Sentencia 8291 de junio 13 de 1995 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

EJECUCIÓN DE SENTENCIAS

CORRESPONDE A LA JURISDICCIÓN ORDINARIA

EXTRACTOS: «2. En primer lugar, debe la Sala dilucidar si corresponde a esta jurisdicción el conocimiento de la materia objeto de la litis.

Las sentencias contencioso administrativas constituyen el acto final del proceso, y según su naturaleza pueden ser declarativas, constitutivas y de condena; en tratándose de estas últimas, el fallo estimatorio de la pretensión es insuficiente para restablecer el derecho y debe surtirse una fase posterior de cumplimiento o ejecución de las sentencias. Esta fase es ya de orden administrativo y no procesal, por cuanto es la administración la que debe acatar el fallo cumpliendo la determinada obligación o carga que se le ha impuesto y si no lo hace, es posible acudir de nuevo a la acción judicial en orden a obtener coactivamente su cumplimiento.

La Ley 167 de 1941, vigente cuando se produjo la sentencia de nulidad y restablecimiento del derecho emanada de la jurisdicción contencioso administrativa de que trata esta litis, no consagró una efectiva reglamentación sobre el cumplimiento y ejecución de las sentencias. Tan solo dispuso en su artículo 121 que las autoridades administrativas dictarán dentro del término de 30 días, contados desde la ejecución de la sentencia, la adopción de las medidas necesarias para el debido cumplimiento de lo resuelto.

El actual Código Contencioso Administrativo vino a llenar los vacíos e insuficiencias normativas al consagrar expresas disposiciones sobre esta materia, en orden a garantizar un efectivo cumplimiento de las decisiones de condena. Así el artículo 177 de dicho estatuto prevé tanto la ejecución voluntaria por parte de la administración como la coactiva. Respecto a esta última el inciso 4º dispone: “Tales condenas, además, serán ejecutables ante la justicia ordinaria dieciocho (18) meses después de su ejecutoria” (se destaca). Es decir, que la sentencia judicial constituye título ejecutivo cuyo cumplimiento ha de demandarse a través de un proceso ejecutivo ante la justicia ordinaria.

Es cierto que ordinariamente la administración para dar cumplimiento al fallo judicial profiere una resolución (art. 176 CCA), pero es claro que estos actos son de cumplimiento o ejecución del fallo judicial, impugnables ante la justicia ordinaria. Es decir, que el administrado no tendrá que instaurar nuevas e interminables acciones de control de legalidad, sino una acción ejecutiva para el debido cumplimiento de la decisión jurisdiccional.

3. En el asunto sub júdice, pretende el recurrente que se declare la nulidad de las resoluciones proferidas por la entidad demandada, que negaron el reconocimiento de intereses causados por el pago extemporáneo de las indemnizaciones en dinero ordenadas en la sentencia.

Dichas resoluciones se surtieron en fase posterior al fallo con el que culminó el proceso contencioso, y se refieren a solicitudes del actor, quien se encuentra inconforme con la forma como la administración dio cumplimiento a la decisión judicial.

Esas manifestaciones de la administración en ningún momento pueden ser tratadas en forma independiente y separada de la causa real que las motivó. Por lo que el debate acerca de si le asiste o no derecho al censor para reclamar el pago de intereses, es materia propia de la ejecución de la sentencia, y por ende su conocimiento corresponde a la jurisdicción ordinaria, como claramente lo estipula el artículo 177, inciso 4º del CCA.

En un caso similar esta Sección expresó:

“6. conviene señalar además, que cuando el particular considere como en el caso que nos ocupa, que la administración pública no ha dado cumplimiento al fallo de la jurisdicción contencioso administrativa, debe acudir en demanda ejecutiva ante el juez laboral, en primera instancia, y en segunda ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial.

La competencia en este caso la ha fijado la ley en forma expresa en el inciso cuarto del artículo 177 del CCA y para otra clase de condenas, señala el artículo 179 de la misma obra, que se deberá estar a lo dispuesto en los artículos 334 y 339 del CPC.

El artículo 100 del Código de Procedimiento Laboral preceptúa que puede exigirse ejecutivamente “el cumplimiento de toda obligación originada en una relación de trabajo, que conste en acto o documento que provenga del deudor o de su causante o que emane de una decisión judicial”.

7. Sobre la competencia de la justicia ordinaria, ya la Corte Suprema de Justicia, con ocasión de la sentencia sobre la exequibilidad del artículo 16 de la Ley 38 de 1989, dijo al respecto lo siguiente:

“Dicha remisión reitera a la vez, la posibilidad de que las condenas de que se viene hablando, sean ejecutables ante la justicia ordinaria, diez y ocho (18) meses después de su ejecutoria, término suficiente para que la Nación o la entidad de su órbita, cumpla los actos de tipo administrativo previstos en los incisos 1º y 2º del citado artículo 177 del Código Contencioso Administrativo y se eviten así, los sor-presivos embargos de rentas nacionales con los consiguientes desequilibrios fiscales que esta medida cautelar suele originar””. (Sentencia de octubre 4 de 1991. M.P. Diego Younes Moreno. Exp. 3005. Actor: Stella Pinzón de Acuña). El subrayado es el del texto.

Estima la Sala en consecuencia, que tuvo razón el a quo para declararse inhibido para fallar de mérito, por carencia de jurisdicción».

(Sentencia de junio 13 de 1995. Expediente 8291. Consejera Ponente: Dra. Dolly Pedraza de Arenas).

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