SENTENCIA 802 DE NOVIEMBRE 13 DE 1992

 

Sentencia 802 de noviembre 13 de 1992 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

REQUISITOS PARA SER ELEGIDO CONCEJAL

NO SE EXIGE RESIDENCIA EN EL MUNICIPIO

EXTRACTOS: «Conforme a la demanda, con la elección del señor Adriano Mayorga Benavides como concejal del municipio de Suesca, Cundinamarca, se quebrantó el artículo 316 de la nueva Constitución. Asegura el actor que es nula dicha elección, lo cual afecta también a Juan Eurípides López, quien no podrá entrar a reemplazar al elegido, porque los mencionados ciudadanos no residen ni residían en dicho municipio en la fecha de la elección.

La disposición constitucional que el demandante estima violada es del siguiente tenor:

“Artículo 316.—En las votaciones que se realicen para la elección de autoridades locales y para la decisión de asuntos del mismo carácter, solo podrán participar los ciudadanos residentes en el respectivo municipio”.

Al expresar de manera concreta y taxativa el artículo 223 del Código Contencioso Administrativo, con las modificaciones a él introducidas por el artículo 65 de la Ley 96 de 1985 y el artículo 17 de la ley 62 de 1988, las causales de nulidad que pueden invocarse en los procesos electorales, la Sala encuentra que en el libelo demandatorio no se hizo referencia a alguna de ellas. Por otra parte, como acertadamente lo observa la señora Procuradora Octava en su vista de fondo, cuando se celebraron los comicios el 8 de marzo de 1992, en los cuales resultó elegido concejal el ciudadano Adriano Mayorga Benavides, el régimen jurídico en materia de inelegibilidad aplicable a esta elección era el contenido en el Decreto 1333 de 1986, en cuyo artículo 83 está previsto lo siguiente:

“...Para ser elegido concejal se requiere ser ciudadano en ejercicio y no haber sido condenado a pena de prisión. Se exceptúan de esta prohibición los condenados por delitos políticos. Tampoco podrán ser elegidos concejales, quienes dentro de los dos años anteriores a la elección, hayan sido contratistas del respectivo municipio o dentro de los seis (6) meses anteriores a la misma fecha hayan sido empleados oficiales, ni quienes, en cualquier época y por autoridad competente, hayan sido excluidos del ejercicio de una profesión o sancionados más de dos veces por faltas a la ética profesional y a los deberes de un cargo público”.

Y en su artículo 84 el citado decreto estatuye:

“No podrán ser elegidos concejales los apoderados de los contratistas del correspondiente municipio”.

De las normas transcritas no se establece que el cargo endilgado al demandado constituya motivo de inelegibilidad, que pudiera dar paso a la aplicación de alguna de las causales de nulidad previstas en el artículo 223 del CCA, porque aquellos preceptos no enuncian siquiera la posibilidad de que para ser elegido concejal debe el candidato haber residido o residir en el respectivo municipio.

Las causales de anulación en todos los procesos —el electoral es uno de ellos— están expresamente contempladas en las normas legales, son de aplicación restringida y no cabe hacer interpretaciones analógicas. Por manera que cuando se solicite ante la jurisdicción contencioso administrativa la anulación de un acto electoral, con la consecuente cancelación de la credencial, solo es viable hacer esta petición con fundamento en los motivos de nulidad expresamente fijados por la ley.

En el sub lite el cargo formulado carece de sustento legal, razón por la cual serán denegadas las pretensiones de la demanda.

El objetivo del artículo 316 de la Constitución Política, que exige el requisito de la residencia para los sufragantes que participen en la elección de las autoridades o en la decisión de asuntos de la correspondiente localidad, es el de impedir que forasteros intervengan en los asuntos de una comunidad a la cual son ajenos y la posibilidad de aprovechar electores “paracaidistas” con desmedro de la voluntad real del electorado local. Y ciertamente que el cumplimiento de esta formalidad es de capital importancia para efectos de asegurar resultados adecuados a la actividad política de la región, criterio éste que como bien lo anota la colaboradora del Ministerio Público, quedó plasmado en el artículo 1º de la Ley 2a de 1992, que contiene disposiciones relativas a las elecciones del 8 de marzo del año en curso.

En todo caso, del análisis interpretativo del artículo 316 de la Carta Política no es posible deducir motivo de nulidad electoral por la sencilla razón de que no aparece establecida como tal».

(Sentencia de noviembre 13 de 1992. Expediente 0802. Consejero Ponente: Dr. Jorge Penen Deltieure).

ACLARACIÓN DE VOTO

Con el mayor respeto me permito aclarar el voto en la decisión que antecede, por cuanto aunque estoy de acuerdo con la parte resolutiva considero del caso precisar lo siguiente:

El fundamento del cargo que trate la demanda es la violación del artículo 316 de la Constitución Nacional. En consecuencia, el análisis debía versar exclusivamente sobre la disposición constitucional mencionada que, como acertadamente lo dice la providencia, no es aplicable al caso de autos.

Sobra por lo tanto el examen de disposiciones que no han sido invocadas en la demanda y que el juzgador no puede analizar de oficio en un contencioso de anulación.

De los señores consejeros,

Miren de la Lombana de Magyaroff.