Sentencia 824 de septiembre 30 de 1999 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

PODER DE POLICÍA LABORAL

EL FUNCIONARIO NO RESUELVE CONFLICTOS PROPIOS DEL JUEZ

EXTRACTOS: «La sociedad Bavaria S.A. fue multada por un valor de cuatro millones novecientos treinta y cinco mil pesos ($ 4.935.000), con fundamento en que se mostró renuente al pago del auxilio escolar, se negó a restituir dineros de hospitalización causados por unos beneficiarios durante el período de huelga de los trabajadores, y se suspendió el servicio médico para los beneficiarios de la sustitución pensional.

Examinados los actos acusados y en especial de los artículos 17, 485 y 486 del Código Sustantivo del Trabajo, se observa que el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social no obró en cumplimiento del poder de policía laboral de que está investido, sino que se excedió en el ejercicio de sus funciones, y por lo tanto actuó sin competencia, pues entró a resolver situaciones que son propias del juez, antes de que sean propias del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social.

Como lo expresa el tribunal, el Ministerio del Trabajo para expedir los actos acusados ha debido previamente entrar a asesorar o a servir de conciliador entre la empresa y los trabajadores, con el objeto de superar los conflictos surgidos con ocasión de las divergencias entre empleador y sus trabajadores.

Ya la Sala ha tenido la oportunidad de pronunciarse al respecto, y fue así como mediante fallo del día 29 de abril de 1999, expediente Nº 613-98 con ponencia del Dr. Javier Díaz Bueno, manifestó:

“Como puede observarse el Ministerio del Trabajo se limitó en la primera resolución a asesorar o a servir de conciliador, ordenando a la empresa cumplir lo pactado con la convención colectiva, so pena de multa, y el segundo acto, que es el acusado, levanta el requerimiento, con base en que la empresa demostró cumplir con sus obligaciones convencionales”.

En el presente caso la multa se impuso sin las formalidades legales, y sin que el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social tuviera competencia para definir derechos individuales.

La Sala estima conveniente reiterar que el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social en ejercicio de la función de policía administrativa relacionada con la vigilancia y control del cumplimiento de las disposiciones relativas a las condiciones de trabajo y protección de los trabajadores, puede imponer multas.

Sin embargo, en desarrollo de dicha función, no puede entrar a dirimir conflictos jurídicos o económicos interpartes.

En el caso presente, al imponer la sanción a la sociedad demandante, parte de la base del incumplimiento de la prestación del servicio médico a los beneficiarios de la sustitución pensional, el no reconocimiento de los gastos médicos efectuados por algunos beneficiarios durante el período de huelga. Es decir, dirime el conflicto jurídico y económico y usurpa funciones del juez laboral.

En efecto, la obligación de cancelar los valores por concepto de hospitalización a beneficiarios de los trabajadores, no la estableció el ministerio, sino que se pactó en convenciones colectivas, y por lo tanto dicha situación puede pretender solucionarse denunciando la convención colectiva para discutirse en otra distinta, o aun acudiendo en demanda ante el juez laboral ordinario, por estimar que esta obligación así no debe interpretarse o existir.

Los conflictos económicos deben discutirse mediante el arreglo directo, y se repite, planteándose con claridad en el momento señalado por la ley, y siempre buscando la participación de la voluntad de la otra parte, para evitar la imposición o decisión unilateral, o en caso de que se trate de un conflicto jurídico, buscando la decisión judicial del juez ordinario laboral.

Precisamente, la ley en vista de que una de las partes de la relación, por su preeminencia y poder de dominio puede imponer condiciones onerosas o de desventaja a la otra parte, ha creado autoridades investidas del poder de policía para que colaboren y propendan por conciliar, pero se reitera, tratándose de autoridades administrativas, carecen de competencia para solucionar conflictos propios del juez laboral.

De tal manera que si solicitadas las explicaciones de su comportamiento a la parte empleadora, y ésta a pesar de la comunicación o invitación a reaccionar proporcional y adecuadamente a la causa o causas generadoras de la inconformidad, no responde o soluciona dichas situaciones surgidas con ocasión de la decisión unilateral, la policía laboral no puede entrar a decidir la litis surgida.

Insiste la Sala que tratándose de hechos como los debatidos en el proceso, una sola de las partes del contrato colectivo o convención colectiva, no puede entrar a decidir unilateralmente, y menos el Ministerio de Trabajo puede sancionar a una de ellas, pues dicho debate y decisión no pueden tener como escenario la imposición de la voluntad de una autoridad de policía, porque es precisamente el juez ordinario laboral quien debe entrar a decidir en definitiva».

(Sentencia de septiembre 30 de 1999. Expediente 824-99. Consejero Ponente: Dr. Javier Díaz Bueno).

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