Sentencia 8181 de noviembre 14 de 1996 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

EMPLEOS DEPARTAMENTALES

FACULTAD DE CREARLOS O SUPRIMIRLOS

EXTRACTOS: «Dispone el artículo 305 ordinal 7º, de la Constitución Política vigente, que es atribución del gobernador:

“Crear, suprimir y fusionar los empleos de sus dependencias, señalar sus funciones especiales y fijar sus emolumentos con sujeción a la ley y a las ordenanzas respectivas. Con cargo al tesoro departamental no podrá crear obligaciones que excedan al monto global fijado para el respectivo servicio en el presupuesto inicialmente aprobado”.

Por su parte el artículo 300 ibídem señala que corresponde a las asambleas departamentales:

“Determinar la estructura de la administración departamental, las funciones de sus dependencias, las escalas de remuneración correspondientes a sus distintas categorías de empleo; crear los establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales del departamento y autorizar la formación de sociedades de economía mixta”.

En este artículo no se le confiere a esas corporaciones administrativas atribución alguna en relación con la facultad que se le da al gobernador en el artículo 305 ordinal 7º para crear, suprimir o fusionar los empleos. Se le faculta para señalar la estructura de la administración departamental, las funciones de sus dependencias y las escalas de remuneración de las distintas categorías de empleos.

De ahí que cuando en el ordinal 7º del artículo 305 de la Carta Política se prevé que el gobernador debe sujetarse a las ordenanzas respectivas, para ejercer las funciones que mediante él se le atribuyen, ha de entenderse que al crear, suprimir o fusionar cargos, el gobernador debe respetar la estructura administrativa determinada por la asamblea y la nomenclatura de los cargos; y al fijar las funciones y los emolumentos, no puede apartarse del señalamiento hecho en las ordenanzas sobre esas materias, dado que la escala de remuneración debe tener origen en la asamblea; pero ésta carece de competencia para condicionar la supresión, creación o fusión a circunstancias o requisitos diferentes.

Colígese entonces que la facultad de crear, suprimir y fusionar empleos, que constitucionalmente fue atribuida al gobernador, se ejerce autónomamente, pues éste como jefe de la administración departamental, es el funcionario que de acuerdo con el ordenamiento jurídico superior determina qué cargos se requieren para la mejor prestación del servicio.

En este proceso no se ha probado que con la supresión del cargo que ocupaba la actora se hubiera quebrantado la estructura de la administración departamental determinada por la asamblea ni se hubiera afectado el presupuesto aprobado.

No puede entonces infirmarse el Decreto 343 de 1992 porque no se hayan tenido en cuenta normas de carácter ordenanzal, cuando la Constitución otorga plenas facultades al gobernador para crear, suprimir y fusionar empleos con independencia de lo estatuido por las asambleas departamentales, siempre que se respete la estructura administrativa por ellas determinada».

(Sentencia de noviembre 14 de 1996. Expediente 8181. Consejera Ponente: Dra. Clara Forero de Castro).

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