Sentencia 8168 de abril 4 de 1997 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Ref.: Expediente 8168

Consejero Ponente:

Dr. Germán Ayala Mantilla

Actor: Ignacio de Jesús Correa Dávila.

Apelación de la sentencia del 5 de agosto de 1996. Tribunal Administrativo de Antioquia. Juicio de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter fiscal. Renta 1989.

Santafé de Bogotá, D.C., 4 de abril de 1997.

EXTRACTOS: «Sanción por inexactitud. Dispone el artículo 647 del estatuto tributario:

“Constituye inexactitud sancionable en las declaraciones tributarias, la omisión de ingresos, de impuestos generados por las operaciones gravadas, de bienes o actuaciones susceptibles de gravamen, así como la inclusión de costos, deducciones, descuentos, exenciones, pasivos, impuestos descontables, retenciones o anticipos, inexistentes, y, en general, la utilización en las declaraciones tributarias, o en los informes suministrados a las oficinas de impuestos, de datos o factores falsos, equivocados, incompletos o desfigurados, de los cuales se derive un menor impuesto o saldo a pagar, o un mayor saldo a favor para el contribuyente o responsable. Igualmente, constituye inexactitud, el hecho de solicitar compensación o devolución, sobre sumas a favor que hubieren sido objeto de compensación o devolución anterior...”.

“...No se configura inexactitud, cuando el menor valor a pagar que resulte en las declaraciones tributarias, se derive de errores de apreciación o de diferencias de criterio entre las oficinas de impuestos y el declarante, relativos a la interpretación del derecho aplicable, siempre que los hechos y cifras denunciados sean completos y verdaderos” (subraya la Sala).

Del contexto literal de la norma surge que, en el caso de autos, no procede la sanción por inexactitud, porque, como se precisa en el acto administrativo acusado, el desconocimiento de los costos y de las deducciones informadas por el declarante se efectuó, no porque no fueron reales sino porque, a juicio de la administración, los registros en los libros de comercio llevados por el contribuyente, no podía tenerse como prueba porque no cumplía con las exigencias del Código de Comercio y de la ley tributaria al no haber informado los documentos que los soportaban, como claramente se expresa en la explicación sumaria anexa a la liquidación de revisión.

En efecto, la administración refiriéndose a la respuesta dada al requerimiento especial, afirma que:

“El contribuyente dio respuesta al requerimiento especial el 24 de junio de 1992, en el cual manifiesta que se le proponen impuestos y sanciones exorbitantes, aplicando solamente disposiciones que le son contrarias; violando con ello todo espíritu de justicia y equidad consagrado en la ley (E.T., art. 683), al no ser aceptadas las pruebas aportadas por él en la contestación al requerimiento ordinario, y que nuevamente aporta al especial; sin alcanzar éstas a constituir un acervo probatorio suficiente tal como lo establece el artículo 774 del estatuto tributario, en concordancia con el artículo 632 del mismo, que dé mérito para acceder a las pretensiones del solicitante.

“Mediante requerimiento especial Nº U.A.E. -1-063-7-149 de marzo 27 de 1992 se propuso al rechazo de la totalidad de costos y deducciones solicitadas, en razón a que el contribuyente no probó su existencia en los términos de los artículos 767 a 777 y 781 del estatuto tributario, lo que tampoco hace en razón de la respuesta al requerimiento citado.

“Teniendo en cuenta que en el ejercicio de la actividad desarrollada por el señor Correa Dávila Ignacio de Jesús, existen costos pero que por las características de la misma se dificulta la obtención de facturas que los respalden y considerando que no existen los datos estadísticos previstos, en el artículo 82 del estatuto tributario, en esta oportunidad se aceptan como costos el 75% del valor de las ventas informadas por el declarante y rechazados en el requerimiento especial. En consecuencia, se desconoció la suma de $ 76.258.500”.

Dicha motivación concuerda con la aceptación de costos presuntos, en aplicación del artículo 82 del estatuto tributario y confirma que la circunstancia de no poder probar contablemente los costos solicitados, cuando los libros de comercio no se llevan de acuerdo con las normas legales, o cuando los libros no se llevan, no está contemplada como causal de inexactitud por el artículo 647, antes citado, como en repetidas oportunidades ha precisado esta Sala, entre otras en las sentencias del 15 de marzo de 1993, expediente 2986; mayo 3 de 1991, expediente 3224 y, 25 de junio de 1993, expediente 4163 de junio 27 de 1996, expediente 7679 y recientemente en la sentencia de octubre 11 de 1996, expediente 7884, actor Yonairo Alberto Molina, ponente doctora Consuelo Sarria Olcos, en la cual se precisó:

“Si bien en las mencionadas sentencias del 14 de octubre de 1994, expediente 5756, actor Julio César Posada Gómez; del 8 de marzo de 1996, expediente 7545, actor José Luis Wiesner González, se mantuvo la sanción por inexactitud sobre el valor de los costos declarados y no aceptados, como consecuencia de la falta de comprobación de los mismos por la parte actora y la necesidad de aplicar costos presuntos, tal interpretación no implica que procesa la aplicación de la sanción por inexactitud siempre que la administración exija la prueba específica de los costos y el contribuyente no la presente o establezca, ni que pueda ésta, imponer sanción por inexactitud cuando se inadmita, por cualquier causa, un costo o deducción. Menos aún que ésta deba aplicarse cuando exista diferencia entre el valor determinado en la liquidación privada y el cuantificado en la liquidación oficial de revisión. Será necesario en cada caso, luego del análisis probatorio establecer si hay o no verdadera inexistencia de los costos rechazados.

“Precisa así la Sala el alcance de la jurisprudencia contenida en los fallos anotados, pues legalmente, para que proceda la sanción por inexactitud, se requiere que se configuren las circunstancias previstas en forma taxativa por la ley, sin que pueda la administración, por vía de interpretación, extenderla a hechos no previstos en ella, como son los rechazos de costos o deducciones, que siendo reales no son aceptables en las cuantías solicitadas por disposición legal, por incumplimiento de los requisitos formales o por defecto en su comprobación, evento este que se da en el caso de autos».

(...).

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