Sentencia 8247 de marzo 29 de 1996 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

DESPIDOS AUTORIZADOS POR LA MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

SE APLICA INDEMNIZACIÓN CONVENCIONAL Y PENSIÓN SANCIÓN

EXTRACTOS: «Inicialmente, se precisa que no se controvierte el hecho de que la desvinculación de la demandante, señora Marina Esther Pertuz Fontalvo, obedeció a que la labor por ella desempeñada fuera suprimida con motivo de la reestructuración de la Caja Agraria mediante los Decretos 2138 de 1992 y 619 de 1993, en desarrollo del artículo transitorio 20 de la Carta Política, sino que el fenecimiento del vínculo contractual mediante esa causa legal origina para el actor derecho a la indemnización convencional y a la pensión sanción.

La sentencia acusada denegó las súplicas de la accionante con el argumento de que “...el Decreto 2138 de 1992 al igual que los demás dictados en desarrollo del mismo, consagran una causa legal de terminación del vínculo laboral en cumplimiento del mandato constitucional, no pudiéndose predicar el despido injusto ni quebranto de la normatividad tanto legal como convencional”; y que aquí

...“se descarta la posibilidad de acudir para explicar esta situación excepcional y sin antecedente legal alguno en el país, a encajar dentro de motivos y causales preexistentes en la normatividad ordinaria vigente, esta forma de terminación del vínculo laboral que podría llamarse sui géneris por la excepcionalidad de la situación a que se aplicaba.

Puede decirse entonces que en el Decreto 2138 de 1992 al igual que en todos los demás de su misma clase se consagró una causal legal de terminación del vínculo laboral en cumplimiento de un mandato constitucional, que no es justa causa por ser un mandato legal.

Durante el lapso de 18 meses y para la terminación de los vínculos laborales como resultado única y exclusivamente de la reestructuración de la Caja Agraria la normatividad aplicable no es la común y ordinaria, como lo es el Decreto 2127 de 1945 o la convención colectiva, sino el Decreto 2138 que regula en su integridad estos aspectos” (las subrayas no son del texto).

Y luego de otras consideraciones, concluye:

“...mal puede considerarse como terminación injusta de un contrato de trabajo la que se hace por obedecimiento a una disposición legal y a la propia Constitución Nacional...” (subrayamos).

Frente a lo anterior, se tiene que no obstante que el ad quem admitió que el contrato de trabajo que unió a las partes finalizó “por una causal legal” y que “no es justa causa”, concluyó que, dadas las condiciones sui géneris creadas por la señalada disposición transitoria de la Constitución y las normas que la desarrollan, no debían aplicarse en este caso los preceptos legales y convencionales reguladores de la desvinculación sin justa causa.

Sobre esta forma de finalización del vínculo contractual laboral, ya ha tenido oportunidad la Corte de manifestarse al examinar otros casos análogos, para cuya definición ha memorado innumerables pronunciamientos en los cuales ha hecho clara diferenciación entre el despido autorizado legalmente y el despido con justa causa, haciendo ver que no siempre el primero obedece a uno de esos determinados motivos específicos que, en el orden de la justicia, sirven de fundamento a la extinción unilateral del contrato y que se denominan “justas causas”, como son, en tratándose del trabajador oficial, las que establecen los artículos 16, 48 y 49 del Decreto 2127 de 1945 y no otras, porque a los demás modos de terminación del contrato de trabajo no les da la ley esa forma de denominación.

Como en los casos anteriores debe la Sala advertir, según lo que viene de expresarse, que cuando se hace referencia al despido sin causa justa, no se excluye al que opera por decisión unilateral del empleador con autorización legal, distinto al previsto por una de las justas causas de despido, porque no se puede equiparar la legalidad de la terminación del vínculo con el despido precedido de justa causa. De tal suerte que aun cuando, para el sector oficial, el artículo 47 del Decreto 2127 de 1945 establece los modos de finalización del vínculo laboral, y para el sub examine los Decretos 2138 de 1992 y 619 de 1993 permitieron la supresión del cargo y consiguiente desvinculación, únicamente constituyen justa causa, como ya se expresó, las consagradas en los artículos 16, 48 y 49 del mismo Decreto 2127, aludidas también en el literal g del citado artículo 47.

Ya la Corte, en procesos similares, ha interpretado que el propósito, entre otros, del artículo transitorio 20 de la Constitución Nacional, es el de reestructurar las entidades de la rama ejecutiva, los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales y las empresas de economía mixta del orden nacional, pero ello no significa que la normatividad producida para ese efecto haya derogado, para los trabajadores vinculados a la correspondiente actividad económica, el régimen común de indemnizaciones laborales dentro del cual se encuentra, incluso, la pensión proporcional de jubilación. Vale decir que, en cuanto hace con la Caja Agraria, los Decretos Ejecutivos 2138 del 30 de diciembre de 1992 y 0619 del 30 de marzo de 1993, este último aprobatorio de los Acuerdos 895 y 896 del 29 de diciembre de 1992 y 10 de febrero de 1993, respectivamente, emanados de la asamblea general de accionistas de la mencionada entidad, no obstan para que se apliquen la indemnización convencional prevista para el caso de terminación del contrato de trabajo por decisión unilateral de la empleadora, sin justa causa, ni la pensión sanción también consagrada legalmente para la misma eventualidad, con más de diez años de servicio.

Advierte también la Corte, que sería inaceptable que para la reorganización de una empresa oficial, en hipótesis semejante a la de autos, como es la prevista por el literal f, del artículo 47 del Decreto 2127 de 1945, el Estado, a quien corresponde dar especial protección al trabajo por mandato de los artículos 25, 53 y 54 de la Carta Política, actuando como tal y al mismo tiempo como empleador, pudiera arrogarse la facultad de disponer, no ya de manera general sino para el caso específico y en su propio provecho, que la terminación de los contratos de determinados trabajadores, provocada por su iniciativa y producida por su voluntad, quedase excluida de las reglas generales sobre indemnización de perjuicios y de pagar la pensión sanción al trabajador desvinculado con más de diez años de servicio, consagrada en el artículo 8º de la Ley 171 de 1961 y en el artículo 74 del Decreto 1848 de 1969, la que sólo se pierde cuando el despido se funda en justa causa y no cuando la terminación unilateral tiene su basamento en esta causa legal.

Fluye de lo precedente que en efecto, el sentenciador colegiado incurrió en las infracciones que señala la censura, abriéndose paso el desquiciamiento del fallo acusado.

Consideraciones de instancia

No obstante que el alcance de la impugnación abarca todas las pretensiones subsidiarias del libelo introductor, debe interpretarse, por la vía escogida en la formulación del cargo, y lo expuesto en el desarrollo de éste, que “se limita el petitum al reajuste de la indemnización por decisión unilateral de la empleadora para la terminación del contrato, al reconocimiento de la pensión sanción y de la sanción moratoria, para lo cual se hacen las siguientes consideraciones:

De folios 21 a 69 obra en los autos la convención colectiva de trabajo, suscrita por la demandada con su sindicato de empresa, el 18 de marzo de 1992, con vigencia de dos años, y aparece la constancia sobre el depósito oportuno ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En el artículo 4º dispone su aplicación “a todos los trabajadores de la Caja” vinculados en aquel momento, con excepción de algunos altos empleados taxativamente determinados. En el artículo 45, consagra la indemnización a que tiene derecho el trabajador en caso de despido sin justa causa.

El artículo 11 del Decreto 2138 del 30 de diciembre de 1992 estableció una indemnización para aquellos trabajadores a quienes se les suprimió el cargo con motivo de la reorganización de la Caja Agraria, la cual es incompatible con “las indemnizaciones legales o convencionales establecidas por la terminación unilateral y sin justa causa de los contratos de trabajo de los trabajadores oficiales”, según lo preceptuado en el artículo 13 ibídem.

Como la demandada reconoció esta última indemnización a la accionante, y ella es inferior a la prevista en el artículo 45 de la convención colectiva, ha de concluirse que, si bien no hay lugar a las dos indemnizaciones, dada la incompatibilidad aludida, no puede pasarse por alto la favorabilidad, consagrada como principio fundamental en el artículo 53 de la Constitución, para concluir, sin duda, que en el caso litigado hay lugar al reajuste de la cantidad pagada al actor por este concepto hasta completar el valor estipulado en el acuerdo colectivo, lo cual equivaldría al reconocimiento de esta última indemnización y no de la primera que no le favorece.

Al fenecimiento del vínculo laboral la empleadora pagó por concepto de indemnización la cantidad de $ 5.469.127 (fls. 12 y 17) y la que corresponde de acuerdo con el artículo 45 de la convención colectiva es equivalente a 887.5 días de salario, vale decir la suma de $ 7.994.197, o sea que la diferencia entre las dos es de $ 2.525.070 a la cual tiene derecho la actora por concepto de reajuste, con la correspondiente indexación que es de $ 773.933.95.

Cuanto a la pensión sanción, el criterio de la Corte es el de que cuando la ley se refiere a la ausencia de justa causa en el despido, como uno de los elementos generadores de la jubilación restringida, no puede entenderse que la simple manera de terminación por causa autorizada legalmente equivalga a la justa causa, por cuanto ya se ha visto que justa causa y modo legal son cosas distintas en esencia. (Pueden consultarse sobre el particular, entre otras, las sentencias del 19 de noviembre de 1993, Rad. 6227, y del 11 de junio de 1990 con Rad. 3790).

Se admite, por tanto, que tiene derecho la demandante al reconocimiento de la pensión-sanción consagrada en los artículos 8º de la Ley 171 de 1961 y 74 del Decreto Reglamentario 1848 de 1969, a partir de la fecha en la cual llegue o haya llegado a la edad de cincuenta años con posterioridad al despido o a partir de la fecha de éste si para entonces ya los había cumplido.

El valor inicial de la pensión, calculado en la proporción correspondiente, es de $ 162.248.41 mensual y sobre esta cifra deben hacerse los reajustes legales pertinentes.

Indemnización moratoria. 

Puesto que la Caja pagó a la demandante, en su oportunidad, la suma que consideró deber por concepto de la indemnización por terminación del vínculo laboral, calculándola conforme al Decreto 2138 de 1992, no hay lugar a la sanción por mora prevista en el Decreto 797 de 1949.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia impugnada, en cuanto absolvió de pagar el reajuste de la indemnización por fenecimiento unilateral del contrato de trabajo y la pensión sanción, así como en lo resuelto sobre costas; no la casa en lo demás. En sede de instancia, revoca la de primer grado en cuanto accedió a las peticiones principales de la demanda sobre las cuales absuelve a la opositora; en su lugar, resuelve: Condénase a la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero a pagar a la demandante Marina Esther Pertuz Fontalvo la cantidad de $ 2.525.070, más indexación por valor de $ 773.933.95, por concepto de reajuste de la indemnización por despido; y a pagarle la pensión especial de jubilación, cuya cuantía es inicialmente de $ 162.248.41 mensual, sin perjuicio de los aumentos de ley, a partir del día en el cual la actora haya cumplido o cumpla los cincuenta años de edad con posterioridad a la fecha de terminación del contrato de trabajo, o a partir de esta última, en caso de que acredite haber tenido para entonces cumplida esa edad.

Se imponen a la demandada las costas de la primera y de la segunda instancia. Sin costas en el recurso de casación.

Cópiese, notifíquese, insértese y devuélvase el expediente al tribunal de origen».

(Sentencia de casación, marzo 29 de 1996. Radicación 8247. Magistrado Ponente: Dr. Jorge Iván Palacio Palacio).

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