Sentencia 832 de julio 10 de 1997 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

PÉRDIDA DE FUERZA EJECUTORIA

DEL TÍTULO EJECUTIVO EN PROCESO DE JURISDICCIÓN COACTIVA

EXTRACTOS: «El artículo 252 del Código Contencioso Administrativo establece que en los procesos ejecutivos por jurisdicción coactiva el trámite de los incidentes de excepción, como el que hoy ocupa la atención de la Sala, se rige por las disposiciones aplicables al proceso ejecutivo del Código de Procedimiento Civil y, reiteradamente esta Sala ha dicho que, tratándose de providencias que conlleven ejecución, en procesos como el presente sólo son admisibles las excepciones señaladas en el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil que en lo pertinente expresa:

“...Excepciones que pueden proponerse (...).

2. Cuando el título ejecutivo consista en una sentencia o un laudo de condena, o de otra providencia que conlleve ejecución, sólo podrán alegarse las excepciones de pago, compensación, confusión, novación, remisión, prescripción o transacción, siempre que se basen en hechos posteriores a la respectiva providencia; la de nulidad en los casos que contemplan los numerales 7º y 9º del artículo 140, y de la pérdida de la cosa debida. Cuando la ejecución se adelante como lo dispone el inciso primero del artículo 335, no podrán proponerse excepciones previas...”.

(...).

La Sala entiende que la ejecutada plantea la excepción de prescripción de la acción ejecutiva pues, al solicitar que se acepten los argumentos expuestos como fundamentos de “la excepción por pérdida de ejecutoria del título” (fls. 66-67), sostiene que dicho medio exceptivo se estructura, entre otras razones (nulidad, irregularidad de efectos legales, caducidad), porque para el momento en que se trabó la relación procesal de cobro coactivo, el término previsto en el artículo 66 del Código Contencioso Administrativo se encontraba vencido.

En caso similar al que se analiza esta Sala expresó:

Pérdida de fuerza ejecutoria de los actos que conforman el título ejecutivo.

Considera el apoderado del señor Hinestroza que el lapso previsto por el artículo 66 del Código Contencioso Administrativo ya estaba vencido cuando se entabló la relación procesal de cobro coactivo, por lo cual no se debe continuar con la ejecución.

Se observa:

La excepción en estudio puede ser propuesta como de mérito o como previa, por lo cual procede analizarse en esta misma providencia.

El artículo 66 del Código Contencioso Administrativo dice:

“ART. 66.—Pérdida de fuerza ejecutoria. Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos serán obligatorios mientras no sean anulados o suspendidos por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pero perderán su fuerza ejecutoria en los siguientes casos:

3) Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la administración no ha realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos”.

La fuerza ejecutoria de los actos administrativos a que se refiere la disposición transcrita es la capacidad de que goza la administración para hacer cumplir por sí misma sus propios actos, es decir, que tal cumplimiento no depende de la intervención de autoridad distinta a la de la misma administración.

Debe precisarse que la pérdida de la fuerza ejecutoria hace relación a la imposibilidad de efectuar los actos propios de la administración para cumplir lo ordenado por ella misma, cuando ha dejado pasar el término señalado en la norma sin haber realizado la actuación correspondiente.

Es procedente, entonces, determinar cuál es la actuación que desvirtúa la circunstancia prevista en la norma:

La jurisdicción coactiva de que se ha investido a ciertos funcionarios de la administración para el cobro de deudas fiscales se ha entendido como un privilegio exorbitante en favor de la administración, por el cual no tiene que acudir a la jurisdicción para lograr el pago de lo adeudado por el concepto en estudio sino que ella misma puede hacerlo directamente mediante el procedimiento establecido para tal efecto. Para el caso de autos es el previsto en el capítulo VIII, ejecución para el cobro de deudas fiscales, del título XXVII , proceso ejecutivo singular, de la sección segunda, proceso de ejecución, del libro tercero, los procesos, artículos 561 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

Conforme lo previsto en el Código de Procedimiento Civil y como sucede con cualquier actuación de autoridad, hay obligación en el caso en estudio de enterar al interesado del proceso de cobro que se inicia al proferirse el mandamiento ejecutivo y por ello establece que la vinculación al proceso del deudor debe hacerse a la mayor brevedad posible, bien sea por la notificación al mismo o, en su defecto, al curador ad litem pare la ley prevé se designe para tal fin.

Si la notificación se realiza antes de cumplirse ciento veinte días de haber sido dictado el mandamiento ejecutivo, se entiende que el término de prescripción se contará entre la fecha en que queda ejecutoriada la providencia por la cual queda agotada la vía gubernativa y la fecha en la cual se dicta el auto de pago. Si por el contrario, la notificación al ejecutado se produce por fuera de dicho término, el extremo último de la prescripción será la fecha de notificación de mandamiento.

Así las cosas es claro que la actuación que tiene el efecto de desvirtuar la previsión del artículo 66-3 es la notificación al deudor del mandamiento ejecutivo dictado por el funcionario ejecutor o la expedición del mandamiento ejecutivo, si la notificación se realiza dentro de los ciento veinte días de que se habló antes.

No son eficaces, por lo expuesto y para efectos de evitar la pérdida de la fuerza ejecutoria, la realización de actuaciones distintas a las señaladas, según el caso, que aunque previas no tienen el efecto requerido, por las razones expuestas.

En tales condiciones se concluye para el caso de autos, que la pérdida de la fuerza ejecutoria se presenta cuando dentro de los cinco años siguientes a la fecha en la cual alcanzó firmeza el acto correspondiente, no se dicta o se notifica al deudor o al curador ad litem, el mandamiento ejecutivo dictado por el funcionario de la administración investido, de jurisdicción coactiva”. (Auto de 12 de septiembre de 1996, consejera ponente, Dra. Miren de la Lombana de Magyaroff. Exp. 0622, actor Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Telecom, c/Antonio Hinestrosa Llanos y/o Seguros del Estado).

Si se aplica lo transcrito antes al caso en estudio se tiene:

Para notificar la Resolución 5955 de 7 de noviembre de 1991, por medio de la cual se agotó la vía gubernativa, el Incomex envió comunicación por correo certificado el 25 de noviembre de 1991 (fl. 13) y entre el 3 y el 17 de diciembre del mismo año fijó edicto para realizar la mencionada diligencia (fls. 14-15).

La orden de pago por la vía ejecutiva de jurisdicción coactiva se libró el 1 de diciembre de 1993 (fl. 21) y se notificó el 13 de marzo de 1997 (fl. 58), quiere ello decir que entre la fecha en que quedó ejecutoriada la Resolución 5955 de 1991 (dic. 17/91) y la de notificación personal del mandamiento de pago (mar. 13/97) (por aplicación del art. 90 CPC) ya habían transcurrido los cinco años de que trata el artículo 66-3 del Código Contencioso Administrativo, razón por la cual la pretensión de la excepcionante debe considerarse probada.

Como puede observarse claramente, para los efectos del presente estudio, el hecho de que la citación para notificar la providencia del 7 de noviembre de 1991 se haya enviado el 25 del mismo mes y año y no dentro de los cinco días siguientes a su expedición no le quita validez ni a la citación ni a la notificación por edicto puesto que en ningún caso hay violación del derecho de defensa del administrado y la demora alegada en el caso de autos no incide en la decisión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 510-2, literal c del Código de Procedimiento Civil y teniendo en cuenta que la excepción antes analizada prospera contra la totalidad del mandamiento de pago, no hay lugar a pronunciamiento alguno sobre los demás medios exceptivos propuestos por la parte ejecutada».

(Sentencia de julio 10 de 1997. Expediente 0832. Consejera Ponente: Dra. Mirén de la Lombana de Magyaroff).

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