Sentencia 8159 de agosto 22 de 1997 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejero Ponente:

Doctor Delio Gómez Leyva

Ref.: Expediente 8159

Actor: Dieseles y electrógenos Ltda. “Dieselectros Ltda”. Impuestos: Ventas

Santafé de Bogotá, D.C. veintidós de agosto de mil novecientos noventa y siete.

Fallo

Consideraciones de la Sección:

La Sala estima que la sentencia del tribunal debe ser confirmada, pues como lo tiene precisado la jurisprudencia de la corporación, el artículo 589-1 del estatuto tributario consagra el derecho a corregir aquellas declaraciones que, a pesar de haberse presentado, adolecen del cumplimiento de un requisito, en este caso, la firma del representante legal y del revisor fiscal, que implica tenerlas como no presentadas a términos del artículo 580 ibídem.

Si bien el mencionado artículo 589-1, exige presentar “a la administración de impuestos correspondiente, un proyecto de declaración donde tales inconsistencias se corrijan” el hecho de haberse presentado previamente en el banco, para luego someterlo a consideración de la administración, no significa que el contribuyente hubiera decidido acogerse al procedimiento consagrado en el artículo 588 del estatuto tributario, como lo ha entendido la administración, ni que por ese simple hecho aquella pierda competencia para emitir pronunciamiento sobre su viabilidad o no.

Por el contrario, la circunstancia de haber presentado a la administración la solicitud correspondiente acompañada de fotocopias de los correspondientes proyectos de declaración recepcionados previamente en la red bancaria, acompañados de fotocopias de los correspondientes recibos de pago de la sanción reducida (fl. 39 y siguientes c. a.), constituye prueba inequívoca de la voluntad del contribuyente de acogerse al procedimiento consagrado en el artículo 589-1 del estatuto tributario para subsanar el error de las declaraciones iniciales que por carecer de un requisito no tenían validez.

Entonces, aunque es evidente que el contribuyente presentó previamente en el banco los proyectos de declaración, lo cierto es que luego los presentó a la administración para que esta emitiera el pronunciamiento respectivo, el cual, para la Sala, ha debido ser de aceptación no de rechazo, como ocurrió, toda vez que el contribuyente cumplió los requisitos esenciales para la viabilidad de la corrección impetrada, sin que además se hubiera notificado sanción por no declarar, única limitación prevista en la norma para no acceder al derecho de subsanar los errores que implican tener la declaración por no presentada.

Diferente es que el contribuyente no hubiera presentado a la administración la solicitud de corrección respectiva, ni hubiera cancelado en la forma prevista en la ley la sanción por extemporaneidad reducida, o que antes de presentar la solicitud se le hubiera notificado sanción por no declarar, eventos en los cuales se justificaría el rechazo de la solicitud, pero no por el simple hecho de haber sometido los proyectos de declaración a un trámite no requerido, desestimar la posibilidad prevista en la ley para subsanar los errores en la declaración, cuando es bien claro que la solicitud impetrada por el contribuyente no tuvo otro propósito diferente que acogerse al procedimiento consagrado en el citado artículo 589-1 del estatuto tributario.

Tampoco resulta válido el argumento de la apelante en el sentido de que al presentar el proyecto de declaración en el banco, éste no es susceptible de rechazo o aprobación, pues tal argumento sería válido si el contribuyente no hubiera efectuado la correspondiente solicitud de corrección ante la administración, solicitud que, en el presente caso, fue rechazada a través de los actos acusados, lo que demuestra que la presentación de los proyectos de declaración previamente en la red bancaria, no impide que la administración examine la solicitud, si como ocurrió, en el sub examine, la misma se presentó ante aquella para dar cumplimiento a lo previsto en la ley, es decir, para que aquélla emitiera pronunciamiento sobre su aceptación o rechazo.

Así las cosas, la Sala de acuerdo con el concepto de la procuradora séptima delegada, concluye que el recurso de apelación no está llamado a prosperar y que la sentencia, en cuanto anuló los actos administrativos acusados debe ser confirmada.

Al estar impedido uno de los magistrados de la Sala, se da aplicación a lo previsto en el artículo 54 de la Ley 270 de 1996.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

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