Sentencia de homologación 8020 de octubre 19 de 1995 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SECCIÓN PRIMERA

POLÍTICAS DEL PACTO SOCIAL

NO LIMITAN LA CONTRATACIÓN COLECTIVA

EXTRACTOS: «Entiende el impugnante, que el pacto social (correspondiente a una política macro-económica indicativa para este caso, mas no a la consagración de directrices imperativas) limitó la libertad de contratación consagrada en el artículo 55 de la Carta fundamental de la República a sus parámetros. Aprecia la Sala que si bien estas políticas gubernamentales fueron encaminadas a sanear la economía, en ningún momento limitaron el derecho de contratación colectiva ni la posibilidad de que las clases menos favorecidas de la sociedad lograran conquistas laborales a través de los medios que les otorga la ley para estos fines. De esta suerte, la sola referencia al pacto social para demostrar la inequidad manifiesta del otorgamiento de una prestación no es suficiente, como que no se demuestra adecuadamente.

El estudio de los cargos dieciséis a veinte se hace conjuntamente por corresponder a una misma argumentación que utiliza como parámetro las cifras de incremento establecidas a través del llamado pacto social.

A propósito de este pacto ha de decirse, que corresponde a una política económica desarrollada por el gobierno a partir de la concertación entre gremios, sindicatos y asociaciones de diversa índole.

Sus directrices no resultan entonces imperativas sino más bien indicativas y condicionadas a la voluntad de los concertantes y sobre todo al desenvolvimiento de la realidad económica del país.

Ya ha dicho esta Sala de la Corte que al salario y las prestaciones derivadas de la contratación laboral no se les puede tratar con criterio nominalista por ser factores inherentes a la subsistencia de los seres humanos y tener por ello un contenido de valor. Así el salario y sus ingredientes, lo mismo que las prestaciones derivadas de los contratos colectivos o de las decisiones arbitrales, lejos de ser unas sumas de dinero son más bien valores que deben relacionarse directamente con la satisfacción de las necesidades básicas del trabajador que los devenga.

De esta suerte, el incremento del salario con base en la pérdida de poder adquisitivo de la moneda, no es un verdadero aumento salarial, sino una nivelación de valor, que tiene por objeto conservar para el trabajador la posibilidad de seguir satisfaciendo sus necesidades básicas. Es por ello que no constituye propiamente una mejora salarial, sino un procedimiento de nivelación encaminado a impedir el enriquecimiento torticero del empleador a costa del recorte de la satisfacción de las necesidades básicas de los trabajadores.

Es lo cierto que el conflicto de intereses, ya sea suscitado por el sindicato, ya por un grupo de trabajadores independientes, tiene por fin obtener a través de la negociación colectiva o en últimas, de la normatividad impuesta mediante un laudo arbitral, mejores condiciones de trabajo y mejores condiciones económicas. Así, las que regían los contratos antes del conflicto, son sólo punto de partida de la negociación como se dijo antes. Por ello, el simple reajuste salarial referido a la pérdida del poder adquisitivo de la moneda no puede equipararse a una conquista económica, que no lo es, puesto que es sólo una manera monetaria de expresar el valor del salario anterior que como es obvio, no implica ventaja extra para el trabajador que lo percibe y por lo tanto no genera conquista.

Las conquistas laborales que tratan de obtenerse mediante los conflictos colectivos de intereses, son las que en realidad generan mejoramiento de las condiciones de trabajo y de la condiciones económicas de los trabajadores.

Consecuencialmente, las mejoras económicas sólo empiezan a concretarse cuando los incrementos desbordan el índice de devaluación de la moneda, como que el exceso representa para el trabajador la posibilidad de mejorar su nivel de vida y el de su familia.

De esta suerte, resulta lógico y entendible que los árbitros no se plegasen a la política macro-económica del Estado al resolver el conflicto económico de carácter laboral y que simplemente obedecieran el mandato constitucional plasmado en el artículo 55 de la Carta. De otra parte, los aumentos no son exagerados al punto de que se pudiese deducir inequidad manifiesta, ni la compañía demostró situación económica interna tal que la determinara».

(Sentencia de homologación, octubre 19 de 1995. Radicación 8020. Magistrado Ponente: Dr. Ramón Zúñiga Valverde).

_______________________________