Sentencia 8045 de febrero 14 de 1997 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejero Ponente:

Dr. Germán Ayala Mantilla

Ref.: Radicación 8045

Santafé de Bogotá, D.C., catorce de febrero de mil novecientos noventa y siete.

Como presuntas infracciones al procedimiento, el recurso de que se ocupa la Sala trata de la falta de presentación personal del poder para demandar y de la alegación, por la demandante, de un hecho nuevo, no discutido en la vía gubernativa, a saber, la inoportunidad del requerimiento especial.

Y son cuestiones de fondo, materia de la demanda, las que tratan del mayor ingreso establecido oficialmente por concepto de la enajenación de bien inmueble y la percepción de honorarios, el rechazo de costos y deducciones y la aplicación de sanciones por inexactitud y extemporaneidad.

El tribunal desechó bien la excepción de ausencia de presentación personal del poder, pues, tratándose de la constitución y ejercicio del mismo, el procedimiento administrativo carece de norma específica, en forma que la cuestión podía ser resuelta por vía del procedimiento general. En efecto, el poder, que es un anexo de la demanda, se debe presentar, según el inciso 20 del artículo 65 del Código de Procedimiento Civil, como se dispone para ésta; y dado que el inciso 1º del artículo 84 ibídem, refiriéndose a la demanda, dice que la misma se puede allegar con autenticación de juez o notario, caso en el que entenderá presentada a su recibo por el juez competente, no existe irregularidad en la presentación del poder en cuestión, pues el procedimiento de autenticación notarial está legalmente previsto y el pertinente escrito llegó al tribunal oportunamente, con la demanda.

El artículo 142 del Código Contencioso Administrativo, que la parte demandada invoca como “especial”, lo es, pero referido a la demanda y no al poder.

Por lo que hace a la segunda cuestión procesal enunciada, la Sala encuentra que la pretensión de firmeza de la liquidación privada, por la inoportunidad del requerimiento especial, es un argumento nuevo pues no obstante no haberse manifestado en la vía gubernativa, el requerimiento en mención es una actuación administrativa con base en la cual, si el contribuyente no desvirtúa lo argüido por la administración, se deberá practicar la liquidación de revisión. Es decir, la liquidación de revisión es el acto administrativo que atendiendo a los resultados de la investigación, de la cual forma parte el requerimiento especial, determina oficialmente el impuesto y las sanciones correspondientes, si es del caso.

La Sala en providencia del 9 de agosto de 1996, consejero ponente doctor Delio Gómez Leyva, sobre la naturaleza del requerimiento especial, sostuvo en uno de sus apartes:

“...a juicio de la Sala el requerimiento especial es un acto de simple trámite que no crea una situación jurídica de carácter particular, en cuanto a lo que en él se disponga, contenido que, por el contrario, impone limitaciones a la administración, las cuales adquieren relevancia jurídica frente a la liquidación de revisión, por lo que mientras ésta no se efectúe, no adquiere concreción en el acto administrativo definitivo,...”.

Así las cosas, al solicitarse la nulidad de la liquidación de revisión, para la Sala, se esta solicitando la nulidad de todo el procedimiento de determinación oficial del impuesto dentro del cual se incluye el requerimiento especial.

Una vez establecido que la solicitud de firmeza de la liquidación privada, por haberse practicado el requerimiento especial extemporáneamente, es un argumento nuevo y no un punto nuevo, procede la Sala a determinar si realmente el requerimiento es extemporáneo y por ende la liquidación nula.

En el sub lite, se observa que la declaración de renta correspondiente al año gravable de 1989, fue presentada extemporáneamente por el contribuyente el 2 de agosto de 1990, con un saldo a favor de $ 41.835, y no presentó solicitud de devolución.

Existiendo una inspección tributaria respecto de la cual el contribuyente acepta como efecto la suspensión del término de revisión durante tres meses, el término para practicar el requerimiento especial venció el 2 de noviembre de 1992 y como se notificó el 12 de julio de 1993 resultó extemporáneo, como lo declaró el a quo, en sentencia del 25 de julio de 1996, magistrada ponente doctora María Inés Ortiz Barbosa, providencia de la cual, por estar de acuerdo la Sala transcribe algunos de sus apartes:

“Para la Sala asiste razón al demandante si se tiene en cuenta lo dispuesto en el artículo; 9 (Par. 2°) del Decreto 2314 de 1989 cuyo texto se transcribe en lo pertinente:

“”ART. 9°—Imputación de los saldos a favor. “Para efectos del literal a) del artículo 815 del estatuto tributario, los saldos a favor originados en las declaraciones de renta y ventas, se podrán imputar en la declaración tributaria del período siguiente por su valor total, aún cuando con tal imputación, se genere un nuevo saldo a favor.

“(...).

“PAR. 2º—Cuando se impute el saldo a favor del periodo anterior, la declaración tributaria que presente el saldo a favor quedará en firme si dos años después de la fecha de presentación de la declaración en la cual se imputó dicho saldo,..., no se ha notificado requerimiento especial.“”.

“La Sala observa que el parágrafo 2°. De la norma no es sino la reglamentación de lo dispuesto en el inciso 2°. Del artículo 714 (E.T.), que regula la firmeza de la declaración como excepción a los dos anos siguientes al vencimiento del plazo para declarar y que a la letra dice:

“”ART. 714.—Firmeza de la liquidación privada.

“(...)..

“La declaración tributaria que presente un saldo a favor del contribuyente o responsable quedará en firme si dos (2) años después de la fecha de presentación de la solicitud de devolución o compensación, no se ha notificado requerimiento especial”.

“(...)”.

“Es claro que la firmeza de la declaración tributaria cuando se denuncian saldos a favor, se prevé en la ley como una extensión del término pero sujeta a la solicitud de devolución o compensación (art. 714) o a la imputación de aquél (art. 9º, par 2º), situación que se evidencia aún más en el artículo 845 ib, que regula el término para solicitar la devolución de saldos a favor dentro de los dos años posteriores a la fecha de vencimiento del término para declarar.

“Para la Sala lo dispuesto en el parágrafo 2º del artículo 9º (D. 2314/89) transcrito liga la firmeza del denuncio tributario que presente el saldo a favor a la del período en el cual se impute éste lo cual no puede hacerse sino dentro del período gravable siguiente, según lo previsto en el artículo 815 del estatuto tributario (lit. b). Ello quiere decir que cuando no se imputa dicho saldo —ni se solicita su compensación o devolución— la firmeza de la declaración que lo contiene inicialmente, opera dentro del plazo estipulado en el artículo 714, si no se ha notificado requerimiento especial sobre la misma y que si se ha proferido éste en relación con el año gravable siguiente en la que no se ha imputado saldo a favor, no puede afectarse la firmeza de la declaración que inicialmente lo contiene.

“En el sub lite se advierte de un lado que el denuncio rentístico correspondiente al año gravable de 1989 que se discute, fue presentado el 2 de agosto de 1990 (extemporáneo) y por ello quedaba en firme el 2 de agosto de 1992; acepta el demandante que la inspección tributaria suspendio el término por tres meses o sea que el plazo para proferir requerimiento especial se extendía máximo hasta el 3 de noviembre de 1992 y así al notificarse éste el 12 de julio de 1993, resulta extemporáneo.

“En efecto, en el sub lite, revisado el plenario y en especial el documento que obra al folio 13 (c.p.) no se encuentra solicitud de devolución o compensación ni que el saldo a favor se haya imputado al período gravable de 1990, por lo cual y de acuerdo con lo atrás analizado, se dió la alegada firmeza de la declaración en debate.

“Como ha prosperado el primer cargo la Sala se siente relevada de estudiar los demás argumentos de la demanda” (fls. 129/131).

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