Sentencia 8182 de marzo 21 de 1997 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CORRECCIÓN DE DECLARACIONES TRIBUTARIAS

RAZONES PARA RECHAZAR LA SOLICITUD

EXTRACTOS: «Esta Sala en repetidas ocasiones y de acuerdo con lo ordenado por los artículos 22, 29 y 209 de la Constitución Política, 3º de la Ley 58 de 1982, 1º, 2º y 3º del Decreto 01 de 1984 y especialmente el artículo 683 del (estatuto tributario, ha precisado que las normas procedimentales no tienen otra finalidad distinta que la de hacer efectivos los derechos sustanciales de los administrados, que en materia tributaria la aplicación recta de las leyes debe estar presidida por un relevante espíritu de justicia, y que el Estado no aspira a que al contribuyente se le exija más de aquello con lo que la misma ley ha querido que coadyuve a las cargas públicas de la Nación.

Con relación al artículo 589 del estatuto tributario, la Sala también ha precisado, que respecto de las solicitudes de corrección allí previstas, la administración sólo puede negarlas o rechazarlas por inobservancia de los requisitos de forma, mas no por razones de fondo, como son los aspectos referentes al derecho al reconocimiento de costos, deducciones, descuentos, exenciones-excepciones, retenciones en la fuente, o las pruebas requeridas para su demostración, pues tales asuntos son materia de un proceso distinto cual es el de la liquidación de revisión.

Si se analiza el artículo 589 del estatuto tributario se observa que los requisitos formales que allí se exigen para la corrección de la declaración tributaria están relacionados con:

— La presentación de una solicitud ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

— Que tal petición se haga dentro del plazo de los dos años siguientes al vencimiento del término para presentar la declaración.

— Que se presente el proyecto de corrección.

— Que se liquide una sanción equivalente al 5% del menor valor a pagar o del mayor saldo a favor, y

— Que se acredite el pago de los valores a cargo, incluida la sanción, de ser el caso.

Cumplidos tales requisitos la administración no podía rechazar el proyecto por la circunstancia de que las retenciones declaradas y solicitadas, no estuvieran acreditadas en su totalidad con certificados de los retenedores.

Ni podía rechazar totalmente el proyecto de corrección si tales retenciones, como en efecto ocurrió, estaban acreditadas casi en su totalidad, y menos imponer sanción sobre el menor valor a pagar solicitado, cuando los pagos por retención estaban acreditados.

No son aceptables jurídicamente los argumentos sobre indivisibilidad de la prueba que trae equivocadamente al proceso el apoderado de la demandada, conforme con los cuales una prueba se acepta en su totalidad o no se acepta nada, porque el concepto de indivisibilidad de la prueba, como claramente lo ha precisado la Sala, implica que ésta debe aceptarse tanto en la parte que beneficia como en aquella que perjudica a quien la invoca en su favor.

Así las cosas si el contribuyente no sólo cumplió con los requisitos formales exigidos por la ley para corregir la declaración tributaria, sino que fue más allá y acreditó las retenciones en la fuente, el acto administrativo que negó la corrección sí violó la ley, e incurrió en vicio de nulidad.

En efecto, si la administración encontró que la petición del contribuyente no era del todo válida por errores aritméticos, o porque realmente las retenciones solicitadas no eran ciertas, debió aplicar el inciso 2º del mismo artículo, practicando una liquidación oficial de corrección como allí se indica o, acudir al procedimiento señalado en el artículo 702 a 712 del estatuto tributario, para proceder si era del caso, a rechazar las retenciones no acreditadas e imponer la sanción por inexactitud.

En consecuencia la actuación administrativa sí debió ser anulada como en efecto lo señaló el a quo porque no era procedente el rechazo de la solicitud, y menos el de las retenciones en la fuente solicitadas en esa oportunidad por el contribuyente.

Con relación a la graduación de la sanción impuesta hecha por el tribunal, la Sala encuentra que ella corresponde a la acertada interpretación del artículo 589 del estatuto tributario, porque la expresión “del pretendido menor valor a pagar o mayor saldo a favor” allí contenida, se refiere lógicamente, al valor solicitado sin sustento legal, porque respecto de los ítem comprobados no puede existir sanción en la medida que respecto de ellos no se da la infracción tributaria».

(Sentencia de marzo 21 de 1997. Expediente 8182. Consejera Ponente: Dra. Consuelo Sarria Olcos).

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