Sentencia 8355 de julio 18 de 1997 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejero Ponente:

Dr. Delio Gómez Leyva

Ref.: Expediente 8355

Actor: Rodríguez Castro Charles Otto

Impuesto: Renta

Fallo

Santafé de Bogotá, D.C., dieciocho de julio de mil novecientos noventa y siete.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sección. El único punto al cual se contrae la litis en el presente proceso se halla referido al cargo de violación de los artículos 710 y 714 del estatuto tributario en lo referente a liquidación de revisión Nº 0600004 de marzo 1º de 1991, por medio de la cual la administración de impuestos y aduanas nacionales le determinó los impuestos al contribuyente actor por el año gravable de 1987, pues, a juicio del demandante, tal acto administrativo no se notificó dentro del término legal, en razón a que se envió para efectos de su notificación a una dirección errada y cuando la administración efectuó la corrección de conformidad con el artículo 567 del estatuto tributario el término señalado en la ley para practicarla ya se había agotado.

Sobre el particular, la Sala precisa, en primer lugar, que el término para practicar la liquidación de revisión es el consagrado en el artículo 710 del estatuto tributario, no el 714 ibídem, a que hizo referencia el tribunal; conforme a tal disposición este acto administrativo debe ser proferido “dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha del vencimiento del término para dar respuesta al requerimiento especial o a su ampliación, según el caso...” de suerte que, practicado el requerimiento especial con fecha 29 de octubre de 1990, el término de los tres meses para la respuesta de que trata el artículo 707 ibídem venció el 29 de enero de 1991, momento a partir del cual corre el término para practicar la liquidación de revisión, esto es, hasta el 30 de julio de 1991; como la liquidación de revisión referenciada se practicó el día 1º de marzo de 1991, se deduce, que fue practicada dentro de la oportunidad legal.

Ahora bien, es cierto que la administración para efectos de la notificación de la liquidación de revisión incurrió en error en la dirección, como quiera que no la envió a la última dirección informada, tal y como lo ordena el artículo 563 del estatuto tributario, motivo por el cual el contribuyente con fundamento en el artículo 567 ibídem, solicitó la corrección del error y la restitución de términos, petición que fue aceptada por la administración a través del oficio Nº 610002 del 5 de marzo de 1993, por medio del cual envió la liquidación a la dirección correcta y en consecuencia ordenó la restitución de términos solicitada.

Sin embargo, del hecho que la corrección del error en la dirección se hubiera efectuado fuera del término consagrado en el artículo 710 del estatuto tributario, para practicar la liquidación de revisión, no se deduce, la extemporaneidad de dicho acto administrativo, pues no debe pasarse por alto, que el contribuyente, para efectos de la corrección acudió al procedimiento consagrado en el artículo 567 ibídem, y que éste no sólo prevé la posibilidad de corregir el error en la dirección en cualquier tiempo, sino que, también consagra, la restitución de términos, mecanismo que permite al contribuyente interponer los recursos legales y a la administración renovar su actuación sin incurrir en extemporaneidad ni nulidad en lo referente al acto corregido.

La Sección en abundante jurisprudencia, entre otras, la contenida en la sentencia de septiembre 3 de 1993, Expediente 4869, M.P. Dra. Consuelo Sarria O., al interpretar el alcance del artículo 99 de la Ley 9ª de 1983, norma incorporada en el artículo 567 del estatuto tributario, ha precisado:

“La Sala, ha dicho que la expresión “en cualquier tiempo”, del artículo 99 de la Ley 9ª de 1983, referida a la corrección del error de dirección incurrido en los pliegos de liquidación del impuesto, citaciones, requerimientos y demás comunicaciones, tiene el sentido lato que se desprende de su texto.

Se trata de un procedimiento excepcional instituido por el legislador ordinario, destinado a prevenir y reprimir, al lado de disposiciones conexas, el abuso en materia de “cambios de dirección” ante las unidades de documentación de las administraciones de impuestos.

Dicho procedimiento conlleva un relevante espíritu de justicia, pues se establece en favor de ambas partes, del contribuyente o responsable, porque se permite formular sus objeciones y recursos y presentar sus pruebas, y de la administración, porque, enmendados sus yerros, puede renovar sus actuaciones con sujeción a la más estricta legalidad, en ambos casos, como si no hubiera transcurrido el tiempo, o término alguno.

Precisamente, el inciso 2º de la norma citada, dice que “los términos legales sólo comenzarán a correr a partir de la notificación hecha en debida forma” debiendo entenderse por tales “términos legales” no exclusivamente los que pertenecen al contribuyente o responsable, sino aquellos de los que en razón del error que se corrige, no ha hecho uso la administración.

La disposición transcrita no hizo otra cosa que reproducir el inciso final del artículo 42 del Decreto 3803 de 1982, según el cual “durante el lapso comprendido entre la fecha en la cual se cometió el error y la de su corrección, no correrán términos para la administración tributaria ni para el contribuyente, razón por la cual no puede concluirse como lo hizo el a quo, la extemporaneidad de la liquidación oficial”.

Así mismo, en providencia del 8 de octubre de 1993, Expediente 4815, M.P. Dr. Jaime Abella Zárate, la Sala manifestó:

“La Sala reitera la jurisprudencia (...) en el sentido de que la utilización por parte del contribuyente del sistema consagrado en el artículo 99 de la Ley 9ª de 1983 implica la posibilidad de presentar recurso contra el acto de liquidación por todos los motivos y causales que le permitan las pruebas y antecedentes aducir en defensa de sus derechos, a excepción de alegar la nulidad de la liquidación por extemporaneidad en su notificación, porque la producida a petición del mismo contribuyente, con aceptación de la entidad oficial de haber incurrido en un error en la dirección, tiene como consecuencia según el texto legal la de restituir los términos tanto para la administración como para el contribuyente. Debe observarse que se trata de una excepción fundada en un hecho que debe estar previamente comprobado y además, aceptado por la administración, como es el error cometido en la primera notificación”.

Del mismo modo, en providencia del 27 de febrero de 1995, Expediente 5273, M.P. Dr. Delio Gómez Leyva, la Sala expresó:

“Con relación al procedimiento de corrección de error de actuaciones proferidas por la administración (v.gr. liquidaciones oficiales de impuestos) que de conformidad con el artículo 99 de la Ley 9ª de 1983 (E.T., art. 567) puede hacerse en cualquier tiempo enviándola a la dirección correcta, la Sala en repetidas oportunidades ha precisado los efectos del procedimiento en cuestión, los cuales se traducen en la restitución de términos, a la fecha en que se produjo el acto administrativo incorrectamente notificado, presumiéndose según lo dispone el citado artículo 99 que “durante el lapso comprendido entre la fecha en la cual se cometió el error y la de su corrección, no correrán términos para la administración tributaria ni para el contribuyente.

En esta forma, ya no se configuran causales de nulidad como la que invoca el demandante en el sub lite, puesto que en tal evento la actividad de la administración no precluye, al ser habilitada, como de igual modo queda habilitado el término para que el contribuyente recurra, circunstancia por la cual no es procedente argumentar “extemporaneidad en la notificación de la liquidación oficial”, si como ocurrió en el presente caso, ésta se expidió dentro del término legal...”.

Como se dejó precisado en los primeros acápites, en el sub júdice, la administración practicó la liquidación de revisión dentro del término previsto en el artículo 710 del estatuto tributario, motivo por el cual no es de recibo la afirmación de la parte demandante en el sentido de que por haberse efectuado la corrección de la dirección a la cual fue inicialmente enviado dicho acto administrativo fuera del término previsto para proferir tal acto administrativo, la liquidación enviada con motivo de la corrección resulte extemporánea, pues tal interpretación sería válida si la norma que consagra tal procedimiento no hubiera establecido la restitución de términos en beneficio de las dos partes, administración y administrado, mecanismo que, como lo ha precisado la jurisprudencia de esta corporación, retrotrae la actuación de la administración al momento en que se produjo, razón por la cual los errores en la dirección de las liquidaciones oficiales ya no generan las nulidades que en otra hora se configuraban.

Por tanto, el recurso de apelación interpuesto por la apoderada judicial de la administración está llamado a prosperar.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

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