Auto 8107 de febrero 15 de 1993 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

•SALA DE CASACIÓN PENAL

CONFLICTOS DE COMPETENCIA

ENTRE JUZGADOS REGIONALES

EXTRACTOS: «El Decreto 2700 de 1991, en su artículo 68 reguló la competencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, y en lo relacionado con las colisiones de competencia dispuso:

‘‘5. De los conflictos de competencia que se susciten en asuntos de la jurisdicción penal ordinaria entre tribunales o juzgados de dos o más distritos judiciales; entre un tribunal y un juzgado del distrito judicial; entre tribunales, o entre un juzgado regional y cualquier juez penal de la República’’.

El Tribunal Nacional se apoya en la norma transcrita para concluir que en ella se atribuyó a la Corte Suprema de Justicia el conocimiento de los conflictos de competencia suscitados dentro de su especialidad.

No obstante, tal deducción es errónea porque a pesar de que el artículo 69 que establece cuáles son los asuntos de conocimiento de dicho Tribunal, no le asignó específicamente la definición de las colisiones de competencia, ello no implica que ese punto hubiera quedado resuelto en el citado artículo 68.5 del C. de P.P.

Es así como la Sala advierte que cuando la disposición habla de los conflictos que ocurren ‘‘entre tribunales o juzgados de dos o más distritos judiciales’’, o entre ‘‘un tribunal y un juzgado de otro distrito judicial’’ está aludiendo a aquellos despachos de distrito judicial que tienen como único superior jerárquico a la Corte Suprema de Justicia. Por lo tanto esa taxativa enumeración no incluye a los juzgados regionales que evidentemente no son de distrito judicial.

Ahora bien, la referencia que a los juzgados regionales hace el precepto su última parte, tiene razón de ser, porque hay eventos en los que la Sala de Casación Penal es el único superior jerárquico común a los despachos trabados en el conflicto, siendo uno de ellos un juzgado regional.

Así las cosas, es manifiesto el vacío legislativo del cual adolece el nuevo estatuto procesal, puesto que no atribuyó expresamente la solución de los conflictos de competencia que pueden surgir entre juzgados regionales, ni al Tribunal Nacional, ni a la Corte Suprema de Justicia.

La falencia procedimental obedece a que en el momento de crearse la jurisdicción de orden público, no se establecieron normas específicas que regularan sus conflictos de competencia, sino que la normatividad especial hizo remisión, para tales efectos, a las disposiciones procesales comunes. En consecuencia, nunca ha existido una disposición que atribuya expresamente al Tribunal Nacional (Tribunal de Orden Público) la solución de las colisiones de competencia de los despachos que le están subordinados.

No obstante, lo anterior no implica que no exista una autoridad a la cual le corresponda resolver un enfrentamiento judicial como el que se ha planteado en este caso. Y para determinarla, basta recordar el orden jerárquico y la especialidad de la llamadas jurisdicciones, para concluir, como ocurre con cualquier asunto que deba resolverse en segunda instancia, que el Tribunal Nacional es la autoridad judicial jerárquicamente superior, común a los juzgados regionales trabados en el conflicto. Por lo tanto la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia se abstendrá de decidir este incidente, y en su lugar remitirá la actuación al citado Tribunal, para que proceda de conformidad».

(Auto de febrero 15 de 1993. Radicación 8107. Magistrado Ponente: Dr. Édgar Saavedra Rojas).

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