Sentencia 8166 de diciembre 2 de 1993 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

•SALA DE CASACIÓN PENAL

TESTIMONIO INDIRECTO

VALOR PROBATORIO

EXTRACTOS: «Consta en el proceso, que la ofendida Gumercinda Vivas, con voz débil pero perfectamente audible y entendible, manifestó ante los médicos del Hospital que la atendían doctores Nicolás Salamandra Martínez y Mario Díaz García, así como de la religiosa y enfermera hermana Luz Marina Villalba, que se encontraba en esas lamentables condiciones de salud, debido a que la enfermera Cristobalina Rivas le había colocado una sonda para producirle el aborto. Afirmó que la citada ayudante de enfermería laboraba en ese mismo hospital y ofreció además los rasgos morfológicos que distinguían a la acusada. Pero es más, dicha mujer como se hallaba en esos momentos prestando sus servicios en el centro hospitalario, fue llevada ante la presencia de la ofendida y ésta la señaló de manera inequívoca como la causante de su grave enfermedad. La versión de Gumercinda, como el señalamiento que hiciera de Cristobalina Rivas, fue escuchada no sólo por los galenos y la religiosa ya citados, sino por los agentes de policía Marvín Rojas, Franciso Pino y Pedro Abel Martínez. Todas estas personas rindieron bajo juramento su declaración ante el señor juez de instrucción criminal radicado en la ciudad de Quibdó y ante dicho funcionario manifestaron todo aquello que había sido oído y percibido por ellos.

La fuerza probatoria y la eficacia de estos testimonios no puede desconocerse como lo pretende el recurrente. El juez apreció razonablemente su credibilidad, teniendo en cuenta las circunstancias personales y sociales de los declarantes, las condiciones en que fueron percibidas y oídas aquellas circunstancias que relatan y sus versiones fueron recibidas por autoridad competente con el lleno de las formalidades legales.

El valor del testimonio y su credibilidad, enseña Gorphe, obedece a tres factores: a) las aptitudes del sujeto (moralidad, capacidad intelectual y física); b) las propiedades del objeto o materia declarada, y c) la relación sujeto de acuerdo con las condiciones de percepción, memoria, evocación y reproducción.

Siguiendo estos lineamientos, el Tribunal llegó a la conclusión de que este grupo de testigos de oídas, no fueron engañados por la ofendida, que ésta les manifestó la verdad y que ellos además en forma clara y precisa pusieron en conocimiento del juez competente esa verdad, que fue aceptada como fundamento del fallo de condena.

No puede admitirse, que estas declaraciones carezcan de validez simplemente por tratarse de testigos de oídas, como lo insinúa el recurrente en el curso de su demanda. Este testimonio, que algunos autores denominan indirecto, es perfectamente válido en el sistema procesal penal colombiano y es uno de los medios de convicción a que se ven precisados a recurrir los investigadores en su esfuerzo por descubrir la verdad de lo ocurrido. El valor probatorio de esta clase de prueba, como de cualquier otra, queda sometido a la credibilidad que le otorgue el juzgador de acuerdo al sistema de la sana crítica. Por eso afirma Framarino Dei Malatesta que el testimonio de oídas en determinadas circunstancias puede presentar el máximo de valor probatorio y agrega:

“...El objeto inmediato de esta clase de testimonio, es el relato que hacen otros al testigo; y se entiende que con relación a ese relato no hay razón alguna para que el testimonio de oídas no pueda lograr la máxima credibilidad, pues el testimonio por conocimiento directo tiene tanta fuerza para atestiguar los hechos percibidos por el testigo y que son su objeto inmediato, como la tiene el testimonio de oídas para atestiguar el relato de los hechos que ha oído el testigo, relato que es el objeto inmediato de esta especie de testimonio...” (Lógica de las pruebas en materia criminal).

Las anteriores premisas permiten a la Sala concluir, afirmando —como lo hace la Procuraduría Delegada— que en el proceso adelantado contra la sentenciada Cristobalina Rivas, no se quebrantaron las formas propias del debido proceso, ni se lesionó el derecho de defensa. Tampoco existe el presunto error de derecho en relación con la forma como se allegó al proceso la prueba de cargo, pues se trata de un medio testimonial de oídas, de especial valor probatorio y gran fuerza de convicción, que se recibió con las formalidades legales, esto es, bajo la gravedad del juramento y fue rendida ante juez competente, como lo fue el señor juez de instrucción criminal, radicado en la ciudad de Quibdó. En estas condiciones, la demanda no puede prosperar”.

(Sentencia de casación, diciembre 2 de 1993. Radicación 8166. Magistrado Ponente: Dr. Jorge Carreño Luengas).

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