Sentencia 8349 de agosto 1º de 1997 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejero Ponente:

Dr. Delio Gómez Leyva

Ref.: Expediente 8349

Santafé de Bogotá, D. C., primero de agosto de mil novecientos noventa y siete.

Actor: Carlos Alberto Acero Castro

Sanción por no enviar información

Fallo

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sección:

La Sala comparte el concepto de la procuradora séptima delegada, en el sentido de que la sentencia del tribunal debe ser revocada y, en su lugar, acceder parcialmente a las súplicas de la demanda.

En efecto, para la Sala el cargo de la alegada incompetencia de la división de fiscalización para solicitar información y pruebas relacionadas con las declaraciones de renta de los contribuyentes a través de requerimientos ordinarios, se encuentra fuera de contexto, pues tal competencia, como bien lo anotó el a quo, surge con meridiana claridad de las normas que sirvieron de fundamento a la administración al expedir el requerimiento ordinario, esto es, de los artículos 684, 686 y 688 del Estatuto Tributario, que olvida mencionar el demandante, ahora apelante.

Del hecho de que la información solicitada con base en las facultades de fiscalización atribuidas a la administración tributaria, coincida con algunos numerales del artículo 631 del Estatuto Tributario, no puede predicarse la competencia exclusiva del director de impuestos para solicitar tal información, pues, de una parte, el objetivo es diferente, cual es, “con el fin de efectuar los estudios y cruces de información necesarios para el debido control de los tributos” y de otra, como lo deja a salvo la misma disposición “sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 684 y demás normas que regulan las facultades de la administración de impuestos...”. Lo que desvirtúa claramente el cargo propuesto por el demandante, ahora apelante.

Ahora bien, en lo referente al cargo de violación del literal a) e inciso 3º del artículo 651 del Estatuto Tributario, según los cuales la sanción por no enviar información equivale a “a) Una multa hasta del cinco (5%) de las sumas respecto de las cuales no se suministró la información exigida”, la Sala estima, que no es correcta la interpretación que al respecto realiza el apelante, pues como se evidencia de la transcripción del citado literal, es claro, que la base para determinar la sanción está constituida por las sumas respecto de las cuales no se suministró la información exigida, es decir, las partidas declaradas bajo los diferentes conceptos, sin que sea relevante la circunstancia aducida por el apoderado de la actora en el sentido de que debe “tomarse como base del monto de la información que se suministró sobre valores ajustados de acuerdo con el Decreto 3100 de 1990, por ser ésta la “información exigida” a que alude el literal a) de la citada norma.

En criterio de la Sala, no solo tal distinción no la realiza la norma, sino que además, una cosa es que con relación a determinados ítems como los ingresos, costos y deducciones, exista la obligación de discriminar sólo a partir de determinadas cuantías, y otra muy distinta, es que para efectos de la sanción deba tomarse en consideración las sumas respecto de las cuales no se suministró la información, las cuales, obviamente, corresponden a las partidas declaradas, pues es sobre éstas que la administración requiere la información cuya omisión da lograr a la sanción por no enviar información y no respecto de la que el contribuyente está obligado a discriminar como se pretende.

Por tanto, la actuación de la administración en cuanto cuantificó la sanción con base en las sumas contenidas en la declaración respecto de las cuales el contribuyente no suministró la información “dentro del término estipulado”, se ajustó a la preceptiva legal.

Sin embargo, en lo referente al cargo de violación del inciso 3º de la misma disposición, concerniente a la reducción de la sanción “al diez por ciento (10%) de la suma determinada, según lo previsto en el literal a), si la omisión es subsanada antes de que se notifique la imposición de la sanción...”, la Sala comparte las apreciaciones de la procuradora delegada en el sentido de que el contribuyente cumplió los presupuestos para obtener el beneficio a tal reducción, pues presentó la información requerida antes de que se profiriera el pliego de cargos y, consecuencialmente, antes de que se notificara la resolución por medio de la cual se aplicó la sanción por no enviar información.

Diferente, es que hubiera liquidado en forma incorrecta la sanción reducida, lo cual, a juicio de la Sala, no es óbice para que tenga derecho a tal beneficio, si como se estableció, subsanó la omisión antes de que se notificara la resolución por medio de la cual se le impuso la sanción, única condición prevista en la ley para tener derecho al beneficio, razón por la cual la actuación en cuanto no lo reconoció, debe ser modificada en el sentido de que la sanción a cargo del contribuyente es la sanción reducida al 10% de la determinada con base en las sumas cuya información solicitó la administración, esto es, de $6.429.900, que arroja la suma de $642.990.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

Falla:

1º Revócase el numeral 2º de la sentencia del 13 de febrero de 1997, originaria del Tribunal Administrativo de Cundinamarca objeto de la presente apelación.

2º Modifícase la actuación administrativa contenida en la Resolución No. 601-00219 del 15 de abril de 1994 y la Resolución No. 603-093 del 29 de marzo de 1995 que la confirmó, proferidas por la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales personas naturales de Santafé de Bogotá, en el sentido de que la sanción por no enviar información en lo referente a la declaración de renta del año gravable de 1991, a cargo del contribuyente Acero Castro Carlos Alberto con NIT: 19.288.887 es de la suma de seiscientos cuarenta y dos mil novecientos noventa pesos ($642.990.oo) m/cte.

3º Reconócese personería para actuar en nombre de la entidad demanda al Abogado Luis Alberto Sandoval Navas, de conformidad con el poder que obra al folio 135 del cuaderno principal.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, envíese copia al Tribunal de origen y cúmplase.

Se deja constancia de que esta providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha».

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