Sentencia 8252 de mayo 9 de 1997 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejero Ponente:

Dr. Julio Enrique Correa Restrepo

Ref.: Expediente 8252

Actor: Antioqueña de automotores y repuestos, Andar S.A.

Apelación de la sentencia del 24 de octubre de 1996. Tribunal Administrativo de Antioquía, Ventas V bimestre de 1989.

Santafé de Bogotá, D.C., nueve de mayo de mil novecientos noventa y siete.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

El rechazo de los impuestos descontables por valor de $435.411, a pesar de estar demostrada su existencia obedeció, según se expresa en el requerimiento oficial, “...que el ingreso es originado en la venta de mercancía en consignación, y que por lo tanto la sociedad no puede solicitar unos costos y gastos que no tienen relación de causalidad con la actividad productora de renta, artículo 107 del estatuto tributario. En consecuencia si no tiene derecho al gasto o costo, no procede el impuesto descontable”.

“En la modalidad de la mercancía en consignación o contrato estimatoria la sociedad incurre en otros gastos que sí guardan relación de causalidad y que por lo tanto es procedente su deducibilidad tales como: revisión general o peritazgo a los vehículos que entran en consignación, lubricantes y gasolina, limpieza y brillada, costo de bodega, de seguridad, etc. Se anota además que bajo esta modalidad de consignación, si la mercancía no se vende el consignante o dueño la retira así mismo los gastos de reparación y repuestos corren por cuenta y riesgo del consignante o dueño más no del consignatario o simple intermediario entre el vendedor y el comprador”.

Para la Sala es evidente que el impuesto descontable correspondiente a la reparación y repuestos de vehículos usados fue rechazado por la administración al entender que tal gasto no tenía relación de causalidad con la renta, al estimar que el mismo debía corresponder exclusivamente al consignante del vehículo y no al consignatario.

En el título XVI del Código de Comercio, regula la ley el contrato de consignación o estimatorio, y señala básicamente los elementos determinantes o primordiales del contrato pudiendo las partes convenir otras cláusulas y obligaciones que estimen necesarias, mientras no sean contrarias o no estén prohibidas por las normas que regulan el respectivo contrato.

El artículo 1377 ibídem, contempla como elemento de este contrato: el personal o sea existencia de dos sujetos, el uno llamado consignante, que entrega mercancías de su propiedad a otro que las recibe (consignatario), y se obliga a venderlos, (objeto) el precio, que es el valor que el consignatario debe entregar al consignante, y la causa que es el acuerdo de voluntades en tal sentido. Se observa además que es un contrato consensual, que se perfecciona, por el simple acuerdo entre las partes.

Prevé, especialmente la ley que el consignatario tiene derecho a hacer suyo el mayor valor de la venta de la mercancía objeto del contrato, y le establece la obligación de pagar al consignante, el precio, no sólo de los bienes que haya vendido sino de aquellos que no le haya devuelto al vencimiento del plazo, o en su defecto, del que resultare de la costumbre.

Entonces si el consignatario, salvo estipulación en contrario, está facultado para vender las cosas a un precio mayor que el prefijado, lógicamente está autorizado para efectuar las conductas que se requiera para tal efecto como son las de arreglar o mejorar la cosa recibida de manera tal que quede habilitada para desempeñar el uso o trabajo que le es propio, e incluso, aquellos que la hagan más atractiva frente a la posible clientela.

Si en virtud del contrato el consignatario puede hacer suyo el mayor valor de la venta y si para lograr éste debe realizar actividades que suponen gastos como es la reparación y adición de repuestos y piezas, tales erogaciones no sólo son necesarias sino que tienen relación causa efecto con el ingreso en la medida que permitan que el bien no sólo se venda, sino que se enajene por un precio mayor al prefijado, diferencia ésta que constituye para el consignatario la base gravable con IVA por el servicio prestado (arts. parágrafo 420, 438, 456 y 457, E.T.).

En efecto dispone el artículo 107 del estatuto tributario:

“Las expensas necesarias son deducibles. Son deducibles las expensas realizadas durante el año período gravable en el desarrollo de cualquier actividad productora de renta, siempre que tengan relación de causalidad con las actividades productoras de renta y que sean necesarias y proporcionadas de acuerdo con cada actividad.

La necesidad y proporcionalidad de las expensas debe detenerse con criterio comercial, teniendo en cuenta las normalmente acostumbradas en cada actividad y las limitaciones establecidas en los artículos siguientes”.

En consecuencia, si el consignatario pagó el IVA por bienes y servicios gravados, que incorporó al bien enajenado, si tiene derecho al descuento conforme lo preceptuado en los artículos, 485, 488 y 496 del estatuto tributario, siempre y cuando los hubiese realizado por su cuenta, pues si quien los sufragó fue el consignante de un activo fijo, no responsable del IVA, el valor del impuesto es llevado al costo y disminuye su ganancia.

Que el valor del impuesto fue pagado y contabilizado por el consignatario es hecho que surge de la propia actuación administrativa que así lo constata en la diligencia de inspección tributaria, y que surge también del dictamen pericial sin que se haya presentado prueba en contra, por parte de la administración que desvirtuara tanto el valor probatorio de la contabilidad, como la presunción de veracidad que ampara la declaración tributaria.

En realidad la administración hubiera podido ejercer su amplia facultad investigativa para establecer, mediante el cruce de las declaraciones de los consignantes, análisis de cuentas bancarias, etc., que lo denunciado por el contribuyente no era cierto, y que los gastos eran imputables a terceros, pues para el efecto no bastaban las apreciaciones referidas sobre el contrato estimatorio, ni la existencia de un formato en blanco aducido como prueba, toda vez que ésta no correspondía a un documento de fecha cierta ni encajaba dentro de ninguno de los medios probatorios señalados en el Código de Procedimiento Civil, no en vano dispone el artículo 742 del estatuto tributario:

“Las decisiones de la administración deben fundarse en los hechos probados. La determinación de tributos y la imposición de sanciones deben fundarse en los hechos que aparezcan demostrados en el respectivo expediente, por los medios de prueba señalados en las leyes tributarias o en el Código de Procedimiento Civil, en cuanto éstos sean compatibles con aquéllos”.

(...).

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