Sentencia 8235 de octubre 24 de 1994 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

SOLICITUD DE INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS

EXTRACTOS: «Desde la vigencia de la Ley 167 de 1941, con la acción de plena jurisdicción (similar en sus alcances y fines a la de restablecimiento del art. 85 del Decreto 01 de 1984 y de nulidad y restablecimiento del Decreto 2304 de 1989), la jurisprudencia y la doctrina han sido unánimes en sostener que por su vía la persona afectada como un acto administrativo ilegal no sólo puede pedir su nulidad sino el restablecimiento de su derecho, en el cual pueden encajar, fuera de ciertas prestaciones “in natura” o en especie, el reconocimiento de los perjuicios causados con el mismo.

Esto ha permitido a la jurisprudencia sostener que las acciones de responsabilidad estatal no son únicamente las de reparación directa y contractuales, sino que dentro del género caben las de nulidad y restablecimiento reguladas en el art. 85 del CCA.

Al hablar de que esta última acción es una típica acción de responsabilidad estatal, en la cual se puede pedir la nulidad del acto y la indemnización de los perjuicios que cause, y que este alcance lo tiene desde la Ley 167 de 1941 (art. 67), no se está convirtiendo ésta en una acción mixta (nulidad con restablecimiento y reparación directa), porque desde ese entonces se ha distinguido con toda nitidez que uno es el perjuicio que se deriva del acto administrativo como consecuencia de una ilegalidad y que debe reclamarse por la acción de restablecimiento, y otro el que deviene de un hecho, omisión u operación administrativa, que debe pedirse a través de la reparación directa, sin que por el hecho de que en ambas se puedan reclamar la indemnización de perjuicios pueda hablarse de una misma y única acción de responsabilidad estatal.

Cabe recordar que para los efectos de la acción de reparación directa la operación administrativa hace referencia a los actos materiales o medidas de ejecución de una decisión administrativa.

En otros términos, la jurisprudencia (por lo menos desde la Ley 167/41) no ha aceptado que cuando el acto produce perjuicios al administrado, éste tenga que demandar primero, en acción de restablecimiento, la nulidad de éste y luego reclamar, por la vía de la reparación directa, los perjuicios causados por el mismo.

No; este no es el alcance de la jurisprudencia, la cual ha sido clara en definir las acciones de responsabilidad por la índole de la fuente generadora del perjuicio y no por el perjuicio en sí mismo considerado.

Así, ha reiterado que es acción de nulidad y restablecimiento cuando el daño lo produce un acto; de reparación directa cuando proviene de un hecho o de una omisión; y contractual cuando la causa del perjuicio se derive del contrato».

(Sentencia de octubre 24 de 1994. Expediente 8235. Consejero Ponente: Dr. Carlos Betancur Jaramillo).

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