Sentencia 8201 de septiembre 24 de 1993 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

EXISTENCIA DE CONDENA INDEMNIZATORIA EN PROCESO PENAL

Consejero Ponente:

Dr. Daniel Suárez Hernández

Ref.: Exp. 8201

Actor: Martha Lucía Cristancho de Molano. Demandado: La Nación - Policía Nacional.

Santafé de Bogotá D.C., veinticuatro de septiembre de mil novecientos noventa y tres.

Conoce la Sala del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sección Segunda, en la cual se dispuso:

“1. Condénase a la Nación —Ministerio de Defensa, Policía Nacional—, por ser admi-nistrativamente responsable, a pagar a la señora Martha Lucía Cristancho de Molano el equivalente en pesos de 600 gramos oro a la fecha de ejecutoria de la sentencia dictada por el Juzgado Quince Superior de Medellín.

Previo descuento o deducción de $ 74.880 ya recibidos por la demandante, todo de conformidad con lo dicho en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese y consúltese si no fuere apelada”.

I. Antecedentes procesales

1. La demanda.

En escrito presentado el 9 de mayo de 1989, ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, posteriormente corregido por determinación de la misma Corporación, la señora Marta Lucía Cristancho de Molano, mediante apoderado y en ejercicio de la acción de reparación directa, demandó a la Nación colombiana - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, para que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas:

“1. Que se condene a la Nación colombiana a pagar la suma de $ 12.500.000 a favor de la Sra. Marta Lucía Cristancho de Molano en virtud de la responsabilidad por las acciones realizadas por su trabajador agente de policía Fredy Hernán Ledesma Molano en hechos ocurridos el día 22 de febrero de 1988, por los actos de lesiones personales, en el ejercicio del cargo y en vehículo perteneciente a la Policía Nacional y que es responsable ésta en ejercicio de la acción de reparación directa y cumplimiento, artículo 86 del Decreto 01 de 1984, que la suma expresada que pagará la Nación colombiana equivale a la totalidad de los daños y perjuicios morales y materiales los cuales equiparan el daño emergente y el lucro cesante.

2. Que se ordene dar cumplimiento a la sentencia dentro del término previsto en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo”.

2. Los hechos.

Se relata en la demanda que el 22 de febrero de 1988, cuando la señora Marta Lucía Cristancho de Molano se dirigía hacia el lugar donde trabajaba, fue atropellada por la camioneta Chevrolet Luv, de la Policía Nacional, distinguida con el número 469 y conducida por el agente Fredy Hernán Ledesma Molano, quien no aminoró la marcha y dejó a la víctima tirada en el suelo, mientras abandonaba el lugar del accidente para no ser descubierto, a la vez que procuraba ocultar el automotor.

En el curso del proceso penal fue identificado y el Juzgado 30 Penal Municipal lo condenó a seis meses de prisión, multa de $ 1.157, suspensión como conductor por seis meses y pago de 2.500 gramos de oro, por perjuicios materiales. El Juzgado 15 Superior confirmó el fallo del Juzgado 30 Penal Municipal, modificándolo en el sentido de reconocer la condena de ejecución condicional al procesado y rebajar el monto de los perjuicios “al equivalente a seiscientos gramos oro liquidados al momento de la ejecutoria de esta providencia, deduciendo, claro está, lo que por este concepto ya haya satisfecho”.

Como consecuencia del accidente, la demandante fue sometida a un prolongado tratamiento médico quirúrgico, a pesar del cual quedó sicológicamente afectada por la deformación que sufrió en el rostro, cuyos efectos no ha podido superar.

3. Actuación procesal.

El apoderado de la Nación - Policía Nacional, en la oportunidad para contestar la demanda, se limitó a solicitar algunas pruebas para “demostrar que el desafortunado accidente de tránsito que sufrió la señora Martha Lucía Cristancho de Molano, no fue consecuencia directa de una falla o falta en el servicio, sino más bien el producto de una fuerza mayor o caso fortuito”.

En escrito separado propuso la excepción de inepta demanda por falta de los requisitos formales, dado que no se solicitó la declaratoria de responsabilidad de la Nación, ni se especificó el valor de los perjuicios morales y materiales por separado, a más de que no hizo una estimación razonada de la cuantía, ni señaló la clase de proceso que le corresponde a la demanda.

Al momento de alegar de conclusión la apoderada de la Policía Nacional admite “que se podría plantear si se quiere una falla en el servicio... en la medida que se vinculó en el hecho a un agente y un vehículo perteneciente a la Policía Naiconal”. No encuentra, en cambio, probados el daño y la relación de causalidad, por lo que cuestiona las pruebas trasladadas del proceso penal que no fueron ratificadas.

El apoderado de la actora en su alegato de conclusión antes que analizar lo sucedido frente al proceso contencioso administrativo, se dedica a cuestionar la actuación del agente Ledesma Mola-no y a criticar sin fundamentos de orden jurídico y legal las decisiones de los jueces penales, haciendo ostensible la confusión conceptual que tiene con respecto a los fines que en este proceso persigue.

El agente del Ministerio Público consideró que se daba la falla en el servicio y que había lugar a indemnizar por perjuicios morales en cuantía equivalente a 600 gramos oro “que fue el monto de los señalados en la sentencia penal”.

4. La sentencia apelada.

Previamente definió el Tribunal que la cuantía sí fue razonada “porque la estimación está basada en la condena emitida a través de una sentencia penal, lo que obligaba a tener en cuenta los factores y valores que el juez penal consideró”. De otra parte sostuvo que en la pretensión de condena va implícita una declaración de responsabilidad, por lo que la pretensión de la demanda está bien formulada.

Con relación al fondo de la cuestión, el a quo tuvo como un hecho cierto “que efectivamente el agente Ledesma Molano en horas del servicio y conduciendo un vehículo al servicio de la Policía Nacional, atropelló a la demandante Cristancho de Molano”. Igualmente encontró que el policía “no tenía ni orden ni mandamiento verbal o escrito de algún superior y la conducción de la patrulla 469 la hizo violando claras disposiciones y consignas de sus superiores”. Descartó de plano la ocurrencia de una fuerza mayor o caso fortuito sugeridas por el apoderado de la Policía Nacional.

Sostiene el Tribunal que en materia de responsabilidad estatal se predica la solidaridad de los responsables y deudores de la obligación de indemnizar el daño, por tanto, la víctima o perjudicado “puede exigir la totalidad de la obligación a todos o solo a uno de ellos”. Por consiguiente cuando coexiste la falta personal y la falla en el servicio, sostiene el a quo, “el acreedor, en cualquiera de esos casos, puede dirigirse contra la administración directamente”. Para arribar a esta conclusión se basa el Tribunal en el artículo 2344 del Código Civil y 78 del Decreto 01 de 1984 que consagra la obligación de la administración de repetir contra el funcionario, si a este le cupiere responsabilidad. Esa solidaridad pasiva proviene de la ley para brindarle al acreedor una garantía de pago.

Prosigue el fallo apelado afirmando que por la solidaridad de la obligación “la demanda intentada por el acreedor contra alguno de los deudores solidarios, no extingue la obligación solidaria de ninguno de ellos, sino en la parte que hubiere sido satisfecha por el demandado”, de acuerdo con el artículo 1572 del Código Civil.

Plantea también el Tribunal que la renuncia a la solidaridad debe provenir de manifestación expresa o tácita del acreedor pues de lo contrario subsiste y este continúa gozando de las ventajas que de ella se derivan. Bajo este razonamiento afirma que el hecho de que el acreedor dirija su demanda contra uno solo de los deudores solidarios no le impide accionar contra los otros para obtener el cumplimiento de su obligación, si ésta no ha sido satisfecha total o parcialmente, para lo cual deberá instaurar la demanda ordinaria correspondiente.

En tales condiciones concluye que como la actora se constituyó en parte civil dentro del proceso penal y demandó al agente Ledesma Molano y a la Nación, sin renunciar a la solidaridad, y como la demanda de parte civil contra la Nación no fue admitida, “podía perfectamente entablar esta demanda”, y por esta razón infiere la condena contra la Nación, pero sin exceder la impuesta en el proceso penal porque ya fue determinada en dicho proceso, pero previa deducción de lo pagado por el agente Ledesma Molano a la víctima.

5. Razones de la apelación.

La parte actora recurrió la decisión del Tribunal con argumentos que se dirigen más a cuestionar la determinación del juez superior que la decisión del a quo, frente al cual se muestra inconforme con la cuantía de la condena, cuyo valor aspira se eleve a 6.000 gramos de oro o subsidiariamente a 2.500 gramos de dicho metal.

Al presentar su alegato de fondo en la segunda instancia, reitera los planteamientos de la susten-tación pero modifica su solicitud de condena por perjuicios a la suma equivalente a 5.000 gramos de oro y subsidiariamente a 2.500 gramos del mismo metal.

La demandada alega de conclusión para solicitar que se revoque la sentencia y en su lugar se rechacen las peticiones de la demanda.

Consideraciones de la Sala

Estima la Sala que la sentencia impugnada debe revocarse en razón a que sobre los hechos debatidos en este proceso ya la parte actora obtuvo un pronunciamienton judicial que hizo tránsito a cosa juzgada.

En efecto:

Al folio 3 del cuaderno Nº 2, aparece el poder que Martha Lucía Cristancho de Molano otorgó para constituirse en parte civil contre Fredy Hernán Ledesma Molano y la Nación “... para que adelante todo lo pertinente a la obtención del lucro cesante y el daño emergente por el delito de lesiones personales en accidente de tránsito de que fue víctima...”.

A los folios 34 a 38 del mismo cuaderno, se encuentra la demanda de constitución de parte civil “... en contra de Fredy Hernán Ledesma Mo-lano y solidariamente contra la Nación; para que previos los trámites legales sean condenados estos a pagar los daños y perjuicios que constituyan el daño emergente y el lucro cesante...”.

A folios 124 a 126 del cuaderno mencionado se encuentra la sentencia del Juzgado Treinta Penal Municipal de Medellín, fechada el 13 de abril de 1989, mediante la cual se condenó a Fredy Hernán Ledesma Molano a seis meses 16 días de prisión, multa de $ 1.157 y suspensión del oficio de conductor por seis meses. Así mismo a pagarle a la víctima Martha Lucía Cristancho de Molano, “por el doble concepto de daño material y daño moral, el equivalente en moneda nacional de dos mil quinientos gramos oro...”.

A los folios 167 a 180 del cuaderno Nº 2, se halla la sentencia proferida el 8 de junio de 1989, por el Juzgado Quince Superior de Medellín, mediante la cual se decidió en segunda instancia el proceso penal contra Ledesma Molano, en el sentido de confirmar el fallo recurrido, modificándolo para rebajar “el monto global de los perjuicios que deberá cancelar el acusado en favor de la señora Cristancho al equivalente a seiscientos gramos oro (500 gramos por perjuicios materiales y 100 gramos por perjuicios morales) liquidados al momento de la ejecutoria de esta providencia, deduciendo, claro está, lo que por este concepto ya haya satisfecho”.

Ahora bien, en ejercicio de la acción de reparación directa, pretende la señora Martha Lucía Cristancho de Molano el pago de $ 12.500.000 “en virtud de la responsabilidad por las acciones realizadas por su trabajador agente de policía Fredy Hernán Ledesma Molano en hechos ocurridos el día 22 de febrero de 1988, por los actos de lesiones personales... que la suma expresada que pagará la Nación colombiana equivale a la totalidad de los daños y perjuicios morales y materiales, los cuales equiparan el daño emergente y el lucro cesante”.

Encuentra la Sala, de acuerdo con lo anteriormente relacionado, que la actora en este proceso y parte civil en el proceso penal, pretende obtener simultáneamente dos reconocimientos indem-nizatorios: el primero, ya determinado por el Juez Quince Superior de Medellín en cuantía total equivalente en pesos a seiscientos gramos de oro a cargo del agente Fredy Hernán Ledesma Molano y el segundo reclamado en este proceso contra la Nación - Policía Nacional.

Para la Sala los pedimentos de la demanda no están llamados a prosperar por cuanto las sentencias condenatorias de la justicia penal ordinaria, que hicieron tránsito a cosa juzgada, ya dirimieron la responsabilidad del agente autor de las lesiones personales y dispusieron el monto indemnizatorio correspondiente en favor de la actora Cristancho de Molano.

Podía la lesionada en su oportunidad y de acuerdo con el artículo 78 del CCA, accionar contra la entidad, el funcionario o contra ambos. En el sub judice prefirió inicialmente demandar civilmente dentro del proceso penal las indemnizaciones a su favor contra el autor del hecho punible y posteriormente ante esta jurisdicción contra la entidad oficial y este comportamiento procesal equivocado es el que impide la prosperidad de las súplicas de la demanda.

Dentro de las opciones que la ley le otorga al perjudicado, éste puede optar por la que mejor se acomode a sus aspiraciones e intereses jurídicos y patrimoniales, pero sometido desde luego a los resultados favorables o desfavorables que esa opción pueda hacia el futuro proporcionarle. De otra forma se patrocinarían condiciones inaceptables desde el punto de vista procesal y jurídico, que le permitirían al afectado transitar por dos jurisdicciones diferentes en busca del resarcimiento más favorable y prevalido de una doble oportunidad de sacar avante su aspiración resarcitoria, en condiciones que ciertamente no se adecúan a un proceso justo y de equidad para las personas naturales o jurídicas que se vean involucradas en cada accionar del afectado, con perjuicio del principio de la cosa juzgada el que en todo caso se vería afectado con el fallo definitivo posterior.

Cabe recordar de otra parte, que ya la Sala ha tenido oportunidad de pronunciarse para descartar la nueva responsabilidad en casos como el presente y consecuentemente no acceder a lo demandado cuando la justicia penal ha impuesto condena indemnizatoria, ni siquiera por el monto fijado en dicha condena o por otros valores excedentes. Así se decidió en providencia del 10 de junio de 1993, en el proceso número 7750, de Luis Alberto Zúñiga, con ponencia del señor Consejero Doctor Julio César Uribe Acosta.

Por las anteriores consideraciones se abstiene la Sala de pronunciarse sobre el fondo de la cuestión debatida y consecuencialmente, tomará una decisión inhibitoria, previa revocatoria del fallo recurrido.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVOCASE la sentencia apelada, esto es, la proferida el 6 de noviembre de 1992, por la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Antioquia.

2. INHIBIRSE para hacer un pronunciamiento de fondo en este proceso, por cuanto existe una providencia judicial sobre los mismos hechos que ya hizo tránsito a cosa juzgada.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase.

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de fecha veintitrés (23) de septiembre de mil novecientos noventa y tres (1993).

Juan de Dios Montes Hernández, Presidente de la Sala—Daniel Suárez Hernández—Carlos Betancur Jaramillo—Julio Cesar Uribe Acosta.

Ruth Stella Correa Palacio, Secretaria.

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