Sentencia 806 de marzo 30 de 2006 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 806.

Consejero Ponente:

Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo

Recurso de apelación contra la sentencia del 3 de diciembre de 2003, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia.

Actora: Almacén Panamericano S.A.

Bogotá, D.C., treinta de marzo de dos mil seis.

EXTRACTOS: «V.Consideraciones de la Sala

Sea lo primero advertir que en este caso no se discute si la mercancía debió ser o no objeto de decomiso, sino si la DIAN podía ordenar o no la efectividad de la garantía, que es a lo que se contraen los actos acusados.

Obra a folios 33 a 38 del cuaderno principal la Resolución 8 de 28 de enero de 1998, “por medio de la cual se declara el incumplimiento de una obligación aduanera respalada(sic) con garantía de compañía de seguros y se hace efectiva”.

Según se lee en la parte resolutiva de dicho acto administrativo, al no haberse puesto a disposición la mercancía objeto de decomiso, la actora se hizo acreedora a la declaración de incumplimiento y, por ende, a la efectividad de la póliza número 197251 de 3 de octubre de 1995, por valor de $ 41’702.963 de la compañía Suramericana de Seguros S.A., cuya modificación se aceptó el 6 de diciembre del mismo año.

A folio 112 del expediente obra la póliza número 197251, objeto de los actos acusados, en cuyo texto se lee:

“Vigencia desde 03-oct.-1995 hasta 03-ene.-1997”.

A folio 113 se lee: “Garantía de cumplimiento de disposiciones legales a favor de entidades estatales.

Se garantiza por parte del afianzado: respaldar en debida forma la obligación de poner la mercancía a disposición de la aduana cuando el proceso administrativo se ordene su decomiso...”.

A folio 115 obra el documento expedido por Suramericana, que reza:

“Hace parte de la póliza número 197251.

Amparo

El seguro que otorga la presente póliza ampara al asegurado por el riesgo al incumplimiento, ocurrido durante la vigencia del seguro...”.

Según se lee en el texto de la Resolución 8 de 28 de enero de 1998, mediante la Resolución 389 de 9 de diciembre de 1996, confirmada por Resolución 57 de 20 de agosto de 1997, se ordenó a la actora poner en disposición de la DIAN la mercancía aprehendida, lo cual no hizo (fl. 35).

Significa lo anterior, que el siniestro (incumplimiento) se produjo inmediatamente después de la ejecutoría de la decisión que le ordenó devolver la mercancía, en este caso, al día siguiente, que fue el plazo que se le dio en la Resolución 57 de 20 de agosto de 1997 (fl. 78).

Comoquiera que la vigencia de la póliza iba hasta el 3 de enero de 1997, resulta evidente que el riesgo que se produjo después de la ejecutoria de la resolución de 20 de agosto de 1997 lo fue por fuera de dicha vigencia. Es más, cuando se dictó la Resolución 57, declarando el incumplimiento y ordenando la efectividad de la póliza, la vigencia de la misma había expirado 7 meses y 17 días antes.

En un asunto similar la Sala se pronunció así y, ahora se reitera:

“1. se persigue la nulidad de la Resolución 655-0293 de 26 de mayo de 1998, mediante la cual se dispuso “declarar el incumplimiento de la obligación adquirida por Aerovías Nacionales de Colombia S.A. Avianca S.A., mediante la Resolución 4442 de noviembre 25 de 1996, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia” y “ordenar la efectividad de la póliza de cumplimiento...”; así como de las resoluciones números 656-0020 del 9 de septiembre de 1998 y 3498 del 21 de diciembre de 1998, mediante las cuales se confirmó aquella, en virtud de los recursos de reposición y apelación, respectivamente.

El hecho que dio origen a ese acto administrativo consiste en que la actora no presentó a la DIAN una mercancía que transportó y que fue decomisada mediante un acto anterior, a lo cual se había obligado en virtud de que después de su aprehensión por irregularidades en los documentos de importación, le había sido entregada provisionalmente, bajo garantía constituida por la póliza de cumplimiento 567697 de 4 de mayo de 1994, de la Compañía de Seguros Generales de Colombia S.A. La Nacional.

Tal incumplimiento se configuró al vencimiento del término de cinco (5) días que le fue dado para poner la mercancía a disposición de la DIAN, contados a partir de la ejecutoria de la decisión respectiva, lo cual tuvo ocurrencia el 11 de diciembre de 1996, cuando quedó ejecutoriada la Resolución 4442 de 1996.

2. La impugnación de la sentencia que negó las pretensiones radica en que el a quo no apreció que el siniestro amparado ocurrió por fuera de la vigencia de la garantía, confundiendo los criterios de efectividad de la garantía con la necesidad de que el siniestro ocurra dentro de la vigencia del contrato de seguro, como requisito para efectuar el cobro contra la garantía.

3. Sin embargo, cabe precisar que la resolución acusada contiene dos decisiones, como son la declaración de incumplimiento de la obligación, y la orden de hacer efectiva la póliza que garantizaba su cumplimiento, de modo que vistos los argumentos del recurso, la inconformidad de la actora se refiere a la segunda decisión, amén de que no se discute el incumplimiento de la obligación, luego el examen en esta instancia se enfocará hacia la misma. Por lo tanto, la controversia se centra en la vigencia de la garantía al momento de ocurrir el siniestro, el cual cabe precisar que está dado por el incumplimiento de la obligación garantizada y la viabilidad de que la póliza respectiva pueda hacerse efectiva, o lo que es igual, la legalidad de la orden de hacerla efectiva, que está consignada en el artículo segundo de la resolución acusada.

4. Al respecto, se tiene que la norma invocada por la DIAN para el efecto es el artículo 41 de la Resolución 1794 de 1993, modificado por el artículo 1º de la Resolución 4324 de 1995, que en lo pertinente, a la letra dice:

“ART. 1º—Modificarse el artículo 41 de la Resolución 1794 de 1993 el cual quedará así:

ART. 41:—Efectividad de las garantías.

“La división de la liquidación de la Administración de Impuestos y Aduanas correspondiente o a la que haga sus veces, declarará de oficio, mediante la resolución motivada, el incumplimiento de las obligaciones aduaneras respaldadas con garantía bancaria o de compañía de seguros, previa recepción del expediente que contenga las pruebas correspondientes remitido por la división competente de la Administración de Impuestos y Aduanas donde ocurrieron los hechos y de la fotocopia autenticada de la garantía, enviada por la dependencia donde repose el original de la misma, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al recibo de tales documentos, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias a que hubiere lugar.

“En todo caso, en la misma providencia se declarará la obligación incumplida, se ordenará la efectividad de la garantía y se determinará la obligación de pagar la suma líquida de dinero con la cual se afecta la garantía.

“(...)”.

La póliza fue constituida el 4 de mayo de 1994 con vigencia, hasta el 4 de agosto de 1995, lo cual no fue modificado por la adición que se le hizo con fecha 16 de junio de 1994 (fls. 20 a 22).

La clase de garantía a la cual corresponde está consagrada en el artículo 24 de la Resolución 1794 de 13 de octubre de 1993, así:

“ART. 24—Garantías en reemplazo de aprehensión.

“Cuando exista mercancía aprehendida y aún no se haya ejecutoriado la resolución ordenando el decomiso podrá constituirse garantía bancaria o de compañía de seguros, si la división de comercialización o quien haga sus veces lo autoriza, previo concepto favorable de la división de fiscalización o de liquidación, según el caso. Esta garantía se constituirá por el 100% del valor aduanero de la mercancía, por el término de un (1) año, contado a partir de la fecha de la autorización respectiva y podrá renovarse si fuere necesario.

“El objeto de la garantía es respaldar en debida forma la obligación de poner la mercancía a disposición de la aduana cuando en el proceso administrativo se ordene su decomiso, o se permita declararla bajo una modalidad de importación.

“Esta garantía deberá constituirse por quien se haga parte dentro del proceso administrativo”.

El siniestro, consistente en el incumplimiento de la obligación se presentó al cabo de los cinco (5) días siguientes a la fecha en que quedó ejecutoriada la Resolución 636-0022 de 15 de julio de 1996, mediante la cual se decretó el decomiso, ejecutoria que, según informa la DIAN, fue el 11 de diciembre de 1996, cuando se notificó la Resolución 4442 de 1996 mediante la cual se resolvió el recurso de apelación contra aquella.

Por lo anterior se evidencia que el siniestro se presentó, aproximadamente, un año y cuatro meses después del 4 de agosto de 1995, esto es, después de vencido el término de vigencia de la póliza, luego la cuestión se traslada a verificar si ello afecta la legalidad de la orden de hacerla efectiva.

En la contestación de la demanda la DIAN aduce el artículo 1081 del Código de Comercio para justificar dicha situación, en cuanto señala un término de dos (2) años para la prescripción ordinaria de las acciones que se derivan del contrato de seguros, pero la Sala observa que esa norma no es pertinente al punto, por cuanto una cosa es la prescripción de tales acciones y otra, la del alcance en el tiempo de la cobertura o el amparo pactado en el aludido contrato, o lo que es igual, la vigencia del mismo. Dicho artículo, en lo pertinente, señala lo siguiente:

“La prescripción de las acciones que se derivan del contrato del seguro o de las disposiciones que lo rigen podrá ser ordinaria o extraordinaria.

“La prescripción ordinaria será de dos años y empezará a correr desde el momento en que el interesado haya tenido o debido de tener conocimiento del hecho que da base a la acción”.

Como se puede apreciar, se trata de un término que empieza a correr desde la ocurrencia del siniestro objeto del amparo, que para el caso viene a ser el hecho que daría base a la acción correspondiente, la cual sería la de cobro coactivo, sin que aparezca relacionado con la vigencia de la póliza. Este último tópico cuenta para determinar si el siniestro queda o no cobijado por el seguro de que se trate.

La vigencia de la póliza es ni más ni menos que la del contrato de seguro, consagrada como uno de los contenidos del mismo en el artículo 1047 numeral 6º del Código de Comercio, y se entiende que es el tiempo dentro del cual surte sus efectos y, por ende en el que los riesgos corren por cuenta del asegurador, por consiguiente, una vez vencido el período de vigencia antes de que acontezca el siniestro, desaparece el correspondiente amparo respecto del mismo, luego no cabe pretenderlo en relación con un evento ocurrido cuando no hay contrato de seguro vigente.

Sirve como complemento de lo anotado, lo dicho por la Sección Cuarta de esta corporación, en sentencia de 31 de octubre de 1994, expediente 5759, consejero ponente doctor Guillermo Chaín Lizcano, así:

“si expedido el acto administrativo que ordena hacer efectiva la garantía dentro de los cinco (5) años siguientes a su firmeza, no se han realizado los actos que corresponden para ejecutarlos, no puede la administración exigir su cobro.

“Cosa distinta la constituye el término para proferir el acto administrativo que ordene hacer efectiva la garantía, que junto con la póliza otorgada constituyen el título ejecutivo conforme lo preceptúa el artículo 68 numeral 5º del Código Contencioso Administrativo.

“Término que contrariamente a lo expresado por el a quo no necesariamente debe coincidir con el de vigencia de la póliza de garantía, porque este tiene por objeto amparar el riesgo (incumplimiento) que se produzca en su vigencia. Ocurrencia que puede tener lugar en cualquier momento incluido el último instante del último día de vigencia. Hecho muy diferente al de reclamación del pago o a la declaratoria del siniestro ocurrido, que pueden ser coetáneos o posteriores a la de la vigencia de la póliza” (negrillas de la Sala).

En el presente caso, como se observó, el siniestro tuvo lugar cuando el contrato de seguro ya no estaba vigente, luego la póliza no tenía validez alguna, de modo que no era procedente ordenar su cumplimiento. Justamente para evitar situaciones como esa, el precitado artículo 24 de la Resolución 1794 de 1993, prevé que la garantía pueda renovarse si fuere necesario, posibilidad que la DIAN no aprovechó para mantener la garantía del presente caso...” (Sent. jul. 11/2002, exp. 7255, C.P. Dr. Manuel S. Urueta Ayola).

De tal manera que asiste razón al recurrente en su inconformidad y, por ende, es procedente revocar la sentencia que denegó las pretensiones de la demanda para, en su lugar, declarar la nulidad de los actos acusados y, a título de restablecimiento del derecho, ordenar la devolución del valor de la póliza a la compañía aseguradora, si se hizo efectivo su cobro, o a la actora, en caso de que la compañía haya repetido contra ella.

No se accede a la pretensión de restituir el valor de la prima, que hubo de pagar la actora para que se le expidiera la póliza, porque dicho valor se hubiera generado independientemente de los actos acusados.

Tampoco hay lugar a reconocer a título de restablecimiento del derecho el valor de los honorarios del abogado, porque no aparece demostrada en el proceso su causación.

En mérito de lo expuesto, el consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia apelada y, en su lugar, se dispone:

DECLÁRESE la nulidad de los actos acusados.

A título de restablecimiento del derecho, se ordena la devolución del valor de la póliza a la compañía asegurada, si fue que hizo efectivo su cobro; o a la actora, en caso de que se hubiera hecho efectivo el cobro y la aseguradora haya repetido contra ella.

DENIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 30 de marzo de 2006.

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