Sentencia 811-01 de junio 25 de 2004 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Exp. 25000 2324 000 2000 00811 01

Consejero Ponente:

Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.

Actor: Suárez & Crespo Ltda.

Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho.

Bogotá, D.C., veinticinco de junio del dos mil cuatro.

EXTRACTOS: «I. Antecedentes

I.1. La demanda

Suárez & Crepo (sic) Ltda., a través de apoderado y en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, solicitó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que acceda a las siguientes

I.1.1. Pretensiones

Que declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:

1. Acta 834-0666 de 18 de junio de 1999, por medio de la cual se aprehendió el vehículo automotor clase campero, marca Mitsubishi, tipo montero, color verde, modelo 1995, motor 6G72X13914, serie V43WRXEVYP0011, placas CID-676, servicio particular.

2. Resolución 03-064-191-636-6398 de 18 de junio de 1999, por medio de la cual la división de liquidación de la administración especial de aduanas de Bogotá decomisó, a favor de la Nación, el vehículo anteriormente identificado, por un valor total aduanero de diecinueve millones ciento cuarenta y cinco mil pesos m/l.

3. Resolución 03-072-193-6201-15740 de 25 de julio de 2000, por medio de la cual la división jurídica de la administración especial de aduanas de Bogotá confirmó la anterior resolución, al resolver el recurso de reconsideración.

4. Que se declare a la demandada administrativa y económicamente responsable de los daños y perjuicios ocasionados con la expedición de los actos acusados.

5. Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la DIAN entregarle en forma inmediata, eficaz y oportuna el vehículo objeto de decomiso, y se le condene al pago de los daños y perjuicios ocasionados, junto con sus intereses comerciales, desde el 17 de mayo de 1999 y hasta el día de su entrega real y material, monto que se liquidará con intervención de peritos.

6. Que se condene a la DIAN en costas y agencias en derecho,

(...).

Consideraciones

En primer término, para determinar si el decomiso es o no una sanción, la Sala se referirá a algunas de las normas aduaneras que han regulado dicha figura.

El Decreto 2274 de 1989, lo definió así:

“ART. 2º—Decomiso es el acto en virtud del cual pasan a poder de la Nación las mercancías importadas, respecto de las cuales no se acredite el cumplimiento del trámite previsto para su presentación o declaración ante las autoridades aduaneras, o las mercancías importadas que se sustraigan, sin la autorización o despacho requeridos, de lugares habilitados por la aduana para la permanencia de la mercancía que se introduzca al país”.

Por su parte, el Decreto 1750 de 1991 clasificó las infracciones administrativas y señaló las sanciones que estas acarrean:

“ART. 1º—A partir del 1º de noviembre de 1991, elimínase el carácter de hecho punible de las conductas tipificadas en el estatuto penal aduanero. A partir de tal fecha dicho carácter se transmutará en el de las siguientes infracciones administrativas aduaneras:

a) Contrabando. Incurrirá en infracción administrativa de contrabando quien realice una cualquiera de las siguientes conductas:

1. Importar o exportar mercancías de prohibida importación o exportación.

2. Importar o exportar o intentar exportar mercancías sin presentarlas o declararlas ante la autoridad aduanera, o por lugares no habilitados.

3. Sustraer del control de la aduana mercancía que no haya sido despachada para consumo o respecto de la cual no se haya autorizado régimen aduanero alguno.

4. Transportar, almacenar, tener, poseer, adquirir, vender, permutar, ocultar, usar, dar o recibir en depósito, destruir o transformar mercancía introducida al país de contrabando, sin participar en los hechos descritos anteriormente. Ser propietario, administrador o tenedor de trilladoras o tostadoras de café que funcionen sin autorización de la Dirección General de Aduanas.

5. Tener, poseer o almacenar café en lugares no autorizados, o transportarlo por rutas distintas de las autorizadas, o en medio de transporte no inscrito en la Dirección General de Aduanas, sin la guía de tránsito o el certificado de revisión.

6. Intervenir, sin permiso de autoridad competente, en el traspaso o matrícula irregular de automotor importado temporalmente o de contrabando.

7. Sin permiso de autoridad competente, poner en libre circulación, mercancías de circulación restringida tales como las importadas temporalmente para reexportación en el mismo estado o para perfeccionamiento activo.

b) Infracciones especiales. Incurrirá en infracción administrativa especial quien realice una cualquiera de las siguientes conductas:

1. Cambiar la destinación de mercancía despachada para consumo restringido, a lugares, personas o fines distintos de los autorizados.

2. Tener o poseer mercancía importada temporalmente, vencido el plazo de permanencia en el país.

3. Alterar la identificación de mercancías que no se encuentren en libre circulación”.

“ART. 2º—Sanciones. Para efecto de las sanciones previstas en este decreto, constituye sanción aplicable la de multa, la cual consiste en pagar al Fondo Rotatorio de Aduanas una suma determinada en moneda nacional.

Constituyen sanciones accesorias las siguientes:

1. Prohibición de ejercer el comercio.

2. Clausura y cierre de establecimiento comercial.

3. Prohibición de ejercer profesión u oficio relacionado con el comercio exterior.

4. Pérdida de empleo o cargo público.

La duración máxima de las sanciones indicadas en los numerales 1º a 3º será de cinco (5) años”.

Finalmente, el Decreto 2685 de 1999, define también, ¿qué se entiende por decomiso, por infracción aduanera y establece las clases de sanciones:

“ART. 1º—Definiciones para la aplicación de este decreto.

“Las expresiones usadas en este decreto para efectos de su aplicación, tendrán el significado que a continuación se determina:

(...).

Decomiso

Es el acto en virtud del cual pasan a poder de la Nación las mercancías, respecto de las cuales no se acredite el cumplimiento de los trámites previstos para su presentación y/o declaración ante las autoridades aduaneras, por presentarse alguna de las causales previstas en el artículo 502 de este decreto.

Infracción aduanera

Es toda acción u omisión que conlleva la trasgresión de la legislación aduanera.

ART. 477.—Clases de sanciones.

Las infracciones administrativas aduaneras de que trata el presente título serán sancionadas con multas, suspensión o cancelación de la autorización, inscripción o habilitación para ejercer actividades, según corresponda a la naturaleza de la infracción y a la gravedad de la falta. De acuerdo con lo anterior, las faltas se califican como leves, graves y gravísimas, respectivamente”.

Del contenido de las normas anteriormente transcritas, se derivan las siguientes conclusiones:

— El decomiso no es una sanción, sino una medida tendiente a definir la situación jurídica de la mercancía.

— Las infracciones administrativas aduaneras, antes de la entrada en vigencia del Decreto 2685 de 1999, eran sancionadas con multa, y como sanciones accesorias se podía aplicar la prohibición de ejercer el comercio; la clausura y cierre de establecimiento comercial; la prohibición de ejercer profesión u oficio relacionado con el comercio exterior; y la pérdida de empleo o cargo público.

— Con la entrada en vigencia del Decreto 2685 de 1999, las sanciones se clasifican en multas, suspensión o cancelación de la autorización, inscripción o habilitación para ejercer actividades, según corresponda a la naturaleza de la infracción y a la gravedad de la falta.

— Aparejado al decomiso, por infracción de contrabando, la administración puede imponer una multa.

Aplicando al asunto examinado las anteriores conclusiones, se tiene que el vehículo de propiedad de la actora fue decomisado por no estar amparado en la declaración de importación, es decir, por ser de contrabando.

A la luz de las disposiciones vigentes para la fecha de ocurrencia de los hechos que dieron como resultado la expedición de los actos acusados, el decomiso aparejaba la sanción de multa, que sí constituye una sanción, y que, como bien lo afirmó la entidad demandada, es la que es susceptible de caducar, de acuerdo con lo preceptuado por el artículo 14 del Decreto 1750 de 1991.

Como quiera que aquí no se está discutiendo la imposición de multa alguna, sino el decomiso, el cual, se reitera, no es una sanción, sino la medida tendiente a definir la situación jurídica de la mercancía, bien podía la administración en cualquier tiempo, como en efecto lo hizo, aprehender el vehículo y, luego de surtido el respectivo procedimiento, proceder a decomisarlo.

En un asunto similar al aquí controvertido, esta sección(1) dejó definido que la actuación encaminada a definir la situación jurídica de la mercancía es independiente de la que tiene por objeto imponer una multa:

“Considera la Sala que el ordenamiento aduanero, desde el Decreto 1750 de 1991, distingue entre la actuación encaminada a definir la situación jurídica de una mercancía —que se inicia con la aprehensión y puede concluir con el decomiso—, por una parte, y la actuación que tiene por objeto imponer multa al responsable de la correspondiente infracción administrativa, ya sea de contrabando, ya de alguna infracción especial. El artículo 8º de este decreto señalaba cómo la actuación sancionatoria debe iniciarse después del decomiso.

Después, los artículos 1º y 2º del Decreto 1800 de 1994, el último de los cuales fue invocado en los actos acusados, señalaron, respectivamente, el procedimiento para definir la situación jurídica de la mercancía aprehendida, y el que debe seguirse para imponer las multas y sanciones correspondientes.

(...).

Del contenido de las normas transcritas (D. 1750/91, art. 8º y D. 1800/94, arts. 1º y 2º), se sigue que mediante el procedimiento previsto en el artículo 1º la DIAN define si la mercancía se encuentra o no de contrabando en el territorio nacional, en tanto que por el señalado en el artículo 2º aplica la sanción de multa si efectivamente el ingreso de aquélla fue ilegal.

(...).

Hacer efectiva una garantía no es, por lo tanto, una sanción, sino obtener el pago del valor de la mercancía decomisada y que no fue puesta a disposición de la aduana. Con este pago se satisfacen los derechos de la Nación sobre la mercancía, independientemente de que después haya de sancionarse con multa al autor de la infracción administrativa de contrabando u otra especial”.

Las consideraciones expuestas no dejan duda alguna de que por no constituir el decomiso una sanción, no puede predicarse del mismo la caducidad para ordenarlo.

En cuanto a la solicitud de la actora en el sentido de que debe tenerse en cuenta el concepto rendido por la Compañía Colombiana Automotriz S.A. para demostrar que no procedía el decomiso por las razones aducidas en los actos acusados, basta a la Sala observar que la demanda de la actora en manera alguna se dirigió a demostrar que el decomiso fue ilegal por no encontrarse probados los supuestos de hecho que le sirvieron de fundamento, esto es, que el vehículo no es modelo 1995, sino 1993 y que, por tanto, no se entiende amparado por la declaración de importación presentada, pues se limitó a aducir la caducidad de la acción sancionatoria, como ya se vio, sin éxito.

Sólo en su alegato de conclusión ante el tribunal la actora adujo que los actos acusados adolecen de falsa motivación por estar sustentados, a su juicio, en un dictamen sin ninguna confiabilidad y certeza, cuando lo cierto es que la demanda y su adición o corrección son las únicas oportunidades para que se citen las normas violadas y el respectivo concepto de violación, pues, de no ser así, a la parte demandada se le desconocería el derecho de contradicción.

No desvirtuada la legalidad de los actos acusados es procedente confirmar la sentencia apelada y adicionarla en el sentido de declararse inhibida esta corporación para pronunciarse de fondo frente al acta de aprehensión 834-0666 de 18 de junio de 1999, por tratarse de un mero acto de trámite que no puso fin a la actuación administrativa, como sí lo hicieron las resoluciones que ordenaron el decomiso.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLÁRASE inhibido para conocer del acta de aprehensión 834-0666 de 18 de junio de 1999.

2. CONFÍRMASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 12 de diciembre de 2002.

RECONÓCESE a la abogada Amparo Pabón Pérez como apoderada de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en los términos y para los fines del poder a ella conferido que obra a folio 15 del cuaderno 2.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión de veinticinco (25) de junio del dos mil cuatro (2004)».

(1) Sentencia de 23 de mayo de 2003. Exp. 7169. C.P. Camilo Arciniegas Andrade, actor David Álvarez Valverde.

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