Sentencia 8329 de octubre 3 de 1997 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Sección cuarta

Consejero Ponente:

Dr. Delio Gómez Leyva.

Ref.: Expediente 8329

Santafé de Bogotá, D.C. tres de octubre de mil novecientos noventa y siete.

Actor: Banco de Occidente.

Fallo

De consiguiente, la actuación administrativa de la Superintendencia Bancaria sigue regulándose por la parte primera del Código Contencioso Administrativo y por tanto, contra los actos de carácter particular expedidos por sus autoridades caben los recursos de reposición y apelación, salvo los expedidos por el superintendente bancario y los superintendentes delegados, quienes conjuntamente tienen a su cargo la dirección de la Superintendencia Bancaria, de acuerdo con el numeral 2º del artículo 327 y el literal a) numeral 1º del artículo 329 del estatuto orgánico del sistema financiero, pues los mismos sólo son susceptibles del recurso de reposición en armonía con lo prescrito en el artículo 50 del Código Contencioso Administrativo.

Es así como los actos administrativos expedidos por los intendentes son susceptibles de los recursos de reposición y apelación, pues tales funcionarios dependen jerárquicamente de los superintendentes delegados de conformidad con lo previsto en el numeral 1º del artículo 327 del estatuto orgánico, en virtud del cual se señala la estructura interna de la Superintendencia Bancaria.

En este orden de ideas, si la Resolución 2540 de 1994, expedida por el intendente de bancos, era susceptible de los recursos de reposición y apelación, y si la interposición de éste último es de carácter obligatorio para que se entienda agotada la vía gubernativa de conformidad con lo prescrito en el artículo 51 del Código Contencioso Administrativo es dable concluir que la sociedad actora no agotó la vía gubernativa y sin ese agotamiento, que es presupuesto previo de procedimiento para acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo de conformidad con el artículo 135 del Código Contencioso Administrativo, no puede la jurisdicción entrar a estudiar la legalidad de los actos acusados, razón por la cual debe declararse inhibida para conocer de fondo el presente negocio.

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