Sentencia 8131 de febrero 14 de 1997 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejero Ponente:

Dr. Julio E. Correa Restrepo

Ref.: Expediente 8131

Santafé de Bogotá, D.C., febrero catorce de mil novecientos noventa y siete.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

De conformidad con el escrito de apelación, el debate en esta instancia del proceso se concreta a determinar la procedencia de las excepciones de falta de título ejecutivo e indebida tasación de la deuda, propuestas por el actor, en su condición de deudor solidario respecto de los impuestos de renta y complementarios por los años gravables de 1987 y 1988, a cargo de la sociedad Corluz S.A.

En lo que atañe a la excepción de falta de título ejecutivo, cuya prosperidad en el fallo de primera instancia ataca la apelación con fundamento en el artículo 83 de la Ley 6ª de 1992, incorporado como el 828-1 del estatuto tributario, destaca la Sala que como las sumas insolutas que se pretende cobrar solidariamente al socio actor, corresponden a los períodos gravables del impuesto sobre la renta de 1987 y 1988, las normas aplicables al cobro materia de debate eran las vigentes respecto de los períodos por los cuales se vinculó solidariamente al socio.

Ello, independientemente del carácter de norma “sustantiva” o de canon procedimental que pudiera atribuírsele al citado artículo 83 de la Ley 6ª de 1992, por cuanto las normas sustantivas eran las que regían en los citados períodos y las procedimentales expedidas con posterioridad no resultaban aplicables, en atención a las previsiones contenidas en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, respecto de los términos que hubieren empezado a correr y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas.

A juicio de la Sala el fallo apelado en cuanto aceptó la excepción de falta de título ejecutivo, consagrada en el artículo 831-7 del estatuto tributario con fundamento en la falta de acto administrativo individual previo al mandamiento de pago, que determinara la responsabilidad solidaria del socio actor por las deudas de la sociedad, y fijara una suma líquida de dinero a favor de la Nación, deberá ser confirmado.

En efecto, para la Sala resulta claro y así lo ha expresado en diversas oportunidades, que el procedimiento de cobro coactivo, no tiene por finalidad la declaración o constitución de obligaciones o de derechos, sino la de hacer efectivas, mediante su ejecución, las obligaciones, claras, expresas y exigibles, previamente definidas a favor de la Nación y a cargo de los contribuyentes. Entonces, la ejecución parte y requiere de la existencia de un acto previo, denominado título ejecutivo, el cual una vez exigible permite el adelantamiento del proceso de cobro, el cual se inicia con el mandamiento de pago.

En este orden de ideas y en lo que concierne a la necesidad de constituir respecto del deudor solidario título ejecutivo base del mandamiento de pago y previo a la vinculación del deudor solidario, considerada la Sala, como lo ha venido haciendo desde tiempo atrás en abundante jurisprudencia, entre ella la citada por el tribunal, que efectivamente se requiere la constitución del título ejecutivo respecto del deudor solidario, como quiera que las liquidaciones oficiales, privadas y otros títulos ejecutivos lo son frente a los contribuyentes a quienes se les practica, mas no cobijan automáticamente a los deudores solidarios.

De esta forma reitera la Sección que previo a la vinculación del deudor, la administración debe producir un acto administrativo, notificado en debida forma, en el cual determine individualmente las circunstancias de hecho y de derecho que configuran la solidaridad, establezca la calidad de solidario del deudor, la proporción de la participación del socio, en el capital social, tiempo de posesión durante el período gravable, la cuantía que le corresponde, etc. Dicho acto, debidamente notificado y ejecutoriado debe constar en el expediente para que a continuación se proceda a dictar el mandamiento de pago.

De esta forma, la Sala comparte la decisión del tribunal, toda vez que no resulta válida la vinculación de los socios como deudores solidarios hecha directamente en el mandamiento de pago.

También comparte la Sección las consideraciones efectuadas por el tribunal que encontraron próspera la excepción de indebida tasación de la deuda, en atención a que concuerdan con la jurisprudencia de la Sala reiterada en el fallo del 8 de marzo de 1996, Expediente 7384, actor Supercar Ltda., donde se precisó que la expresión “impuestos de la sociedad”,

corresponde al significado natural y obvio dado en materia tributaria a las exacciones obligatorias a cargo de los contribuyentes y en favor del Estado, dentro de la cual no se entienden incluidos, como lo expresó la Corte Suprema de Justicia en el fallo citado por el tribunal que declaró la exequibilidad del artículo 794 del estatuto tributario, el 7 de febrero de 1991, los intereses y las sanciones, en la forma como vino a ratificarlo la Ley 223 de 1995.

A juicio de la Sala, resultan suficientes las anteriores consideraciones para confirmar el fallo apelado».

Magistrados: Delio Gómez Leyva, presidente—Germán Ayala Mantilla—Julio E. Correa Restrepo—Consuelo Sarria Olcos.

Carlos A Florez Rojas, secretario.

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