Sentencia 8321 de marzo 13 de 2003 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad. 1700123310002000100001

Ref.: Exp. 8321

Magistrado Ponente:

Dr. Manuel S. Urueta Ayola

Actor: XXX S.A.

Bogotá D.C., marzo trece de dos mil tres.

La Sala decide el recurso de apelación que interpone la parte demandada contra la sentencia de 27 de junio de 2002, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, mediante la cual accedió a las pretensiones de la demanda.

I. La demanda

La sociedad actora, mediante apoderado, presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante el tribunal a quo para que acceda a las siguientes

I. 1. Pretensiones

Que declare la nulidad de los siguientes actos proferidos por la DIAN:

— Resolución 84 10 064 00001 de 15 de septiembre de 1999, mediante la cual la jefe de la división de liquidación de la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales de Manizales, impone a la actora sanción de $ 74.804.000 por infracción al régimen cambiario.

— Resolución 1077200000001 de 18 de abril de 2000, de la jefe de la división jurídica de la administración local de Impuestos y Aduanas Nacionales de Manizales, por medio de la cual resuelve el recurso de reposición que interpuso la firma actora contra la anterior resolución y resuelve confirmar la sanción impuesta.

I. 2. Hechos

La accionante remitió, por correo, al Banco de la República el formulario 10, con la documentación respectiva, a fin de cumplir sus obligaciones relacionadas con la cuenta corriente de compensación que tiene en el banco XXX de Panamá, mediante la cual ha efectuado operaciones de cambio entre diciembre de 1996 y enero de 1998, pero el Banco de la República tuvo en cuenta la fecha en que acusó recibo de la documentación y no la de recibo en la ventanilla de radicación general dentro del mismo banco.

Por lo anterior, previa formulación de cargos, dedujo la violación del artículo 65 de la Resolución Externa 21 de 1993 de la Junta Directiva del Banco de la República, por presentación extemporánea de los informes de dicha cuenta para algunos meses comprendidos entre diciembre de 1996 y enero de 1998, en virtud de lo cual profirió la Resolución 841006400001 de 15 de septiembre de 1999, sancionando a la actora en la forma anotada, la cual fue impugnada por ésta mediante el recurso de reconsideración, decidido en el sentido de confirmarla por la Resolución 1077200000001 de 18 de abril de 2000.

I. 3. Normas violadas y concepto de la violación

Señala como violados los artículos 25 y 39 del Decreto 2150 de 1995, 107 del Código de Procedimiento Civil, 4º y 65 de la Resolución Externa 21 de 1993, de la Junta Directiva del Banco de la República y 29 de la Constitución Política, por cuanto la decisión acusada se tomó sin ningún análisis normativo y jurisprudencial, limitándose a la simple mención del artículo en que se sustentó; porque no existió infracción a norma alguna, puesto que la actora cumplió por correo con sus obligaciones, medio que tuvo que emplear debido a que el Banco de la República no tiene sede en Manizales y cuyo uso es permitido por la jurisprudencia del Consejo de Estado y el artículo 107 del Código de Procedimiento Civil, caso en el cual el artículo 25, inciso 2º, del Decreto 2150 de 1995 ordena que para efectos de vencimiento de términos, se entenderá que el asunto respectivo fue presentado en la fecha en que la empresa de correo certificado expidió el correspondiente recibo de envío.

De otra parte, a la actora se le violó el derecho de defensa y el debido proceso por la inobservancia del principio de legalidad en materia sancionatoria, por omisión en la práctica de pruebas solicitadas, por falta de aplicación de la norma más favorable, que en este caso es el artículo 1º del Decreto 1074 de 1999, y por no aplicarse la prescripción de la acción sancionatoria al considerarse el hecho como conducta continuada, siendo que cada período da lugar a una infracción separada.

II. Contestación de la demanda

La entidad demandada afirma que en el acervo probatorio del expediente se establece claramente que la actora no presentó en tiempo los informes mensuales del movimiento de operaciones de cambio efectuadas a través de la cuenta de compensación aludida, por los meses de diciembre de 1996, mayo, julio, noviembre y diciembre de 1997 y enero de 1998, de conformidad con el artículo 65 de la Resolución 21 de 1993. Al respecto, la accionante no ha aportado prueba alguna de la fecha en que dio cumplimiento a los envíos respectivos y no utilizó el correo certificado de Adpostal, que es el previsto en la norma invocada por ella sobre el particular, por lo tanto se hizo acreedora a la sanción que le fue impuesta en los actos acusados.

Por lo tanto solicita que se nieguen las pretensiones de la demanda.

III. La sentencia apelada

El a quo considera que se puede utilizar cualquier empresa de correo que tenga el servicio de certificación, por lo cual el envío que hizo la actora fue oportuno al haber hecho uso de la empresa XXX dentro del término de cada período, según consta en las certificaciones expedidas por dicha empresa, visibles a folios 23 a 26 del cuaderno 3. Por lo tanto, al no haber sido atendidas esas pruebas, la administración incurrió en violación del derecho de defensa de la accionante, por consiguiente declaró nulos los actos acusados y la consecuente inexistencia de la obligación de pagar la multa por parte de aquélla.

IV. El recurso de apelación

La demandada argumenta que en este caso deben prevalecer las normas especiales cambiarias, las cuales establecen el término perentorio para que se presente y llegue a la autoridad competente la información sobre los movimientos compensatorios, dejadas a salvo por el artículo 150 del Decreto 2150 de 1995, de modo que no basta con que se presente oportunamente ante el correo, amén de que la única prueba válida de ello es la emanada de Adpostal, por ser la única entidad estatal que presta el servicio especial de correo certificado, y así lo señala el Acuerdo 41 de su junta directiva y el manual de procedimiento del régimen del servicio postal colombiano.

Por tales razones solicita que se revoque la sentencia y se nieguen las pretensiones de la demanda.

V. Alegatos de conclusión

La entidad demandada hace un recuento de los hechos y del procedimiento administrativo respectivo, e insiste en la fuerza especial de ley y en la perentoriedad que tienen las normas aplicadas a este caso, y por lo tanto en su aplicación preferencial frente al Decreto 2150 de 1995, así como en las peticiones del recurso.

VI. Concepto del Ministerio Público

La procuradora primera delegada ante esta corporación, tras resumir la actuación procesal, advierte que las normas aplicadas por la administración son muy claras, por lo que no requieren de interpretación alguna y sin que pueda entenderse que la obligación se cumple con la puesta en el correo, certificado o no, del respectivo informe. El deber del contribuyente es el de presentar la relación de sus operaciones dentro del mes siguiente a la relación que remite y no el de enviarla, pues no es lo establecido en la norma. Por tanto es claro que fue extemporánea la presentación del informe de los meses aludidos, y que con ello la actora incurrió en la infracción que le fue endilgada. Agrega que no es procedente aplicar en el sub lite el Decreto 2150 de 1995, so pena de quebrantar el principio de especialidad consagrado en la regla 1ª del artículo 5º de la Ley 57 de 1987, de donde la actora debió utilizar Adpostal y no XXX ya que ésta por ser empresa privada no puede cumplir la función de aquélla. En consecuencia, solicita que se revoque el fallo apelado y se nieguen las súplicas de la demanda.

VII. Decisión

No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir el asunto sub lite, previas las siguientes

Consideraciones

VII. 1. La cuestión de fondo

El problema a dirimir en la alzada consiste en establecer si la información objeto del acto acusado fue presentada en tiempo o no al Banco de la República, en razón de haber sido entregada a XXX dentro del plazo correspondiente a cada período.

VII. 2. Al respecto, consta en el proceso lo siguiente:

La administración encontró que la actora presentó extemporáneamente ante el Banco de la República la relación de operaciones de cambio tramitadas a través de su cuenta corriente de compensación XXX del banco XXX de Panamá, por los períodos de diciembre de 1996, mayo de 1997, junio de 1997, noviembre de 1997, diciembre de 1997 y enero de 1998, en su orden así:

Fecha límiteFecha presentación al B. de la R.
31 de enero de 19973 de febrero de 1997
30 de junio de 19973 de julio de 1997
31 de diciembre de 19972 de enero de 1998
31 de enero de 19983 de febrero de 1998
28 de febrero de 19985 de marzo de 1998

Por lo cual, previa formulación de cargos, sancionó a la actora en la forma indicada, considerando sobre la cuestión planteada que la entrega de los respectivos informes a XXX dentro del término respectivo no desvirtúa la conducta sancionada, pues dicha empresa es una persona jurídica diferente al Banco de la República que no puede suplir las funciones de éste, como la de radicar y recepcionar los informes en comento y al hacerse cargo del correo de tales documentos no actuó como intermediaria de ese banco sino como puente de comunicación.

En el acto que decide el recurso de reposición agrega que la actora no utilizó el correo certificado de la Administración Postal Nacional, Adpostal, único válido para efectos de presentación en tiempo de solicitudes o respuestas a requerimientos de entidades públicas, según el artículo 25 del Decreto 2150 de 1995 (fl. 62).

VII. 3. Por lo tanto, el problema se contrae a establecer si el uso del servicio de correo prestado por empresas privadas como XXX es válido para los efectos del artículo precitado. Al respecto conviene traer su texto en la parte pertinente, así:

“ART. 25.—Utilización del correo para el envío de información. Las entidades de la administración pública deberán facilitar la recepción y envío de documentos o solicitudes y sus respectivas respuestas por medio de correo certificado. En ningún caso se podrán inadmitir las solicitudes o informes enviados por personas naturales o jurídicas que se hayan recepcionado por correo certificado a través de la Administración Postal Nacional, salvo que los códigos exijan su presentación personal.

Para los efectos de vencimiento de términos, se entenderá que el peticionario presentó la solicitud o dio respuesta al requerimiento de la entidad pública en la fecha en que la empresa de correo certificado expidió con fecha y hora, el respectivo recibo”.

La interpretación de la norma permite decir que ésta le da a la Administración Postal Nacional el carácter de agente o representante de las autoridades públicas para los efectos señalados, y que el correo certificado a que se refiere está a cargo de esa empresa, regulado por el artículo 5º del Decreto 229 de 1995, según el cual es una clase de los servicios especiales de correo previstos, entre los que se señalan además los de entrega inmediata, expreso, acuse de recibo y otros. Por consiguiente, no puede considerarse como tal el servicio de correo prestado por empresas privadas de mensajería como lo es XXX, la cual, en este caso, no hizo cosa distinta a la de ser mensajera de la actora para entregar al Banco de la República los paquetes contentivos de la información motivo del acto enjuiciado. El hecho de que esa empresa pueda utilizar planillas para controlar las entregas no le da la condición de correo certificado al servicio de mensajería que ella presta.

En consecuencia, tratándose de una empresa privada de mensajería que actuaba por el encargo que le hizo la actora, se entiende que la información en cuestión fue presentada al Banco de la República el día en que aquélla la entregó o presentó a éste —que según la certificación del banco al respecto consta que fue recibida en sobres sellados y por tanto sin poder constatar de que trata el envío (fl. 69 )—, y como en cada caso sancionado ese día fue posterior al vencimiento de la fecha límite respectiva, es claro que se configuró la conducta sancionada, luego el acto administrativo cuestionado se encuentra acorde con esa situación, de allí que la sentencia apelada se revocará en cuanto declaró la nulidad del mismo por estimar lo contrario sobre el punto, y negar las pretensiones de la demanda, atendiendo que a la luz de las anteriores precisiones, los cargos de violación del debido proceso y del derecho de defensa resultan desvirtuados, dado que la conducta sí aparece demostrada, el acto aparece motivado fáctica y jurídicamente, que las pruebas que aduce la actora como omitidas no desvirtúan los hechos sino que los corrobora (a fl, 69 del expediente obra el certificado de las fechas de radicación de la información en el Banco de la República), y el cargo de prescripción de la acción sancionatoria (que la Sala entiende como caducidad) no está desarrollado ya que no se indican las normas violadas o bajo las cuales debe examinarse el cargo, ni las circunstancias de hecho que habrían ocasionado ese fenómeno extintivo de la acción, como tampoco los períodos supuestamente afectados, es decir, no hay propiamente un cargo sino una mera insinuación indeterminada, en cuanto simplemente se limita a solicitar que se examine la posible ocurrencia de dicho fenómeno para cada período objeto de la información.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE la sentencia apelada y, en su lugar, NIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

2. Reconócese personería al abogado XXX, como apoderado de la parte demandada, en los términos del memorial poder que obra a folio 11 de este cuaderno.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión de 13 de marzo de 2003.

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