Sentencia 8036 de febrero 7 de 1997 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

VIGENCIA DE LA LEY TRIBUTARIA

EN EL CASO DE LOS IMPUESTOS DE PERÍODO

EXTRACTOS: «El artículo 4º del Acuerdo 17 de 1993, del Concejo Municipal de Ciénaga, anulado por el tribunal, prevé que “El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y publicación”.

Por su parte, el artículo 116 de Código de Régimen Municipal (D. 1333/86), prescribe lo siguiente:

“Los acuerdos expedidos por los concejos y sancionados por los alcaldes se presumen válidos y producen la plenitud de sus efectos a partir de la fecha de su publicación a menos que ellos mismos señalen fecha posterior para el efecto.

La publicación deberá realizarse dentro de los quince (15) días siguientes a su sanción”.

De conformidad con los artículos 104 y siguientes del Código de Régimen Municipal, que señalan el trámite para la elaboración de los acuerdos, la sanción de un acuerdo por parte del alcalde del respectivo municipio es anterior a la publicación del mismo (arts. 111 y 115), así como es anterior a la promulgación de la ley, su sanción presidencial. En este orden de ideas resulta lógico entender que la fecha a partir de la cual dispuso el Concejo Municipal de Ciénaga que entraría a regir el Acuerdo 017 de 1993, por el cual se fijó la sobretasa a la gasolina dentro de la jurisdicción de dicho municipio, fue la fecha de su publicación.

En consecuencia, precisa la Sala que por ese aspecto el artículo 4º del acuerdo acusado se ajusta al ordenamiento superior. Sin embargo, y por tratarse de un acuerdo que impone un tributo, debe analizarse si la fecha a partir de la cual entró a regir pugna con lo previsto en el artículo 338 de la C.N., pues según la providencia recurrida, al amparo de la norma en mención la sobretasa debía ser cobrada a partir del año siguiente al de su establecimiento y no a partir de su sanción y publicación.

El último inciso del artículo 338 de la C.N., prevé que:

“Las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en las que la base sea el resultado de hechos ocurridos durante un período determinado, no pueden aplicarse sino a partir del período que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo”.

Con esta disposición quiso el constituyente prohibir la aplicación retroactiva de la norma tributaria que bajo la figura de la “retrospectividad” había logrado hacer producir a la ley efectos sobre hechos económicos anteriores a su existencia con el argumento de la consolidación al final de un determinado período gravable. De ahí que la disposición constitucional haya ordenado la aplicación de la norma tributaria a partir del período fiscal que comience después de iniciar su vigencia, período fiscal que puede ser anual, bimestral, mensual o quincenal, según el tipo de tributo de que se trate.

Sobre el alcance de este inciso, la Sala, en providencia del 15 de octubre de 1993, expediente 4710(*), consejera ponente doctora Consuelo Sarria Olcos, expresó:

“En efecto, dicho artículo, en plena concordancia con el artículo 363 de la misma Constitución Nacional, consagró de manera enfática la irretroactividad de la ley, y, específicamente para los impuestos de período, dispuso que las normas que los regulen no pueden aplicarse sino a partir del período que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley (subrayas no son del texto).

¿Qué debe entenderse entonces por “leyes que regulen contribuciones”?

Haciendo una interpretación integral del citado artículo 338 de la Constitución Nacional, a juicio de la Sala, debe entenderse toda norma que regule y por lo tanto afecte alguno de los elementos estructurales de un tributo, que el mismo artículo en análisis, enumera en su inciso primero y que desde el punto de vista de la doctrina del derecho tributario son: los sujetos activos y pasivos, los hechos gravables, las bases gravables y las tarifas respectivas, tal como lo recoge el estatuto tributario al referirse a la obligación tributaria sustancial (art. 1º).

De acuerdo con lo anterior, toda norma que afecte dichos elementos estructurales debe entenderse como reguladora de una contribución y por ello, si se trata de un tributo de período, sólo podrá aplicarse para el que comience después de iniciar su vigencia independientemente del estatuto en que se encuentre contenida” (la subraya no es del texto).

(*) Véase J. y D., Nº 264, pág. 1277 (N. del D.).

Es de anotar que es el texto mismo del artículo 338 de la Carta Fundamental el que hace la distinción en relación con los denominados impuestos de período, en los cuales el hecho gravable se va configurando en un determinado ejercicio, como sucede por ejemplo en el impuesto sobre la renta, pues la aplicación en el mismo ejercicio fiscal de una disposición que regule o modifique un gravamen de tal categoría conduciría a hacer retroactivas las normas tributarias a pesar de la expresa prohibición constitucional.

En los impuestos cuyo hecho generador es instantáneo, v. gr., el impuesto de aduanas cuyo hecho imponible se materializa al momento de la importación y nacionalización de los productos, no tiene porqué aplicarse la restricción que opera en relación con los impuestos de período en el sentido de que la norma entrará a regir para la vigencia siguiente, pues la ley aplicable será la vigente al momento de la materialización del hecho gravado.

Ahora bien, la sobretasa al combustible automotor, que es realmente una contribución especial por la particular destinación a una obra pública, es un gravamen cuyo hecho generador es instantáneo, ya que se presenta en el momento en que el consumidor adquiere el combustible en una estación de servicios, luego, no puede en lógica entenderse que la base es “el resultado de hechos ocurridos durante un período determinado”, razón por la cual no es del caso aplicar el último inciso del artículo 338 de la C.N.

Así las cosas, no puede alegarse válidamente que el acto acusado, expedido el 4 de junio de 1993, debía entrar a regir en el período fiscal siguiente, es decir en el año de 1994, y por tanto no podía regir a partir de su publicación.

De conformidad con lo expresado, el último cargo está llamado a prosperar, razón por la cual la providencia apelada deberá ser revocada, pues en la violación del artículo 338 de la Carta, fundamentó el a quo la declaratoria de nulidad del artículo 4º del Acuerdo 017 del 4 de junio de 1993».

(Sentencia de febrero 7 de 1997. Expediente 8036. Consejero Ponente: Dr. Delio Gómez Leyva).

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