SENTENCIA 813 DE ENERO 19 DE 1993

 

Sentencia 813 de enero 19 de 1993 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

CALIDADES PARA SER ELEGIDO ALCALDE

PRUEBA DEL DOMICILIO

EXTRACTOS: «1. El motivo de disentimiento del actor-apelante, tiene que ver exclusivamente con la valoración probatoria del a-quo, en relación con los elementos allegados al proceso y muy especialmente con las expresiones contenidas en las escrituras públicas números 2103 del 28 de junio de 1991 (fls. 4-5 cdo. Nº 4) y 6997 del 16 de agosto de 1989 (fls. 7-8 cdo. Nº 4) y, que en opinión del recurrente constituyen confesión espontánea, de parte de Jairo de Jesús Escobar Peláez, en el sentido de que su domicilio es la ciudad de Cali.

Revisados los documentos aludidos, se observa que aun cuando en ellos se pone de presente que Jairo de Jesús Escobar Peláez es vecino de Cali, no es, como lo afirma el demandante, porque el mencionado Escobar Peláez así lo hubiere manifestado. Pero si en gracia de discusión, se aceptara la existencia de tales manifestaciones, sería el caso de entrar a analizar si ellas constituyen, como lo dice el apelante una “...confesión espontánea al tenor del artículo 194 del Código de Procedimiento Civil...”.

El precepto aludido reza:

“ART. 194. Confesión judicial. Confesión judicial es la que se hace a un juez, en ejercicio de sus funciones; las demás son extrajudiciales. La confesión judicial puede ser provocada o espontánea. Es provocada la que hace una parte en virtud de interrogatorio de otra parte o del juez, con las formalidades establecidas en la ley, y es espontánea la que se hace en la demanda y su contestación o en cualquier otro acto del proceso sin previo interrogatorio”.

De acuerdo con la norma transcrita, la confesión puede ser judicial o extrajudicial, la primera es la que se hace ante un juez en ejercicio de sus funciones y, a diferencia de la extrajudicial, puede ser provocada o espontánea; dentro de esta última se señalan las que las partes hacen en la demanda, su contestación o en cualquier otro acto del proceso, sin previo interrogatorio.

Sin mayor esfuerzo se observa en el caso sub-lite, que la confesión espontánea atribuida al demandado por el actor con respaldo en los instrumentos públicos acompañados a la demanda no reúne los requisitos que la ley le asigna a la confesión judicial, ya que no fue hecha ante un juez en ejercicio de sus funciones, ni se realizó dentro de la contestación de la demanda o en acto alguno dentro del proceso.

Si bien pudiera atribuírsele las características de una confesión extrajudicial a las manifestaciones que sobre vecindad se afirma hizo el demandado en los documentos presentados por el actor, el valor probatorio que de tales expresiones se desprende es precario no solamente por carecer de los requisitos de conciencia y libertad, necesarios para darle tal calificación y poder producir los efectos jurídicos correspondientes, sino porque el material probatorio existente conduce a desestimarlos como tal.

Conforme a la doctrina, la fuerza probatoria de la confesión extrajudicial depende en gran parte, no del hecho de la confesión en sí, sino de la naturaleza y circunstancias que la rodean en el momento de hacerlas; y fundamentalmente del ánimo confitendi y la finalidad que la motivó. El reconocimiento de los hechos que la constituyen debe derivarse de un acto consciente y libre realizado en la convicción de estar suministrando una prueba cuyo alcance produce, o puede producir, un real menoscabo del patrimonio jurídico, material o moral del confesante.

Por tanto, no es confesión, según Lessona, ninguna declaración que se hace con el ánimo de sacar ventaja o de no sufrir daño.

Confesar, o mejor aceptar, dentro del formalismo peculiar de elaboración de una minuta sobre compraventa de un inmueble o en el formato de una solicitud de préstamo bancario, la vecindad de los contratantes o del peticionario de un crédito, no constituye una forma consciente y libre, de confesar el domicilio de una persona y menos aún para darle o no el alcance jurídico electoral, requerido para la elección de un alcalde popular en los términos del artículo 2º de la Ley 49 de 1987.

Ciertamente que en tal manifestación no puede existir real ánimo confitendi, toda vez que de todos es sabido que dichas espresiones son meros formalismos que se consignan en el cuerpo de las escrituras públicas por el redactor del documento, y no el resultado de la confesión expresa, consciente y libre del contratante.

(...).

En cuanto a la prueba aportada y solicitada por el demandado, tenemos que fue acreditado su avecinamiento en el Municipio de Calima-Darién, no sólo con las declaraciones rendidas por los señores Jaime Arizabaleta Calderón (fls. 184-187), Alberto Murgueitio Restrepo (fls. 187-188 vto.), William Emilio Gil Vallejo (fls. 189-191), Guillermo Vivas Cardona (fls. 192-193 vto.), César Illera Montoya (fls. 194-195 vto.), José Alonso Herrera Mejía (fls. 196-197) y Rubiel Osorio Ledesma (fls. 197-198 vto), las cuales, como afirma el fallador de instancia, merecen plena credibilidad por ser contestes y circunstanciadas, sino también con los documentos aportados de los cuales se deduce inequívocamente que su domicilio era el de la citada población no sólo por residir la mayor parte del tiempo en ella, sino por ejercer allí habitualmente su profesión u oficio, circunstancia derivada de las diferentes actividades cívicas, sociales, comerciales y políticas cumplidas en dicha localidad, que fueron acreditadas debidamente en el proceso (fls. 79, 80, 81, 83, 84, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 a 105, 106 a 107, 108 y 109).

Según las voces del artículo 78 del C. C., que por vía de autoridad define para los efectos del artículo 2º de la Ley 49/87 lo que debe entenderse por vecindad, ésta puede consistir bien en el lugar donde reside o está de asiento un individuo con ánimo de permanencia; o bien, el lugar o comprensión municipal o metropolitana donde ejerce de manera habitual su profesión u oficio, así no tenga en ellas su residencia.

En ambos eventos se cumple el propósito del legislador contemplado en el artículo 2º de la Ley 49/87, sobre el requerimiento de vecindad de los candidatos para ser elegidos alcaldes.

En el caso concreto de Jairo de Jesús Escobar Peláez, queda demostrado con la prueba recaudada, que en una y en otra forma se acreditó su domicilio en el Municipio, de Calima-Darién, por lo cual la pretensión de la demanda no puede prosperar.

Ahora bien, la Sección encuentra igualmente acertada la interpretación que del artículo 316 de la Carta hace el Tribunal de instancia y su desestimación como normatización aplicable al caso controvertido, agregando para un mejor entendimiento de lo expuesto, que las disposiciones que consagraron y hoy consagran los requisitos sobre nacimiento y vecindad de los aspirantes a alcaldes en los lugares en los cuales pretenden ser elegidos (art. 2º Ley 78/86 y 2º Ley 49/87), fueron expedidas con anterioridad a la vigencia de la Constitución actual y tenían y siguen teniendo como finalidad, lograr que la elección que sobre dichos parámetros se haga, recaiga siempre en personas que tengan estrecha vinculación con la región a la cual van a prestar su servicio; conocedoras de sus diversos problemas y necesidades sociales, económicas y políticas y en capacidad, por lo mismo, de poder darles adecuada solución.

Como bien lo determinan las normas en referencia, las condiciones que el candidato debe llenar para acceder válidamente al cargo son de índole personal y subjetivas, muy diferentes a las generales que se exigen para el ejercicio del derecho a elegir que es propio de todo ciudadano en ejercicio, como parte esencial de principio de participación política consagrado en el artículo 40 de la Carta.

Por tal motivo, no encuentra la Sección aceptable que la elección como alcalde de un candidato carente de una o de todas las calidades previstas en el artículo 2º de la Ley 49/87, cercene o pueda ser violatorio del derecho de participación que todo ciudadano en ejercicio tiene para conformar, ejercer y controlar el poder político del Estado como tampoco que la exigencia de los requisitos legales, como lo afirma el impugnante, esté en contradicción con lo preceptuado en el artículo 312 de la Constitución Nacional; cuyos fines están dirigidos a garantizar la total y plena participación del ciudadano en el ejercicio del poder político, lo cual se alcanza sin menoscabo alguno, respecto de los funcionarios de elección popular, con el ejercicio válido del voto, sea éste depositado en favor de un buen o mal candidato; reúna o no los requisitos de ley para el desempeño del cargo».

(Sentencia de enero 19 de 1993. Expediente 0813. Consejero Ponente: Dr. Miguel Viana Patiño).