Sentencia 8202 de febrero 19 de 1997 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

TEMAS:

COMPETENCIA DESLEAL COMO CAUSAL DE DESPIDO.

AUXILIO DE CESANTÍA: EXIGIBILIDAD PARA EFECTOS DE SU PRESCRIPCIÓN

EXTRACTOS: «Siendo cierto, como lo colige el fallador de segunda instancia, que de acuerdo con los certificados de la Cámara de Comercio de Medellín (fls. 19, 20, 21, 22 y 23), tanto el trabajador demandante como su empleadora, se dedicaban a la venta de repuestos o piezas para vehículos automotores, cada uno a través de sendos establecimientos de comercio, esa sola circunstancia, acreditada en tales probanzas, no demuestra por sí misma actos de competencia desleal realizados por el demandante en contra de la reclamada, pues en realidad tal categoría jurídica legislada actualmente en el título V del Código de Comercio, que se remite a la Ley 256 de 1996, y antes por las leyes 59 de 1936 y 155 de 1959, que fue la citada por el Tribunal, requiere para su estructuración algo más que actividades comerciales coincidentes o afines desarrolladas por distintas personas naturales o jurídicas, tal como puede deducirse en concreto de los artículos 20 y 21 de la Ley 59 de 1936, 10 y 11 de la Ley 155 de 1959 y del inciso segundo del artículo 7º de la Ley 256 de 1996.

Y es que precisamente lo que el legislador quiso proteger con la normatividad aludida fue la libre y leal competencia económica de los participantes en el mercado, partiendo del presupuesto lógico, en una economía como la colombiana, de que éste último lo conformaban, no uno, sino varios agentes que desarrollaban actividades análogas o similares. Tanto la competencia leal, protegida por el derecho positivo comercial, como la desleal, castigada por aquél, forman parte de una unidad dialéctica, que parte de una realidad tangible consistente en que hay pluralidad de sujetos compitiendo en el mercado, por lo cual, se insiste, el simple hecho de que el trabajador compita en el mismo mercado con el empleador no es suficiente para imputarle a aquél competencia desleal que justifique la rescisión de su contrato laboral.

En estricto derecho para el empleador es menester demostrar, además de la concurrencia de la actividad comercial del trabajador con la suya, que aquel, prevalido del contrato de trabajo, amparado en los efectos de éste vínculo, ha desarrollado actos de competencia desleal como los previstos específicamente en los artículos 21 de la Ley 59 de 1936, 11 de la Ley 155 de 1959 y en el inciso 2º del artículo 7º de la Ley 256 de 1996. En el sub lite, ninguna de las conductas comerciales prohibidas por la referida normatividad fueron probadas por el empleador como cometidas por el trabajador demandante.

Sentadas las anteriores premisas conceptuales encuentra la Corte que el ad quem sí incurrió en los errores de hecho que le enrostra el censor, pues, según se vio, apreció equivocadamente los documentos de folios 19, 20, 21, 22 y 23 del cuaderno de instancias, al deducir de ellos competencia desleal del demandante con su empleador por la sola circunstancia de que, uno y otro, se dedicasen a la venta de repuestos para automotores y sin que de tales pruebas documentales, por sí mismas, se desprendan actos de competencia desleal como los legislados en el conjunto normativo anteriormente citado, máxime cuando en la comunicación de despido no se manifiesta, expresa o tácitamente, que los respectivos establecimientos de comercio de las partes se dedicaran a comercializar los mismos repuestos para automotores.

Ahora bien, como por razón de la prueba calificada antes analizada se impondría quebrar la sentencia materia de este recurso, es procedente entrar a estudiar la que no tiene esa connotación pero que el Tribunal en este proceso, aunque no de forma muy categórica, tuvo en cuenta para sostener que la conducta del ex trabajador configuraba competencia desleal. Medios probatorios a los que se refirió en los siguientes términos:

“...Los testigos María Helena Naranjo Jaramillo (fl. 41) y Dione Rocío Urrego (fl. 45) sostienen, como trabajadores al servicio del demandante en el mencionado establecimiento comercial, que aparte de retenedores para automóviles que era en realidad su principal objeto comercial también se expendían tacones de cobre, orren (sic) de caucho “otros repuestos”; y no sólo en Medellín sino también en Cali, Cúcuta, Barranquilla y Cartagena.

“En la demanda el demandante afirma que como vendedor “debía viajar por las diferentes ciudades del país” (hecho 1º y 2º)” (cuaderno de primera y segunda instancia, folios 247 y 248)

De lo antes transcrito se colige que de lo resaltado por el Tribunal respecto a la versión de los aludidos declarantes y lo expresado en la demanda, no es posible dar por demostrada la competencia desleal que justificara el despido del actor porque, los primeros, se limitan a relacionar qué productos vendían en el establecimiento del demandante, y en la pieza procesal, que por su oficio debía viajar a distintas ciudades del país. Pero es que además de esos testimonios y mucho menos del escrito demandador puede inferirse que el establecimiento del señor Jairo Villegas Avenia comercializaba la misma línea de productos para automotores que vendía la demandada, como tampoco que éste prevalido de su condición de trabajador desviara o atrajera la clientela de la misma en perjuicio de su empleador.

En consecuencia, el cargo prospera».

EXTRACTOS: «Descendiendo, entonces, al fondo de la acusación formulada en este cargo, hay que empezar por anotar que para establecer cuándo se hace exigible una obligación laboral se tiene que acudir, en primer lugar, a la norma sustancial que la regula y, en segundo término, identificada ésta, determinar, con fundamento en las pruebas allegadas con tal fin, y para el caso específico, en qué fecha ocurrió el supuesto de hecho que consagra la disposición pertinente.

Quiere decir lo anterior que cualquier discusión relativa a la estructuración o no de una prescripción requiere, en aplicación de los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del CPL, fijar, con sujeción a otro precepto legal, cuándo se hizo exigible la “respectiva obligación”, lo que a su vez impone, para esta controversia, analizar si el Tribunal incurrió en error en la inteligencia o alcance de las normas legales citadas, al concluir que ello ocurrió, por tratarse del auxilio de cesantía, a la fecha de terminación del contrato de trabajo.

Planteada la situación así, se tiene que antes de la vigencia de la Ley 50 de 1990 es indiscutible que, al tenor del artículo 249 del Código Sustantivo del Trabajo, la obligación de pagar el auxilio de cesantía se hacía exigible “al terminar el contrato de trabajo”. Empero, esto que era la regla general, en sentir de la Corte, fue modificado al entrar en vigencia la mencionada ley, pues ella estableció, paralelamente al que venía rigiendo hasta entonces, lo que denominó: “El nuevo régimen especial del auxilio de cesantía”, con el que se varió lo relativo al punto que es objeto de análisis en razón a lo que dispuesto en su artículo 99, a saber:

“1ª El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía, por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo (...).

3ª El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en fondo de cesantía que él mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un día de salario por cada día de retardo”.

Y se dio una modificación porque como el concepto de “obligación” es mirado desde la óptica del deudor, se deduce claramente de la regulación transcrita, que en ese nuevo régimen del auxilio de cesantía, la exigibilidad del mismo surge desde el 15 de febrero del año siguiente a aquel en que se realiza su liquidación, la que a su vez es definitiva para esa anualidad; además, si el empleador incumple con esa obligación, incurre en sanción moratoria. Estas circunstancias son las que permiten e imponen a la Sala sostener que cualquier controversia relativa a los términos en que el empleador, que es el obligado, cuantificó para el respectivo año dicha prestación social, deberá plantearse a partir de la fecha antes citada, pues el día 14 de ese mes es el límite que éste tiene para depositar la cantidad correspondiente en el fondo de cesantía escogido por el trabajador y no incurrir en la sanción anotada. Sanción que se justifica porque existe una obligación a su cargo y no se ha cumplido oportunamente.

(...).

Por lo tanto, en razón hasta lo ahora comentado, ninguna duda queda que el Tribunal interpretó erróneamente los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del CPL, porque la exigibilidad de la obligación y, por consiguiente, el derecho correlativo del actor a reclamar el pago del auxilio de cesantía en los términos por él solicitados, no era a la terminación del contrato de trabajo sino a partir de la fecha en que la demandada, con sujeción a los artículos 1º y 3º del Decreto 1176 de 1991 en concordancia con el parágrafo del artículo 98 de la Ley 50 de 1990, debía liquidar en forma definitiva el valor que por concepto de esa prestación social le correspondía al actor».

(Sentencia de casación, febrero 19 de 1997. Radicación 8202. Magistrado Ponente: Dr. Fernando Vásquez Botero).

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