la impugnación de un acto administrativo deberán indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de su violación”.

La aplicación del artículo 90 de la Constitución, en asuntos como el que aquí se define, ya tiene reiterada jurisprudencia en eventos en los que no se da propiamente la falla del servicio. A este respecto pueden citarse los fallos de agosto 27 de 1992 (proceso 6827, María Burbano P., ponente doctor Daniel Suárez Hernández), mayo 28 de 1992 (proceso 6771, Mónica Lucía Zambrano, ponente doctor Julio César Uribe) y 2 de marzo de 1993 (proceso 7429, Nancy Amparo Ramírez, ponente Carlos Betancur Jaramillo).

Aprovecha la Sala para hacer algunas reflexiones sobre el principio de la justicia rogada en el campo contencioso administrativo, el cual no ha merecido sino afirmaciones escuetas y aplicaciones restrictivas, muchas veces atentatorias contra los derechos de los administrados que acuden a la jurisdicción en busca de cumplida y eficaz justicia.

Con apoyo en la Ley 167 de 1941 y en vista de que en dicha ley se daba el predominio marcado en las acciones de impugnación de los actos administrativos (nulidad y plena jurisdicción), se elaboró la teoría en el sentido de que el juez administrativo no podía fallar sino con base en las normas citadas como infringidas en la demanda y por el concepto expuesto dentro de la misma.

Esta concepción extrema empezó a quebrarse en la jurisprudencia con la vigencia del Decreto 528 de 1964, el cual trajo dos acciones importantes a la jurisdicción administrativa (las contractuales y de reparación directa) que no permitían su aplicación estricta porque la responsabilidad estatal, de creación pretoriana, tenía que manejarse con fundamento en principios generales y no con normas legales que a la sazón no existían. Circunstancia esta que no daba margen para la cita expresa de las normas que se estimaban infringidas por el hecho de la administración o por el contrato. Fue así, entonces, como la jurisprudencia empezó a aplicar en este campo el principio “iura novit curia” de vigencia en el sistema procesal desde el siglo pasado. Jurisprudencia que tomó cuerpo y que fue la que definitivamente inspiró el numeral 4º del artículo 137 del CCA (Decreto 01 de 1984).

En este código se hizo la precisión adoptada jurisprudencialmente y fue así como sólo se mantuvo la regla de la justicia rogada (cita de normas violadas y concepto de violación obligatorios para el juez) dentro de las acciones de impugnación de actos administrativos; y se aceptó que en las demás acciones basta, como ante la justicia ordinaria, que se explique la funda-mentación jurídica en forma simple, sin requisitos especiales y sin condicionamientos para el juzgador; el cual, vistos los hechos y sus prue-bas, deberá otorgar el derecho pretendido, si a ello hubiere lugar.

En tales condiciones, son los hechos probados los que imponen la decisión del juez y no la fundamentación jurídica expuesta. Gana así el principio “iura novit curia” toda su extensión y efectividad.

Y como si la reforma del numeral 4º del artículo 137 del código administrativo no fuera suficiente, en el que se reivindica el principio aludido dominante desde el siglo pasado, la nue-va Constitución lo reafirmó implícitamente al imponer la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal (artículo 228 de la Carta). Así las cosas, en la jurisprudencia se muestra esa prevalencia. Quedan, con todo, algunos cultores del sistema formalista que siguen aferrados a la tradición decimonónica y que no quieren ver que desde el siglo pasado el proceso dejó de ser un negocio privado sometido al querer y a la voluntad de las partes; y que el juez, de convidado de piedra, pasó a ser el activo dispensador de la justicia a quien le corresponda.

Por todo lo expuesto, la sentencia será revocada para darle aplicación, nuevamente, a la tesis del daño antijurídico en materia de responsabilidad estatal».

(Sentencia de diciembre 14 de 1993. Expediente 8019. Consejero Ponente: Dr. Carlos Betancur Jaramillo).

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