Sentencia 8114 de febrero 7 de 1997 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejero Ponente:

Dr. Delio Gómez Leyva

Ref.: Expediente 8114

Santafé de Bogotá, D.C., siete de febrero de mil novecientos noventa y siete.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sección

Estima la Sala que la sentencia apelada debe ser confirmada por las siguientes razones:

Respecto a la inconformidad de la actora con la decisión del a quo que negó el cargo de violación concerniente a la extemporaneidad de la liquidación oficial de revisión, tal y como lo precisa la parte opositora, no le asiste la razón a la demandante, pues no es exacto que la ampliación al requerimiento especial contenga hechos ajenos al impuesto de renta, y que, por lo tanto, tal actuación carezca de validez, no siendo computable para efectos de determinar la oportunidad de la liquidación oficial de revisión.

En efecto, se evidencia que la ampliación al requerimiento especial tuvo por objeto proponer el rechazo de costos y deducciones por valor de $ 1.425.406, toda vez que la sociedad no acreditó haber efectuado el ajuste del impuesto de timbre respecto del contrato de concesión suscrito con la sociedad Sofasa S.A., por lo cual, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 3º del artículo 522 del estatuto tributario, se concluyó que tales sumas no eran deducibles del impuesto de renta (fl. 60 c.a. lapicero rojo). La citada disposición reza así:

“3. Se ajustarán los impuestos cuando inicialmente fue indeterminado el valor de un acto, sujeto a ellos o incorporado a documento que los origine y posteriormente dicho valor se haya determinado; sin la prueba del pago del impuesto ajustado no serán deducibles en lo referente al impuesto de renta y complementarios, los pagos ni las obligaciones que consten en los instrumentos gravados, ni tendrán valor probatorio ante las autoridades judiciales o administrativas.

Sin entrar a determinar la legalidad de tal rechazo habida cuenta que la decisión del a quo en lo referente al mismo no fue objetada por la administración, es absolutamente claro para la Sala, que el punto propuesto en la ampliación del requerimiento especial, contrario a lo afirmado por el apelante, es materia autorizada por la ley, pues la disposición transcrita establece una sanción aplicable en el impuesto de renta, en lo referente a las deducciones provenientes de pagos efectuados en cumplimiento de contratos respecto de los cuales no se hubiera ajustado el impuesto de timbre cuando inicialmente el valor fue indeterminado y posteriormente determinable o determinado.

Entonces, no resulta correcto afirmar que la actuación pretende la determinación del impuesto de timbre respecto a las facturas por concepto de compras, puesto que lo aplicado es la sanción en el impuesto de renta que consagra la ley, cuando se ha omitido efectuar el ajuste del impuesto de timbre en instrumentos gravados, en los cuales consten pagos u obligaciones que den lugar a deducciones en el impuesto de renta.

Adicionalmente, como lo pone de manifiesto la demandada por medio de la ampliación al requerimiento especial consagrada por el artículo 708 del estatuto tributario, la administración está facultada para “incluir hechos y conceptos no contemplados en el requerimiento inicial, así como proponer una nueva determinación oficial de los impuestos, anticipos, retenciones y sanciones”. Razón por la cual al incluir en la ampliación del requerimiento especial el rechazo de costos y deducciones obró ajustada a dicha disposición, sin que se hubiera excedido en sus facultades como lo pretende hacer ver el apelante.

En este orden de ideas, estima la Sala, que la ampliación al requerimiento especial Nº 0011 del 13 de diciembre de 1991, surtió el efecto legal perseguido por la ley, y por ende, para efectos del término consagrado para practicar la liquidación de revisión, debe computarse a partir de la fecha del vencimiento del término para dar respuesta al mismo, vale decir, a partir del 14 de marzo de 1992, como quiera que el vencimiento del término para la respuesta vencía el día 13 del mismo mes y año (fecha en la cual se presentó), de donde surge, que la liquidación de revisión podía notificarse hasta el 14 de marzo de 1992, como se notificó el día 11 de septiembre de 1992, es palmario que se produjo dentro del término de los seis meses consagrados en el artículo 710 del estatuto tributario.

Por consiguiente, el cargo no prospera.

Respecto al segundo aspecto objetado por el apelante, en el sentido de que el tribunal practicó una segunda liquidación de revisión por el sistema de renta presuntiva, la Sala considera que tampoco tiene razón en este punto.

Si bien el a quo practicó una nueva liquidación de impuestos como consecuencia del reconocimiento del segundo cargo de violación y lo hizo aplicando un sistema diferente de depuración (renta presuntiva) ello no significa que se hubiera practicado una segunda liquidación de revisión, pues la misma se ajustó al marco previsto en la actuación oficial contenida en la liquidación de revisión demandada en donde como lo pone de presente la parte opositora se propuso que “... en caso de desvirtuar la renta por el sistema ordinario, su renta líquida gravable se le determinará por el sistema especial de renta presuntiva de conformidad con el artículo 185 del estatuto tributario, en concordancia con los artículos 2º y 3º del Decreto 353 de 1984...”.

Tal procedimiento alterno, a juicio de la Sala, es legal, puesto que no debe pasarse por alto que existiendo en el impuesto de renta varios métodos para determinar la renta líquida gravable del contribuyente, (ordinario de depuración y los especiales de comparación patrimonial y renta presuntiva, entre otros), la administración tributaria de acuerdo a los rechazos efectuados debe utilizar uno de tales sistemas, sin que la aplicación de uno de ellos excluya la posibilidad de aplicar otro cuando, como en el caso, fueron cuestionados tanto los costos y deducciones como la renta presuntiva determinada por la sociedad, de tal suerte que desvirtuados los rechazos que sustentaban la aplicación del método de depuración ordinario utilizado para la determinación de la renta líquida gravable de la sociedad actora, era procedente la aplicación del sistema especial anunciado.

De esta manera, podía el a quo como evidentemente lo hizo con fundamento en la liquidación de revisión acusada, practicar la liquidación de impuestos por el sistema especial de renta presuntiva propuesto en la citada actuación oficial en donde, como se dejó visto, se cuestionó también la renta presuntiva determinada privadamente por la sociedad, actuación que el tribunal encontró ajustada a derecho y cuya decisión, además, no fue objetada con oportunidad del recurso de apelación.

En sentido similar se pronunció la Sala en oportunidades anteriores, entre otras, en las sentencias del 23 de abril de 1993, Expediente 3754, actor: Química Nalco de Colombia S.A., M.P. Delio Gómez Leyva; del 31 de mayo de 1991, Expediente 2019, actor: Cédulas Colón de Capitalización, M.P. Carmelo Martínez Conn; de febrero 8 de 1991, Expediente 2635, Magistrada Ponente, doctora Consuelo Sarria O., entre otras.

Así las cosas, la sentencia apelada en cuanto negó la nulidad de la liquidación de revisión por la pretendida extemporaneidad y determinó el impuesto a cargo de la sociedad con base en el método especial de renta presuntiva propuesto en los actos administrativos acusados, se ajustó a derecho, razón por la cual las pretensiones del apelante no están llamadas a prosperar».

Magistrados: Delio Gómez Leyva, presidente de la Sección—Germán Ayala Mantilla—Julio E. Correa Restrepo—Consuelo Sarria Olcos.

Carlos A Florez Rojas, secretario.

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