Sentencia de tutela 821 septiembre 20 de 1993 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

LISTA DE DEUDORES MOROSOS

SU PUBLICACIÓN VIOLA DERECHOS FUNDAMENTALES

EXTRACTOS: «La Corte Suprema de Justicia encuentra la existencia de una relación de subordinación entre los consejos o juntas de administración de las unidades residenciales o multifamiliares (como las de los edificios de propiedad horizontal o de condominio, o conjuntos residenciales, etc.) y los propietarios o beneficiarios directos de administración, cuando se genera una vinculación de sujeción o acatamiento que, en el campo jurídico, consiste en la obediencia a los reglamentos generales y las decisiones e instrucciones particulares pertinentes, correspondientes a dichos consejos o juntas directivas; y que, en el campo administrativo, se refleja en el sometimiento a las regulaciones jurídicas y materiales de la organización, dirección, funcionamiento y control administrativo pertinente, que, desde luego, hacen cumplir por medio de personal subordinado o no (vigilancia privada o pública), que emplean para tal efecto.

Por esta razón, tales organizaciones privadas son igualmente obligadas a acatar la Constitución y respetar los derechos fundamentales, so pena de ser forzadas a su cumplimiento y de resultar responsables de su amenaza o violación (arts. 95, 4º y 6º Constitución Política y 42, numeral 4º D.R. 2591 de 1991).

1.2 Ahora bien, los particulares gozan de un derecho fundamental a “su intimidad personal y familiar y a su buen nombre” frente a todos, de tal manera que el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar; así como igualmente gozan del derecho a la inviolabilidad de la correspondencia (art. 15 Constitución Política).

1.2.1 Pues bien, tales derechos tienen carácter fundamental precisamente por su relación con la personalidad jurídica de los sujetos de derecho, por cuanto al facilitar el desarrollo de la privacidad y de la comunicación interpersonal, permiten así mismo el desarrollo digno de la persona.

1.2.1.1 De allí que el derecho a la intimidad otorgue facultades para mantener, individualmente o a un cierto grupo de personas (v. gr., la familia, amigos o allegados), el conocimiento en esas esferas de todos aquellos aspectos de carácter personal individual (v. gr. emotivos, de salud, corporal, sexual, intelectual, conductual, social, moral, etc.) familiar (v. gr. de relación de pareja, funcionalidad familiar, higiene, etc.), o de carácter patrimonial (v. gr. relativos al comportamiento del patrimonio personal o familiar, o al respeto al patrimonio ajeno); impidiendo, desde luego, el conocimiento, la investigación, la divulgación y la explotación por los demás. De allí que dentro de este derecho quede comprendida la facultad de una persona a mantener en reserva la situación jurídica de mora de una obligación determinada, porque si bien es cierto que una obligación determinada no tiene el carácter de derecho fundamental (ni por el crédito, ni por la deuda), no es menos cierto que los deudores, aun siéndolo, tienen el derecho a que se les guarde la reserva de su situación morosa por la “conservación del buen nombre”, salvo que el ordenamiento jurídico no se lo garantice porque él mismo facilite la divulgación (v. gr. como ocurre en las acciones judiciales). Es decir, los acreedores pueden hacer uso de las facultades extrajudiciales y judiciales que la ley les autoricen expresamente, las cuales siempre dejan a salvo la dignidad de la persona. Porque el crédito ya no genera, como fue en época primitiva, una relación personalizada que le permitía al acreedor llevar a la esclavitud o a penas personales a su deudor (v. gr. como los restrictivos de la libertad personal o de locomoción), sino una relación predominantemente patrimonial pero reglada por el derecho. De allí que constituye un abuso del acreedor, so pretexto del cobro de su crédito, acudir a acciones u omisiones que, por no estar autorizadas por la Constitución y la ley (aunque aparentemente lo estén por reglamentos, estatutos o decisiones particulares), amenazan o quebrantan la intimidad; tal como ocurre con las divulgaciones deshonrosas de su situación económica. Y con ello también se deteriora el buen nombre que un deudor haya podido consolidar como parte de su dignidad, y más aún, puede llegar a afectar su honra patrimonial, esto es, puede deteriorar la valoración que las demás personas le tenían en cuanto a la correcta dirección y administración de su patrimonio y relaciones patrimoniales. Sin embargo, será la situación concreta la que permita establecer el respeto, o la amenaza o la violación de alguno o de todos los derechos fundamentales mencionados.

1.2.1.2. Así mismo, la inviolabilidad de la correspondencia es igualmente una garantía al derecho intrínseco de toda persona a comunicarse individual o socialmente por este medio, y que comprende no sólo la facultad a hacerlo sino a que no se impida, interfiera, fiscalice, registre, conozca, divulgue o bien obstruya o perturbe el transporte que arriesguen la llegada de la correspondencia a su destinatario, salvo los casos en que por razones de orden público superior, se carezca de alguna de estas facultades. De allí que, careciéndose de autorización para ello, resulta pertinente el respeto por dicho derecho.

1.2.2 De otra parte, como se trata de derechos absolutos, que deben ser respetados por todos y, por consiguiente, no pueden ser amenazados o violados por ellos, se concluye en que también ello es predicable de las organizaciones privadas.

1.2.2.1 Esto obedece, en efecto, a que el ejercicio de potestad o poder de subordinación debe respetar tales derechos. Pero ello no acontece con la práctica, usual por cierto pero injurídica (por inconstitucional) de la divulgación pública de la situación de morosidad de algunos deudores mediante la fijación en lugar público de “lista de deudores morosos” o una lista que, sin el mencionado título, divulgue ante el público la mencionada situación. Porque tal divulgación, en primer término, no está autorizada expresa, ni tácitamente por la ley; y, en segundo lugar, tampoco se encuentra permitida como medio de cobro de coactivo para el pago de un crédito. Ni ella, en sí misma, persigue guardar el respeto por la dignidad de la persona. Por el contrario, con esta “lista de deudores morosos” hecha al público en general, no se persigue otra cosa que dar a conocer esa “situación de morosidad” para cambiar la opinión pública de la situación precedente de “deudor cumplido o correcto en el cumplimiento”, o bien puede perseguir la reafirmación de su reiterada calidad de “moroso”. En una y otra forma, se pretende entonces afectar el buen nombre de una persona, cambiando el concepto de persona cumplidora que se tenía por el de persona morosa, o agravando el concepto de persona morosa que se tenía por el de persona morosa reiterada o definitivamente incumplida. Luego, en el fondo se trata de una “lista de deudores morosos”, que tiene los siguientes agravantes: Es negra, porque persigue manchar el buen nombre de las personas, en los términos indicados. Es abiertamente abusiva, porque se produce sin siquiera existir apariencia de una función pública que la respalde, como quiera que su origen es privado e ilícito. Y es insólita, porque se produce a sabiendas del daño público casi irreparable (por lo menos temporalmente) que se genera. Por lo tanto, dicha lista constituye, en sí misma, la violación deshonrosa de la intimidad y el empleo del escarnio público para la deshonra patrimonial. Luego, en el fondo se desatienden los medios legales de persecución patrimonial a los deudores, para acudir en su lugar a la imposición, sin potestad constitucional para hacerlo, de una sanción privada restrictiva de tales derechos. Y lo mismo puede decirse de la acción u omisión obstructiva del manejo de la correspondencia, que amenaza o suprime la llegada a su destino.

1.2.2.2 Luego, corresponde a tales entidades, antes que amenazar o violar tales derechos fundamentales, acudir a los medios legales para hacer cumplir dichas obligaciones civiles. Pero también, se debe señalar que correlativamente cabe a los subordinados el cumplimiento de sus obligaciones frente a las organizaciones privadas, así como acudir a las acciones legales que otorga la ley para reclamaciones y soluciones de conflictos pertinentes (como los que suelen presentarse sobre tal o cual gestión administrativa). Esto es, ante conflictos o diferencias entre administraciones y administrados, estos últimos carecen de la facultad de abstenerse de pagar, sino que, por el contrario, tienen el deber de proceder a la cancelación y, si fuere el caso, tienen la facultad de acudir a los medios legales de control y de reclamación de responsabilidad administrativa. Pero ante la primera actitud del particular de abstenerse de pagar, que por sí misma puede ser real o aparentemente ilegal, arbitraria o injusta y, en todo caso, reprochable al menos; no puede inferirse que el consejo o junta administradora se encuentra autorizado, en ejercicio de su poder dominante, para desconocer, también arbitrariamente, los derechos fundamentales de los administrados, sino que es preciso acudir a las vías legales indicadas. En otras palabras, una eventual arbitrariedad o ilegalidad no autoriza su supresión mediante otra arbitrariedad o ilegalidad, sino sencillamente legítima al primer afectado para que acuda a las acciones legales del caso.

2. Pasando al caso de autos, para la Sala, no cabe duda que entre el consejo de administración del conjunto residencial y la accionante existe la relación de subordinación, en cuya ejecución, mediante la cartelera de “deudores morosos” se lesionan, como se dijo anteriormente, el buen nombre y la honra del accionante, como derecho de su esfera personal, y mediante actos de obstrucción de su correspondencia, se amenazan, como arriba quedó dicho, aspectos de su inviolabilidad. Luego, con tales acciones se incumple el respeto que corresponde a cada persona como consecuencia del reconocimiento de su dignidad.

Lo anterior quedó ampliamente demostrado ya que entre otras cosas, resultan muy expresivas las fotografías allegadas, (cdno. Corte). En consecuencia esta corporación deberá revocar el fallo impugnado para tutelar el derecho a la honra, al buen nombre y a la intimidad de la solicitante».

(Sentencia de tutela, septiembre 20 de 1993. Expediente 821. Magistrado Ponente: Dr. Pedro Lafont Pianetta).

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