Sentencia 8091 de septiembre 12 de 1996 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

DESTITUCIÓN DEL CARGO

INASISTENCIA COMO JURADO DE VOTACIÓN

EXTRACTOS: «Se trata en el presente caso de dilucidar la legalidad de las resoluciones 5057 de septiembre 8 de 1986 y 5719 de octubre 8 del mismo año, expedidas por el Director del Instituto de Seguros Sociales, mediante las cuales se impuso la sanción de destitución al actor, por no haber concurrido a de-sempeñar las funciones de jurado de votación en las elecciones realizadas el 25 de mayo de 1986.

El argumento central de la demanda radica en que se impuso la destitución de “plano”, sin mediar proceso disciplinario alguno, violando así las garantías constitucionales del debido proceso y las legales consagradas en el Decreto 1651 de 1977.

De conformidad con la prueba documental que obra en el proceso, es evidente que el actor en su calidad de médico especialista adscrito a la Clínica San Pedro Claver de Bogotá, fue designado jurado de votación de la zona 26, mesa de votación Nº 1540, para las elecciones del 25 de mayo de 1986; según certificación expedida por el Director del Departamento de Clínicas Médicas de la citada clínica cumplió su turno del 24 de mayo de 1986 entre las 7 p.m. y las 7 a.m. del 25; “fecha en que se decretó plan de emergencia en esta clínica por elecciones presidenciales” (fls. 2 y 4).

También es evidente que la sanción de destitución fue impuesta sin mediar proceso disciplinario alguno y ésta tuvo como único fundamento el informe de la Registraduría sobre la no concurrencia a cumplir con las obligaciones propias de jurado de votación en aplicación del artículo 98 de la Ley 28 de 1979.

El citado artículo 98 dispone:

“El cargo de jurado de votación es de forzosa aceptación (...).

Las personas que sin justa causa no concurran a desempeñar las funciones de jurados de votación o las abandonen, se harán acreedores a la destitución del cargo que desempeñen, si fueren empleados oficiales...”

La interpretación del artículo parcialmente transcrito no se debe hacer de manera aislada, sino que dicha norma ha de estar en consonancia con la Constitución Política y con los preceptos que se encuentran íntimamente rela-cionados con ella, pues sabido es que las leyes forman un todo armónico y se complementan recíprocamente.

También es conveniente precisar que las conductas que pueden conllevar destitución para los empleados públicos, no se encuentran señaladas únicamente en las leyes que gobiernan específicamente las entidades o en las leyes especiales sobre régimen disciplinario; es posible que se consagren causales de destitución en leyes diferentes como ocurre con la Ley 28 de 1979, sin que ello implique que en estos casos, se pueda aplicar de plano la sanción de destitución, prescindiendo del proceso disciplinario.

Como es sabido, la destitución es una forma de retiro del servicio público, pero al mismo tiempo es la máxima sanción que puede imponerse a un empleado. Por revestir ese carácter sancionatorio debe estar precedida y debidamente fundamentada en un proceso disciplinario. Exige algunos presupuestos indispensables: que la falta cometida sea grave; que esté debidamente comprobada; que el correspondiente proceso disciplinario se adelante en forma tal que al inculpado se le garantice su legítima defensa. En este caso no se cumplió con ninguno de estos supuestos ni con las etapas propias del proceso.

La conducta consistente en la inasistencia como jurado de votación, ciertamente es una falta disciplinaria y como tal debió juzgarse dentro de los parámetros constitucionales de audiencia y defensa y del debido proceso, consagrados en la Carta Política anterior en su artículo 26, principio que nació como rector del proceso jurisdiccional, y que la jurisprudencia y la doctrina y en la actualidad la propia Constitución Política, lo han hecho extensivo a toda clase de actuaciones administrativas y jurisdiccionales, por lo cual la validez de todo procedimiento y la decisión que se produce, dependen de que el interesado pueda hacer valer sus derechos. Si se desconoce esta garantía se genera la nulidad de la actuación de la administración.

No basta entonces, para proceder a destituir al empleado, la solicitud del Registrador del Estado Civil por no asistencia a cumplir con los deberes de jurado de votación; el nominador, único competente para adoptar la medida, está obligado a garantizar el derecho de defensa del inculpado, a fin de darle oportunidad de demostrar, por ejemplo, que tuvo una justa causa para incumplir tal obligación.

Las anteriores consideraciones dan razón al demandante al alegar la transgresión de su derecho de defensa y del debido proceso, porque no se puede aplicar una sanción disciplinaria, como es la de destitución, sin observar los procedimientos legales a que estaban sujetos, tanto la administración como el administrado, determinados en el Decreto-Ley 1651 de 1977».

(Sentencia de septiembre 12 de 1996. Expediente 8091. Consejera Ponente: Dra. Clara Forero de Castro).

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