Sentencia 8297 de julio 18 de 1997 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO

DEBE HACERSE AL APODERADO RECONOCIDO

EXTRACTOS: «La notificación del acto administrativo como ha precisado esta Sala constituye la forma como se garantiza y materializa el derecho de defensa, toda vez que por medio de ella se informa al interesado de una decisión gubernativa que lo afecta, dándole así la posibilidad de cuestionarla.

Es por ello que todo acto administrativo que afecte los derechos de los administrados directa o indirectamente debe ser notificado a quien indica la ley, y de la forma en ella establecida.

En relación con la obligación de notificar los actos administrativos, y la forma de hacerlo, el Decreto 01 de 1984 previó en sus artículos 44 y 45, de manera general:

“ART. 44.—Deber y forma de notificación personal. Las demás decisiones que pongan término a una actuación administrativa se notificarán personalmente al interesado, o a su representante o apoderado.

Si la actuación se inició por petición verbal, la notificación personal podrá hacerse de la misma manera.

Si no hay otro medio más eficaz de informar al interesado, para hacer la notificación personal se le enviará por correo certificado una citación a la dirección que aquél haya anotado al intervenir por primera vez en la actuación, o en la nueva que figure en comunicación hecha especialmente para tal propósito. La constancia del envío de la citación se anexará al expediente. El envío se hará dentro de los cinco (5) días siguientes a la expedición del acto (...).

Al hacer la notificación personal se entregará al notificado copia íntegra, auténtica y gratuita de la decisión, si ésta es escrita.

En la misma forma ,se harán las demás notificaciones previstas en la parte primera de este código.

ART. 45.—Notificación por edicto. Si no se pudiere hacer la notificación personal al cabo de cinco (5) días del envío de la citación, se fijará edicto en lugar público del respectivo despacho, por el término de diez (10) días, con inserción de la parte resolutiva de la providencia”.

De conformidad con la norma transcrita, la notificación de las decisiones administrativas deben hacerse al interesado, de manera que tratándose de las personas jurídicas tal notificación, ha de realizarse directamente a su representante legal, si el procedimiento gubernativo se adelanta directamente por éste, sin necesidad de abogado, previa citación para que comparezca a notificarse personalmente.

Pero si el interesado constituye apoderado especial para adelantar la actuación administrativa, es a dicho apoderado a quien, una vez reconocido, debe la administración citarlo para efectuarle la notificación personal y solo en el evento de su no comparecencia, proceder a notificarlo por edicto, como disponen los artículos transcritos, en concordancia con el artículo 52 del Decreto 01 de 1984 que exige en su numeral 1º, que el recurso de reposición debe interponerse personalmente y por escrito por el interesado, o su representante o apoderado debidamente constituido(*).

(*) Véase también el auto de la Sección Primera, de julio 4 de 1997, publicado en J. y D., Nº 309, pág. ... (N. del D.).

Por su parte, el artículo 48 del mismo Código Contencioso Administrativo dispone que si la notificación no se efectúa como lo ordena le ley, no se tiene por hecha ni produce efectos jurídicos, y por ende el acto administrativo no es ejecutable, a menos que el interesado, dándose por enterado la acepte, o interponga los recursos legales.

Por lo tanto, en un procedimiento administrativo para el cual se ha constituido un apoderado, el cual ha sido debidamente reconocido y ha ejercido su mandato y la administración lo ha tenido como tal, no puede en la decisión que pone fin a la vía gubernativa, desconocerlo y notificar al gerente de la sociedad, por cuanto aunque éste sigue teniendo la representación legal de la citada persona jurídica, ante la autoridad administrativa constituyó un apoderado especial, el cual continúa siéndolo mientras el poder esté vigente, y si la administración, estando obligada a citar al apoderado reconocido para notificarle la decisión, no lo hace, ésta no produce efectos.

Lo anterior, por cuanto el poder para actuar no se agota con la decisión que ponga fin al procedimiento que es válido para realizar las actuaciones que sean consecuencia de la misma y que se cumplan en el mismo expediente entre ellas, la notificación.

Así las cosas, en el caso que se estudia, a juicio de la Sala, la notificación hecha al representante legal de la sociedad fue irregular y por lo tanto no produjo los efectos jurídicos alegados por la administración, no pudiendo tenerse en cuenta para afirmar la caducidad de la acción.

Por lo tanto es del caso precisar que opera la notificación por conducta concluyente alegada por la parte actora y que por lo tanto no operó la caducidad de la acción, debiendo debe entonces revocarse la sentencia apelada, para proceder al estudio de fondo de las pretensiones formuladas en la demanda».

(Sentencia de julio 18 de 1997. Expediente 8297. Consejera Ponente: Dra. Consuelo Sarria Olcos).

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