Sentencia 8210 de abril 10 de 1997 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejero Ponente:

Dr. Julio E. Correa Restrepo

Ref.: Expediente 8210

Actor: Miguel Bonilla Mesa

Impuestos aduaneros

Fallo

Santafé de Bogotá, D.C., a diez de abril de mil novecientos noventa y siete.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala. Precisa la Sala, que el actor no alega violación por parte de la administración de las disposiciones aplicadas en el sub exámine, que regulan la declaratoria del abandono legal de las mercancías y/o su rescate mediante la presentación de la declaración de legalización, esto es, no efectúa cargos sobre la forma. En que tal ordenamiento fue observado por la administración. Solicita es, la inaplicación de dichas normas por entender que frente a ellas, particularmente sobre el artículo 82 del Decreto 1909 de 1992, debe aplicarse la excepción de inconstitucionalidad prevista en el artículo 4º de la Carta.

En relación con la pretendida excepción, a juicio de la Sala, resulta equivocada la perspectiva otorgada por el tribunal, en el sentido de que el derecho de petición ejercitado por el actor no es el camino idóneo para hacer valer la excepción de inconstitucionalidad, pues ésta debió hacerse dentro del proceso en el cual se aplicaron las normas, y por ello no analizó de fondo si existía o no el medio exceptivo.

Posición que no comparte la Sección, toda vez que tal limitación procesal no tiene fundamento jurídico alguno, ya que la solicitud del actor no era de aquéllas que sólo dan lugar a una simple respuesta, sin originar una verdadera actuación, sino que con ella inició un procedimiento o trámite administrativo, puesto que el importador acudió al derecho de petición a efecto de definir intereses o derechos particulares que debían ser presentados ante la administración para obtener una decisión sobre ellos y además, porque el acto que declaró el abandono fue revocado por la propia administración, y en tales condiciones no era demandable.

En este orden de ideas, debe determinar la Sala la procedencia de la aplicación al sub lite, de la excepción de inconstitucionalidad del artículo 82 del Decreto 1909 de 1992, solicitada por la parte actora, a efecto de obtener decisión favorable a la petición de devolución de dineros cancelados por concepto de multas aduaneras.

La excepción de inconstitucionalidad prevista en el artículo 4º de la Carta, consiste en la inaplicación efectuada por funcionario administrativo o judicial, de las disposiciones que regulan el asunto concreto sometido a su consideración, por estimarla abiertamente inconstitucional, para en su lugar, proferir su decisión con fundamento en la norma constitucional.

El tratamiento de excepción procede entonces, en los casos de manifiesta incompatibilidad entre preceptos legales u otras normas jurídicas y los constitucionales. Para que haya aplicación prevalente de las normas de la Carta, ésta como determinante de la normatividad inferior, debe regular la situación en forma diferente a la señalada por la disposición de rango inferior, por lo que la excepción no se contrae a la simple inaplicación de la norma incompatible, sino que además el asunto queda gobernado por el canon constitucional que se aplica preferentemente.

Mediante tal mecanismo deja de aplicarse la norma

inconstitucional en un caso concreto, por lo que su efecto no es genérico sino específico para el asunto y se agota con la decisión. Así mismo presupuesto de su procedencia, es que no medie sentencia que declare la inexequibilidad o ilegalidad de la norma inferior y su inaplicación no conlleva los efectos de retirarla del ordenamiento jurídico, pues tal función corresponde a los organismos judiciales competentes, en desarrollo de las acciones pertinentes.

Se observa que si bien la norma cuya inaplicación solicita el actor no se encuentra vigente actualmente, por haber sido modificada por el Decreto 1672 de 1992, artículo 4º, debe analizarse su inaplicación al sub lite, como quiera que su derogatoria no afecta las situaciones por ella gobernadas, máxime si se tiene en cuenta que por tratarse de normas sancionatorias, su observancia resulta obligatoria en relación con hechos ocurridos bajo su vigencia.

Precisado lo anterior, sobre el abandono de mercancías, relevante por abarcar la situación que se debate, cabe señalar, que de conformidad con el artículo 18 del Decreto 1909 de 1992, los responsables de la obligación aduanera cuentan con un plazo para la legalización y levante de las mercancías almacenadas en los sitios autorizados por la DIAN, de dos meses a partir de su introducción al país. Vencido tal lapso, pueden ser declaradas en abandono a favor de la Nación.

El abandono es una figura jurídica que consiste en una sanción administrativa de carácter pecuniario, originada en la inercia o inactividad del interesado, que oportunamente no obtiene la autorización legal de levante.

Expedido el acto administrativo de declaración de abandono legal de mercancías, y siempre y cuando éste no se encuentre ejecutoriado, para su rescate por parte del importador, debe satisfacerse una multa del 30% ó del 50% de su valor, de acuerdo con el estado jurídico de las mercancías, según lo prevé el artículo 82. Ib. y sin perjuicio del pago de los tributos aduaneros.

Respecto del contrabando, con la expedición del Decreto 1750 de 1991, se suprimió la naturaleza penal de las conductas que infringen la legislación aduanera, otorgándoles carácter de infracción administrativa, frente a la cual procede, entre otros, el decomiso de las mercancías como consecuencia del ingreso ilegal de las mismas. Situación diferente es la consagración de la posibilidad de su rescate, previo pago de las multas que el ordenamiento consagra.

Según el actor, el artículo 82 del Decreto 1909 de 1992 viola los principios de igualdad y equidad, pues trata de la misma forma las figuras del contrabando y el abandono de mercancías, posición de la que disiente la Sala, toda vez que el artículo no equipara jurídicamente las dos conductas, ni consagra una regulación diferenciada para el mismo asunto. Por el contrario, como se anotó, la norma distingue una infracción de la otra y establece un tratamiento jurídico propio para cada una de ellas.

Si contrario a lo afirmado por el apelante, tales instituciones siguen su propia regulación, no es del caso entrar al análisis más detallado de cada de una (sic) de tales infracciones y de las consecuencias jurídicas que de ellas se derivan, toda vez que no es posible efectuar el cotejo en la forma como lo hace el actor, como quiera que la contrariedad debe surgir de la comparación objetiva entre la norma inferior con las constitucionales. De manera que las contradicciones que sólo puedan apreciarse a través de un silogismo mediante la comparación de varias normas del mismo rango legal, no permiten dar aplicación a la excepción de inconstitucionalidad.

Así mismo, efectuada la confrontación jerárquica, no existe vulneración del derecho a la igualdad ante la ley por cuanto la normatividad existente para los eventos de abandono de mercancías es de carácter general y de obligatorio cumplimiento y aplicación para todas las personas que se encuentran en la situación descrita en los artículos 18 y 82 del decreto, esto es, para todos los responsables que no efectúen en el tiempo señalado, el levante de las mercancías.

De otra parte, no resulta válida la alegada violación del artículo 58 de la Carta, equivocadamente citado como 57, por cuanto éste regula una materia distinta a la de litis, ya que el cargo se refiere a la expropiación por vía administrativa y no están comprendidas dentro de este canon las multas, o sanciones que se derivan del incumplimiento de las obligaciones que la ley impone a los administrados.

Finalmente debe observarse, que no se trata de una sanción que pueda calificarse de injusta por lo elevado de su monto o por falta de causa jurídica, por lo que mal puede pretenderse que para efectos de su cuantificación se desconozcan los parámetros fijados en el ordenamiento, para ser tasada con base en factores no contemplados allí.

Adicionalmente, precisa la Sección que la referencia a los artículos de la Constitución que cita el recurrente para cuestionar el monto de la sanción por rescate y reclamar la devolución de los dineros cancelados por tal concepto, no es válida en términos generales, ya que a través de los actos enjuiciados no se impuso carga tributaria o sanción al actor, sino que se decidió una petición de devolución.

Petición que además, no fue sustentada, ni encaja en las causales de devolución previstas en la normatividad que establece los presupuestos y requisitos de las devoluciones.

Por las razones precedentes, la Sala procederá a confirmar la sentencia apelada.

(...).

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