Sentencia 8357 de septiembre 12 de 1997 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Sección cuarta

Consejero Ponente:

Dr. Germán Ayala Mantilla

Ref.: Expediente 8357

Actor: Jaime Alvarez Alvarez C/ Nación, apelación sentencia del 7 febrero de 1997. Tribunal administrativo de Cundinamarca.

Fallo.

Consideraciones

Se discute en esta instancia la legalidad de los actos administrativos proferidos por la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales, mediante los cuales se le determinó el impuesto de renta y complementarios por el año gravable de 1992 y se le sancionó por no informar y por inexactitud.

Para resolver se considera.

1. Sanción por no enviar Información:

El artículo 651 del estatuto tributario preceptúa:

ART. 651.—Sanción por no enviar información. “Las personas y entidades obligadas a suministrar información tributaria así como aquellas a quienes se les haya solicitado informaciones o pruebas, que no la suministren dentro del plazo establecido para ello o cuyo contenido presente errores o no corresponda a lo solicitado, incurrirán en la siguiente sanción:

literal a) (sustituido por L. 6ª/92, art. 55, así:)

“Una multa hasta de cincuenta millones de pesos ($ 50.000.000), la cual será fijada teniendo en cuenta los siguientes criterios:

— Hasta del 5% de las sumas respecto de las cuales no se suministró la información exigida, se suministró en forma errónea o se hizo en forma extemporánea...”.

Del inciso 3º de la norma transcrita se infiere, sin lugar a dudas que la sanción se impone no solo cuando no se envía la información necesaria, también cuando no la suministre dentro del plazo previsto para ello.

Para el caso específico, analiza la corporación que la agencia fiscal el 17 de agosto de 1993 mediante Requerimiento 003010883 notificado en la misma fecha mediante correo certificado, solicitó del demandante el envío de la información correspondiente a la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios del año gravable de 1992, otorgándole un término de 10 días hábiles a partir de la notificación.

Aparece en el expediente que el contribuyente dio respuesta al requerimiento el 8 de septiembre de 1993 allegando 121 folios.

De esta suerte, se encuentra establecido que el demandante allegó la información fuera del término de los 10 días siguientes a la notificación, en consecuencia, obró bien la administración al imponer la sanción discutida, pues el demandante no se allanó a dar la información solicitada, dentro del término fijado.

Prospera entonces el cargo formulado por la demandada.

2. Sanción por inexactitud.

Estatuye la normatividad tributaria:

“ART. 647.—Sanción por inexactitud. Constituye inexactitud sancionable en las declaraciones tributarias, la omisión de ingresos, de impuestos generados por las operaciones gravadas, de bienes o actuaciones susceptibles de gravamen, así como la inclusión de costos, deducciones, descuentos, exenciones, pasivos, impuestos descontables, retenciones o anticipos, inexistentes, y. en general, la utilización en las declaraciones tributarias, o en los informes suministrados en las oficinas de Impuestos, de datos o factores falsos, equivocados, incompletos o desfigurados, de los cuales se derive un mayor impuesto o saldo a ganar, o un mayor saldo a favor para el contribuyente o responsable. Igualmente, constituye inexactitud, el hecho de solicitar compensación o devolución, sobre sumas a favor que hubieren sido objeto de compensación o devolución anterior ...” (subraya la Sala).

La corporación, en relación con la sanción por inexactitud ha sentado el siguiente criterio jurisprudencial:

“Cuando el motivo de la desestimación de determinados derechos o beneficios de orden fiscal, como costos, deducciones, descuentos o pasivos, obedece a la falta de prueba, contable o no, o al incumplimiento de requisitos formales, esto no implica que el respectivo ítem fuera inexistente o falso o que proviniera de operaciones simuladas y que, se hubieran utilizado en la declaración tributaria “datos o factores falsos, equivocados, incompletos o desfigurados”, según la expresión del primer inciso del artículo 647 ibídem, y, por consiguiente, que aunque resulten procedentes el rechazo del aludido ítem y la aplicación de multas por falta de información tributaria o por informalidades contables, cuando así se establezcan, no procede inexorablemente la sanción por inexactitud, a menos que, para el caso especifico se establezca la inexistencia, falsedad o simulación, quedando así desvirtuada la presunción de veracidad de la declaración tributaria (Cfr., entre otras, las siguientes sentencias de la Sala: Exp. 1983, Sent., mar. 16/90, C.P. Jaime Abella Zárate; Exp. 2574, Sent., sep. 21/90, C.P. Jaime Abella Zárate; Exp. 2986, Sent. mar. 15/91, C.P. Jaime Abella Zárate; Exp. 3217, Sent., abr. 19/91, C.P. Guillermo Chahín Lizcano; Exp. 4068, Sent. jul. 24/92, C.P. Consuelo Sarria Olcos; Exp. 4797, Sent. mayo 27/94, C.P. Jaime Abella Zárate y, Exps. 7652, 7679 y 7680, Sents., jun. 27/96, C.P. Consuelo Sarria Olcos ).

Si bien en las sentencias del 14 de octubre de 1994, expediente 5756, actor Julio Cesar Posada Gómez; del 8 de marzo de 1996, expediente 7545, actor José Luis Wiesner González; del 8 de marzo de 1996; expediente 7503, actor Gustavo Adolfo Bolero Isaza y del 7 de junio de 1996, expediente 7667, actor Julia Wiesner González, algunas invocadas por la recurrente, se mantuvo la sanción por inexactitud sobre el valor de los costos declarados y no aceptados, como consecuencia de la falta de comprobación de los mismos por la parte actora y la necesidad de aplicar costos presuntos, tal interpretación no implica que proceda la aplicación de la sanción por inexactitud siempre que la administración exija la prueba específica de los costos y el contribuyente no la presente o establezca, ni que pueda ésta, imponer sanción por inexactitud cuando se inadmita, por cualquier causa, un costo o deducción. Será necesario en cada casa, luego del análisis probatorio establecer si hay o no verdadera inexistencia de los costos rechazados.

De esta manera precisa la Sala el alcance de la jurisprudencia contenida en los fallos anotados, pues legalmente, para que proceda la sanción por inexactitud, se requiere que se den las circunstancias previstas en forma taxativa por la ley, sin que pueda la administración, por vía de interpretación, extenderla a hechos no previstos en ella, como son los rechazos de costos o deducciones, que siendo reales no son aceptables en las cuantías solicitadas por disposición legal, o por incumplimiento de los requisitos formales o por defecto en su comprobación, evento este que se da en el caso de autos...

Por último, es del caso precisar que la legislación tributaria prevé sanciones, diferentes a las aquí cuestionadas, para el caso de irregularidades o fallas en materia contable (E.T. arts. 654 y ss.), o en el suministro de información y expedición de facturas (E.T., arts. 651 y ss.) y por ello en estos casos, no es discrecional para la administración, escoger entre estas sanciones y la sanción por inexactitud, decisión que puede resultar desfavorable para el contribuyente dada la diferente cuantía que la ley le asigna a cada una de ellas, sin que ello implique la imposibilidad de imponer simultáneamente las sanciones mencionadas, cuando se configuren las causales consagradas para ello en la ley”(1).

(1) Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 21 de febrero de 1997, C.P., Consuelo Sarria Olcos, expediente 8086, actor Doralba Ortega Vasquez.

Como en el caso de autos, la administración le impuso la sanción por inexactitud “en razón a que el contribuyente solicitó costos y deducciones improcedentes, situación que le permitió la autodeterminación de un saldo a favor inexistente” (fl. 47) y como a juicio de la Sala, la improcedencia aludida radica según análisis de los actos acusados en que las pruebas aportadas no cumplen con las formalidades de ley, y que esta circunstancia no se encuentra dentro de las causales descritas por el artículo 647 transcrito anteriormente, se procederá a levantar la sanción aplicada por la administración y a practicar nueva liquidación:

RENTA

Renta líquida Gravable Determinada Oficialmente:

Impuesto sobre la renta gravable:

Impuesto neto de renta:

Total impuesto a cargo:

Menos: retenciones practicada: año 1992

Más sanción por no enviar información:

Total saldo a pagar:

BASE

$ 21.403.000

IMPUESTO

$ 4.458.000 $ 4.458.000 $ 4.458.000

– $ 1.663.000

+ $ 229.000

$ 3.024.000

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

Falla:

Revócase el numeral 2º. de la sentencia apelada. En su lugar, declárase que el señor Jaime Alvarez Alvarez deberá pagar al tesoro nacional la suma de tres millones veinticuatro mil pesos ($ 3.024.000) por concepto de impuesto de renta más sanciones a cargo del contribuyente, por el año gravable de 1992.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, envíese el expediente al tribunal de origen y cúmplase.

Se deja constancia de que esta providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

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