Sentencia 8339 de febrero 28 de 2000 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA

Exp.: 8339, feb. 28 de 2000

M.P. José Fernando Ramírez Gómez

Decide la Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia la impugnación formulada por el accionante contra el fallo del 17 de enero de 2000, pronunciado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, D.C., Sala de Familia, dentro de la acción de tutela promovida por Joaquín Sáenz Beltrán contra el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas, Dancoop.

Antecedentes

El señor Joaquín Sáenz Beltrán, por conducto de apoderado judicial, solicitó al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, D.C., Sala de Familia, tutelar sus derechos a la vida, subsistencia, dignidad humana, integridad física y moral, libre de desarrollo de la personalidad y dispensarle la protección que la Constitución reserva para las personas de manifiesta debilidad física o económica y de la tercera edad, pues considera que tales derechos y garantías han sido desconocidos por la entidad accionada con ocasión de los hechos que narró y se compendian así:

1. Se encuentra en las condiciones previstas por el artículo 13 de la Constitución Política, debido a su ancianidad, pues cuenta con 91 años de edad.

2. Consignó los ahorros de su vejez en la Caja Popular Cooperativa de Santa Sofía (Boyacá), con el fin de asegurar su único activo patrimonial, pues no cuenta con otras rentas. Para facilitar las gestiones de manejo, abrió la cuenta conjuntamente con su hijo de 22 años.

3. Por tal razón se expidió un certificado de depósito de ahorro a término, el 15 de enero de 1995, con vencimiento trimestral, que se ha venido renovando por períodos iguales, con intereses del 24.39% anual.

4. Desde hace aproximadamente dos (2) años la Caja Popular Cooperativa retiene tales dineros, conculcando los derechos fundamentales cuya protección solicita.

5. No todos los ahorradores de dicha entidad se encuentran en circunstancias tan apremiantes como las suyas, por su edad y las limitaciones económicas que afronta. Los dineros que reclama no tienen el carácter de derechos litigiosos y por eso el amparo constitucional no se pide en forma transitoria, porque no existe litigio, ni puede haberlo. Los saldos de la cuenta y la liquidación de intereses no son controvertidos por el ahorrador.

Con fundamento en lo expuesto solicita ordenar al accionado, en su condición de ente oficial que intervino la Caja Popular Cooperativa, devolverle los ahorros retenidos, junto con los intereses producidos, a la tasa pactada, que no le hayan sido entregados.

La sentencia del tribunal

Luego de compendiar la argumentación fáctica expuesta en el libelo de tutela y lo manifestado por el ente accionado en relación con la conducta que se le imputa, se refiere el tribunal a la naturaleza y caracteres de la acción incoada.

Precisa luego que la jurisprudencia constitucional ha fijado pautas para dar solución a casos como el que plantea el libelo de tutela, transcribiendo, en buena parte, la sentencia T-735 del 1º de diciembre de 1998, para concluir que en tales eventos el amparo constitucional puede dispensarse “... cuando la retención de los dineros, amenace la vulneración de los derechos a la salud, la vida y al mínimo vital”.

Tras la precedente puntualización emprende el examen de los elementos de prueba aducidos por el accionante e infiere que no acreditó la urgencia de resguardar su derecho a la vida, que su salud se encuentre amenazada, que los perjuicios que eventualmente podría recibir sólo se pueden sortear con la entrega de las sumas retenidas, o que su salud y el mínimo vital dependen exclusivamente de tales recursos.

En tales condiciones considera que no existe razón que justifique brindarle un trato preferencial frente a los otros ahorradores que se encuentran en igual o peor situación y por ello debe acogerse al trámite previsto para la devolución de dineros, máxime cuando para la solución del conflicto que se ha suscitado puede acudir a la vía legal ordinaria prevista por el legislador.

Observa por último, que el hecho de haberse constituido el CDAT desde hace más de cuatro (4) años, con vencimientos trimestrales, indica que el capital depositado y sus intereses no constituyen la única fuente de ingresos y medio de subsistencia del actor.

Fundado en los precedentes razonamientos, niega el amparo peticionado.

La impugnación

Inconforme con la resolución tomada, el accionante la impugnó, sin manifestar las razones de su inconformidad con ella.

Consideraciones

1. La transgresión de los derechos fundamentales cuya tutela reclama el accionante tiene su causa en la retención de la suma de dinero depositada en la Caja Popular Cooperativa, oficina Santa Sofía (Boyacá), representada en el certificado de depósito de ahorro a término CDAT constituido el 15 de enero de 1995, con vencimiento el 15 de abril del mismo año y en la falta de pago de los intereses estipulados a la tasa del 24.39% anual, desde hace cerca de dos años.

2. Como lo manifestó la entidad accionada en el informe rendido al a quo (fls. 38 a 40 c. 1), el Departamento Administrativo Nacional de la Economía Solidaria, Dansocial, antes Dancoop, se vio precisado a intervenir la Caja Popular Coooperativa, institución en la cual depositó sus ahorros el actor, por la difícil situación financiera que atraviesa, su falta de solidez y el nivel de iliquidez observado al analizar sus estados financieros, determinación que adoptó con fundamento en lo dispuesto por los artículos 150 numeral 19; 189 numeral 24 y 335 de la Constitución Política.

En tales eventos, explicó, el gobierno debe tomar posesión de los bienes, haberes y negocios de la institución intervenida, para administrarlos y tomar las medidas necesarias en orden a devolverle solidez y credibilidad. Aclaró que en el caso de la Caja Popular Cooperativa, debieron adoptarse medidas como la congelación de sus recursos por un tiempo no determinado, decisión con la cual se afectó por igual a todos los ahorradores y oportunamente fue puesta en conocimiento de ellos.

Puso de presente que la Caja Popular Cooperativa efectuó una capitalización voluntaria con los ahorradores, por valor del 37% de sus acreencias, y el 63% restante se les está entregando, de acuerdo a la disponibilidad de los recursos enviados por el Fogacoop, aprobados por valor de $ 90.000.000, de los cuales si bien a la fecha sólo se han desembolsado $ 6.282.000, se está a la espera de otros desembolsos, que deben ser girados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Esta circunstancia, a su juicio, denota el interés de la administración en devolver a los ahorradores los dineros depositados en el ente cooperativo mencionado.

3. Ahora bien, aunque la congelación temporal de los recursos de la Caja Popular Cooperativa, medida que impide la devolución de los dineros depositados por el accionante, fue dispuesta por la autoridad competente, como consecuencia de la toma de posesión de sus bienes, haberes y negocios, para administrarlos, con el propósito de proteger los intereses de los ahorradores y desde luego la estabilidad del sistema, es decir, se inspira en evidentes motivos de interés general, debe averiguarse si pese a estar orientada por tal propósito, transgrede o pone en peligro los derechos fundamentales cuya tutela impetra el accionante, pues en tal eventualidad, la supremacía de estos no se podría soslayar.

Con tal propósito se advierte que, como ha tenido oportunidad de precisarlo la Sala, tratándose de personas que pertenecen a la tercera edad, “...esa condición por sí sola es suficiente para justificar la concesión del amparo frente a derechos o situaciones que en principio estarían sustraidos de esa prerrogativa, porque respecto de ellas existe una presunción de “debilidad manifiesta” derivada de la calidad de “ser anciano”, situación que los hace acreedores de una protección especial por parte del Estado” (Sent. de nov. 18/99)”.

Esa circunstancia, irrefragable en el peticionario, si se tiene en cuenta que ya cumplió 91 años de edad (fl. 16 c. 1), aunada a la precaria situación económica que encara, por no poder disponer de los dineros ahorrados para atender su mínimo vital y costear la asistencia médica permanente que requiere para el manejo de las enfermedades que lo aquejan, como lo certifican los galenos que lo han venido tratando (fls. 4 y 6 c. Corte) y que de no proporcionársele, podría resultar mortal, debido a su avanzada edad, sin lugar a dudas ciernen un peligro inminente sobre su derecho a la vida, que justifican otorgarle el amparo peticionado, pues es claro que en sus condiciones el procedimiento establecido para la devolución de los dineros ahorrados no constituye instrumento eficaz para la defensa del derecho fundamental amenazado, ya que de no prodigársele atención inmediata, se correría el riesgo de causar un daño irreparable.

4. Por las precedentes razones, debe concluirse que el amparo pedido se debía dispensar y por ello el fallo impugnado se revocará, para conceder, en su lugar, la tutela reclamada, ordenando al ente accionado autorizar la devolución del capital depositado por el accionante, suma que se considera suficiente para atender sus necesidades básicas, quedando la entrega de los intereses producidos, sujeta al procedimiento previsto para el efecto.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia objeto de impugnación. En su lugar, dispone:

1. TUTELAR el derecho a la vida del accionante y consecuentemente ordenar al Departamento Administrativo Nacional de la Economía Solidaria, Dansocial, antes Dancoop, que dentro de las (48) horas siguientes a la notificación que reciba de esta decisión, autorice la devolución del capital depositado por José Joaquín Sáenz Bohórquez y/o Joaquín Sáenz, en la Caja Popular Cooperativa, oficina Santa Sofía (Boyacá), representada en el certificado de depósito de ahorro a término CDAT Nº 0025568, constituido el 15 de enero de 1995 y tome las medidas necesarias para que su pago se efectúe de inmediato.

2. Notifíquese lo decidido, mediante comunicación telegráfica a todos los interesados y remítase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión del fallo pronunciado.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Silvio Fernando Trejos Bueno—Manuel Ardila Velásquez—Nicolás Bechara Simancas—Jorge Antonio Castillo Rugeles—Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo—José Fernando Ramírez Gómez—Jorge Santos Ballesteros.

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