Sentencia de homologación 8128 de septiembre 1º de 1995 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SECCIÓN SEGUNDA

VIGENCIA DEL LAUDO ARBITRAL

EL PLAZO SOLICITADO POR LAS PARTES NO ES OBLIGATORIO

EXTRACTOS: «El artículo 143 del Código Procesal del Trabajo atribuyó a esta Sala la competencia para conocer del recurso de homologación interpuesto, dentro de los tres días siguientes a su notificación, contra laudos proferidos por tribunales de arbitramento obligatorio, y dispone que la Corte, “dentro del término de cinco días, verificará la regularidad del laudo y lo declarará exequible, confiriéndole fuerza de sentencia, si el tribunal de arbitramento no hubiere extralimitado el objeto para el cual se le convocó, o lo anulará en caso contrario”.

Del precepto citado emerge que la función de esta Corte en sede de homologación, cuando cualquiera de las partes ha propuesto dicho recurso en su debida oportunidad, se contrae a un examen sobre la “regularidad” del fallo arbitral.

La convención colectiva de trabajo denunciada había señalado una vigencia de dos años contados a partir del primero de enero de 1993. La organización gremial promotora del conflicto colectivo presentó un pliego de peticiones en el que aspiraba a celebrar una convención colectiva de trabajo que rigiera del 1º de enero de 1995 al 31 de diciembre del mismo año, vale decir, por un año.

Sin embargo, el artículo 19 del laudo recurrido, fijó a éste una vigencia de dos años, contados entre el 7 de julio de 1995 y el 6 de julio de 1997.

Bajo ese marco fáctico procede la Sala a examinar si el tribunal convocado para dirimir el conflicto desbordó sus facultades.

La institución de los tribunales de arbitramento es una de las más preciosas conquistas democráticas. Ante todo es un mecanismo de solución pacífica de conflictos de intereses, en los eventos en que los protagonistas del fenómeno colectivo no han podido resolverlos a través de los mecanismos ordinarios de autocomposición consagrados en la ley.

Nuestro ordenamiento positivo fija a los árbitros algunas restricciones cuando actúan en ejercicio de su cometido de dirimir el conflicto a ellos propuesto; pero también los dota de amplias facultades, para que, sin prescindir de la ley, dicten por sí solos la sentencia colectiva obligatoria, con criterio de equidad, en busca de la justicia al caso concreto y procurando armonizar los intereses sociales y económicos.

La vigencia de los laudos es uno de los puntos de mayor trascendencia en cuanto concierne a la equidad. Por lo tanto, exige de los falla-dores un cuidado especial para procurar la realización teleológica de la función arbitral. Este tema constituye uno de los aspectos de “envoltura” de la normatividad colectiva en la medida en que lo dispuesto por los árbitros sobre él afecta el conjunto de ella. Por eso mismo, en principio, no puede ser avocado aisladamente, sino dentro del contexto de las resoluciones del tribunal.

En ese orden de ideas, las únicas limitaciones en derecho que tienen los árbitros al señalar los linderos temporales del fallo colectivo que profieran son las que determine expresamente la ley, sin que estén sujetos a la camisa de fuerza de las aspiraciones de las partes sobre el particular.

Y esa única restricción legal está contenida en el artículo 461 del Código Sustantivo de Trabajo que precisamente regula el “efecto y vigencia de los fallos arbitrales”, y en su numeral 2º prescribe que “la vigencia del fallo arbitral no puede exceder de dos años”.

De tal modo que los árbitros pueden disponer que desde la fecha de expiración de la convención colectiva denunciada en adelante rija el fallo arbitral durante el lapso que en equidad estimen razonable, sin exceder de dos años y siempre que ese punto haya sido sometido a su decisión.

Del precepto invocado se desprende que así los mismos trabajadores hayan fijado en el pliego de peticiones una vigencia superior al bienio y ello no hubiera sido materia de acuerdo en la etapa de arreglo directo, si el conflicto se resuelve por medio del arbitramento, el laudo que allí se profiera, por disposición expresa del legislador, no puede exceder de dos años. Ello quiere decir que en ese evento, no priva la voluntad de quienes promovieron el conflicto, en virtud del mandato legal y de la misma naturaleza económica afectada por la constante evolución de las condiciones económicas, que exigen una revisión del contenido convencional para efectos de adecuar sus cláusulas a la realidad del momento y del inmediato futuro, como también de estabilizar las condiciones de la prestación de los servicios.

La razonable limitación de los dos años es válida ya que por lo explicado sería poco probable en la realidad, que los mismos trabajadores en la autocomposición suscribieran una convención colectiva de trabajo a perpetuidad o por lo menos durante un lapso mayor.

Mas dentro de ese lindero legal, los árbitros están facultados para señalar el ámbito temporal de la nueva normatividad arbitral no avenida por las partes, llegando incluso a disponer que su expiración sea ulterior a la propuesta por los trabajadores en el pliego de peticiones.

Esta modalidad de vigencia, que la doctrina denomina de “duración estipulada” o “impuesta legalmente”, evita inclusive el desgaste tanto de las organizaciones sindicales como de las empresariales que se ven en la necesidad de tramitar un conflicto cuando no han resuelto el anterior, como se ha visto en algunas casos en que el tribunal profiere un laudo cuando ya ha vencido el plazo propuesto por los trabajadores en el pliego de peticiones, como tuvo oportunidad de expresarlo esta Sala en homologación del 22 de noviembre de 1989. De manera que es ahí donde esa disposición legal cumple con el cometido de garantizar también la estabilidad en las condiciones de prestación del servicio.

En relación con el asunto debatido, esta sección a partir de la sentencia del 13 de julio de 1994, al decidir un recurso de homologación contra el laudo proferido para dirimir un conflicto colectivo entre Acueductos y Alcantarillados de Antioquia S.A. (Acuantioquia) y el sindicato de sus trabajadores, retornó a la doctrina primigenia de la Corte al considerar:

“Como acertadamente lo dice el sindicato al refutar el cargo, si el artículo 461 del Código Sustantivo del Trabajo establece que el fallo arbitral, cuyo carácter es el de una convención colectiva en cuanto a las condiciones de trabajo, no puede exceder de dos años, esto significa que, en sana lógica, la vigencia del laudo puede ser cualquiera siempre que no sobrepase dicho término”.

Adicionalmente se observa que el punto en cuestión fue materia de una ponderada y unánime decisión en equidad de los arbitradores designados por las partes y por el Ministerio, dado que ninguno de ellos salvó el voto en lo atinente a lo resuelto en relación con el artículo 20 del pliego atinente a la vigencia del laudo.

Por todo lo expuesto, estima la Sala que la vigencia del laudo arbitral se adecua a la del término previsto en el numeral 2º del artículo 461 del Código Sustantivo del Trabajo, por lo que se declara EXEQUIBLE lo resuelto».

(Sentencia de homologación, septiembre 1º de 1995. Expediente 8128. Magistrado Ponente: Dr. José Roberto Herrera Vergara).

_______________________________