Sentencia 8094 de febrero 7 de 1997 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejero Ponente:

Dra. Consuelo Sarria Olcos

Ref.: Radicación 8094

Santafé de Bogotá, D.C., siete de febrero de mil novecientos noventa y siete.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Los cargos, de la demanda se refieren a presuntas infracciones al procedimiento aplicable, respecto del requerimiento especial, por falta de señalamiento del plazo para su respuesta, recurso procedente y funcionario competente; y, en relación con la ampliación de dicho requerimiento y la liquidación de revisión, por su inoportunidad.

Adicionalmente, en la liquidación oficial también se omitió la indicación del recurso procedente y del funcionario competente para su resolución.

Cargos referentes al requerimiento especial

La taxatividad de las nulidades procesales, que limita éstas a los términos y circunstancias precisamente señalados por la ley, es naturalmente opuesta a cualquier forma de aplicación o interpretación analógica de la misma.

Si, como en el caso, para sustentar los cargos referentes al requerimiento, el actor no se vale de normas existentes del ordenamiento tributario, sino de disposiciones generales del procedimiento administrativo, necesariamente sus planteamientos no prosperan.

En efecto, los artículos 47 y 48 del Código Contencioso Administrativo, invocados en el punto, pertenecen al capítulo X del libro I, que trata de las “publicaciones, comunicaciones y notificaciones” de actos administrativos impersonales u objetivos y de los de carácter particular o subjetivo, consistentes en “decisiones que pongan término a una actuación administrativa” (v. arts. 43 y 44, op. cit.).

Puesto que, evidentemente, el requerimiento especial en materia impositiva, no es acto decisorio, ni que ponga fin a la actuación, sino, como bien lo advirtió el tribunal, acto preparatorio o de trámite, no es previsible que su regulación proceda por vía de las normas invocadas, ni menos que se imponga la indicación de recursos existentes, término de su interposición y funcionario competente para conocerlos, pues el artículo 49 ib. dice claramente que, entre otros, los actos de trámite, preparatorios o de ejecución, carecen de recursos, con las salvedades de la ley.

El requerimiento, se rige por los artículos 703, 704 y 707 del estatuto tributario, normas del ordenamiento impositivo específico que tratan, entre otras particularidades, de la oportunidad, contenido y contestación del acto en cuestión, que no prevén propiamente recursos, sino “objeciones”, y no hacen forzosa la indicación de términos y funcionarios para proponerlas, pues esto es suficientemente explícito en el texto de las mismas.

A este respecto, en conclusión, el recurso de que se conoce no está llamado a prosperar, por infundado.

Cargos contra la ampliación del requerimiento y la liquidación de revisión

El problema de la oportunidad, o no, de los cuestionados actos, se reduce, según acertadamente lo destacan el tribunal, la parte demandada y el Ministerio Público, a un simple cómputo de términos.

Así tratándose de la ampliación, su notificación postal, surtida el 9 de junio de 1994, debió tenerse por oportuna, toda vez que el requerimiento se había, notificado el 16 de diciembre de 1993 y, de conformidad con los artículos 707 y 708 del estatuto tributario, a partir de la citada fecha disponían, consecutivamente, el requerido, de tres meses para responderlo, y el funcionario de la unidad liquidatoria, de tres meses más para ampliarlo, esto es, que el plazo para notificar la ampliación concluía el 16 de junio de 1994.

Pero como, según también acertadamente lo advierte la señora procuradora delegada, pese a su oportunidad, la notificación por correo de la ampliación resultó ineficaz por obra, no propiamente de la administración, sino del requerido, como lo resalta la sentencia, pues el correspondiente pliego fue devuelto por la oficina de correos con la anotación de no residir aquél en la dirección más recientemente suministrada por el mismo, lo que implicaba un cambio de dirección no informado, se procedió a practicar la notificación en la forma establecida por el artículo 568 ib., que saneó la fallida notificación postal inicial desde su realización.

En efecto, la norma, con referencia a ambas partes de la relación jurídico impositiva, es muy explícita en cuanto a que la notificación por aviso de prensa que en ella se prevé, “se entenderá surtida, para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo, pero para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde la publicación del aviso o de la corrección de la notificación”.

Consiguientemente, si por notificación oportuna y correcta del cuestionado pliego de ampliación debía tenerse la de su publicación en los medios, es decir, la de 9 de agosto de 1994, los plazos contemplados por el artículo 710 ib., de tres meses para su contestación por el requerido y de seis meses para notificación de la liquidación de revisión por el competente funcionario impositivo, corrían, consecutivamente, desde la anotada fecha, hasta el 9 de mayo de 1995, concluyéndose que la notificación postal de la liquidación en cuestión, de 5 de los citados mes y año, se realizó en término.

Finalmente, por lo que hace al cargo de no precisarse, en la liquidación de revisión, el recurso existente contra ella y el funcionario competente para resolverlo, la Sala comparte las apreciaciones del tribunal, en cuanto a que la interposición oportuna del mismo, ante el funcionario que debía conocerlo, subsanó la irregularidad, sin lugar a nulidad, pues el acto cumplió su finalidad y no violó el derecho de defensa (Cfr. CPC, art. 144-4), no estando llamado a prosperar, tampoco en este punto, el recurso de la parte demandante».

Magistrados: Delio Gómez Leyva, presidente de la Sección—Germán Ayala Mantilla—Julio E. Correa Restrepo—Consuelo Sarria Olcos.

Carlos A Florez Rojas, secretario.

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