Sentencia de homologación 8127 de septiembre 6 de 1995 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SECCIÓN SEGUNDA

AUMENTO DE SALARIOS POR LAUDO

EN PORCENTAJE INFERIOR A LA INFLACIÓN

EXTRACTOS: «El sindicato recurrente acusa al tribunal de arbitramento por infringir los artículos 55 y 334 de la Constitución Nacional, pues el aumento de salarios en un 20.5%, por debajo del incremento del índice de precios al consumidor —que ascendió a 22.59%—, significa una desmejora en las condiciones de remuneración para los trabajadores. Sostiene que el pacto social, que acogió el tribunal, no puede impedir el libre desarrollo de la negociación colectiva y menos cuando el empleador tiene solidez económica. Recuerda que la Corte Suprema de Justicia ha dicho que las decisiones arbitrales manifiestamente inequitativas son susceptibles de revisión en homologación y sostiene que en este caso lo inequitativo del laudo resulta no sólo del aspecto cuantitativo de los aumentos sino de la desmejora que impuso a las condiciones de trabajo por su incidencia en el poder adquisitivo del salario, de manera que el incremento nominal no permite a los trabajadores recuperar lo perdido. Lo manifiestamente inequitativo, agrega, se relaciona con lo evidente o lo que ocurre realmente y no siempre con lo cuantitativo. El laudo, insiste, violó el principio de que toda decisión ha de basarse en las pruebas que reposan en el expediente pues en este caso consta la situación de bonanza económica del banco. Concluye solicitando que se eleve el porcentaje de incremento por lo menos en la misma proporción del índice de precios al consumidor (22.59%).

El Banco Popular sostiene que el alegato del sindicato sobre la supuesta violación de los artículos 55 y 334 de la Constitución por el tribunal de arbitramento es una argumentación abstracta que no corresponde a la realidad objetiva. Anota que el pacto social, acogido por los árbitros, es un instrumento mundialmente válido para combatir la inflación y permitir así mayores ingresos a los asalariados mediante la defensa del poder adquisitivo de la moneda, de manera que el laudo se informa en criterios de equidad y justicia generalmente aceptados. Dice que en el caso del salario mínimo de enganche no se puede afirmar que haya aumento susceptible de deterioro inflacionario por no preexistir la vinculación de los beneficiarios con el banco; y que respecto de los demás aumentos de sueldos debe tenerse en cuenta que el banco paga como mínimo 17.5 salarios al año, por el carácter salarial de las primas, lo que determina un incremento efectivo del salario del 29.90%, superior a la inflación, aun sin considerar otras incidencias salariales y prestacionales del laudo y del conjunto de normas producto de la contratación colectiva.

Consideraciones de la Corte

Para adoptar su decisión en materia de aumentos salariales el tribunal de arbitramento dijo haber consultado la política gubernamental, los costos laborales y operacionales del banco y las proyecciones de su evolución y crecimiento. El fundamento de la decisión impugnada no fue entonces la imposibilidad de desarrollar libremente la negociación colectiva por fuera de la política estatal en materia de precios y salarios.

La circunstancia de que el tribunal de arbitramento hubiera decidido fijar los incrementos de sueldos para el primer año de vigencia del laudo en un porcentaje inferior a la variación del índice de precios al consumidor significa sin duda que los trabajadores del Banco Popular verán disminuido en ese período el poder adquisitivo real de sus salarios. Sin embargo, la Corte no encuentra que al decidir este asunto los árbitros hubieran procedido en forma caprichosa ni aparece ostensible motivo o razonamiento alguno que permita calificar su resolución como manifiestamente inequitativa, pues, además de apoyarse en la política gubernamental sobre la materia, consultó otros factores económicos actuales y futuros de la entidad empleadora.

Por lo demás, es pertinente recordar que así como las partes pueden en la convención colectiva fijar el aumento de salarios por debajo o por encima del índice de precios al consumidor, sin que ese acuerdo resulte ilegal, también los árbitros están facultados para adoptar su decisión en igual forma. Y se debe precisar asimismo que a través del recurso de homologación no es posible sustituir la disposición del laudo por otra que fije un salario diferente al ordenado por el tribunal de arbitramento —como lo pide en este caso la organización sindical— pues la actividad jurisdiccional de la Corte se agota con la declaratoria de nulidad del precepto arbitral, sin que pueda adicional-mente proferir la decisión de reemplazo, de manera que ante una pretensión como la propuesta por el sindicato, si fuera anulada la cláusula que dispuso el aumento salarial, los trabajadores quedarían sin ningún incremento en su remuneración y en lugar de mantener la solución que el laudo le dio al conflicto, la Corte estaría promoviendo uno nuevo.

No prospera el cargo».

(...)

CONVENCIONES Y LAUDOS

TRABAJADORES EXCLUIDOS

EXTRACTOS: «El parágrafo del artículo 5º del laudo dice:

“PAR.—Quedan excluidos de los incrementos salariales previstos en este artículo, los trabajadores que desempeñen cualquiera de los siguientes cargos: presidente, vicepresidente, secretario general, revisor fiscal, asistente o asesor de casa matriz y zona, gerente de casa matriz, auditor general, gerente de zona, subgerente de zona, director de casa matriz, subauditor, director de auditoría, director regional, gerente y subgerente de oficina, gerente supernumerario, auditor de zona de revisoría fiscal, jefe de departamento casa matriz, gerente auxiliar, jefe departamento de zona, delegado jurídico, jefe de división casa matriz, jefe de división zona, jefe de división oficinas: principal, Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga y Cartagena, médico, odontólogo, profesional, programador, jefe de visita, visitadores y revisores, delegados de la revisoría fiscal, auditor de sistemas, auditor nacional, auditor regional, auditores y visitadores de auditoría, cajero principal clase “A”, pagador, secretaria presidencia y vicrepresidencia”.

Afirma el sindicato recurrente que el derecho a la contratación colectiva es general y sólo tiene los límites señalados por la ley, de modo que no es posible ejercerlo si se excluye de su aplicación a ciertos trabajadores, por lo cual el tribunal de arbitramento violó los artículos 55 de la Constitución Nacional y 458 y 471 del Código Sustantivo del Trabajo, pues cuando la organización sindical posee como afiliados a la tercera parte o más de los trabajadores de la empresa, las normas de la convención se extienden a todos los trabajadores, sean o no sindicalizados, regulación obligatoria que no admite duda y que es contraria a la contenida en el laudo, por lo cual el parágrafo del artículo 5º acusado debe ser declarado inexequible.

El apoderado del banco afirma que el tribunal no violó las normas que el cargo indica pues la interpretación que propone la impugnadora desconoce que la jurisprudencia ha reconocido que las convenciones colectivas y los laudos no se aplican a los representantes del empleador ni de manera idéntica para todos los trabajadores sin atender a su rango jerárquico, a su antigüedad en el servicio, a las peculiaridades de la labor, etc., con lo cual la convención adecua sus ordenamientos a las necesidades de cada empresa, siendo esa su nota característica.

Consideraciones de la Corte

El artículo 471 del Código Sustantivo del Trabajo (D. 2351/65, art. 38) dispone que si en la convención colectiva es parte un sindicato cuyos afiliados excedan de la tercera parte del total de los trabajadores de la empresa, las normas de la convención se extienden a todos los trabajadores de la misma, sean o no sindicaliza-dos, con lo cual pudiera pensarse, como lo hace el sindicato recurrente, que en la hipótesis de la norma jurídica, quienes ostentan la condición de representantes del empleador deben ser necesariamente, como cualquier otro trabajador, beneficiarios de la convención.

Ese entendimiento del precepto legal, con todo, no corresponde a su verdadero alcance. La exclusión de algunos representantes del empleador de los beneficios de la convención colectiva —disposición del laudo impugnada que repite otras anteriores en el mismo sentido (fl. 238 v.)— obedece a un principio general de derecho, pues en toda obligación y en todo contrato, incluido el de trabajo, una misma persona no debe actuar como parte y contraparte, ni representar a ambas partes simultáneamente cuando sus intereses sean opuestos o puedan llegar a serlo. Esta consideración de la Corte fue expuesta en la sentencia del 12 de diciembre de 1986 y reiterada en la proferida el 9 de julio de 1992 (rad. 4685), al precisarse que dicha regla de nuestra legislación positiva explica la razón de ser de prohibiciones e incompatibilidades como las consagradas en los artículos 501, 1855, 2170, 2171 del Código Civil y 838, 839, 906 y 1274 del Código de Comercio, entre otras, según las cuales no es lícito que quien tiene el deber de cuidar los intereses económicos de otro, o de representarlo, pueda hacer negocios en su personal beneficio y en detrimento de aquél en cuyo nombre actúa, o ejecutar actos que puedan afectar negativamente los intereses de su representado, con lo que se afianza la certeza de que la convención colectiva de trabajo no necesariamente debe aplicarse a todos los trabajadores de la empresa, pues de sus beneficios pueden ser excluidos aquellos que representen al empleador.

El tribunal de arbitramento, en consecuencia, no transgredió los artículos 458 y 471 de Código Sustantivo del Trabajo».

(Sentencia de homologación, septiembre 6 de 1995. Radicación 8127. Magistrado Ponente: Dr. Hugo Suescún Pujols).

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