Sentencia 8359 de agosto 8 de 1997 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejero Ponente:

Dr.: Germán Ayala Mantilla

Ref.: Expediente 8359

Santafé de Bogotá, D.C., ocho de agosto de mil novecientos noventa y siete.

Actor: Corporación de desarrollo educación y vivienda, Codevi.

Apelación de la sentencia de enero 30 de 1997 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Renta 1993.

Fallo

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Para la Sala, la sentencia apelada merece ser confirmada por las siguientes razones:

1. Es claro que las utilidades fiscales obtenidas por la actora en el año de 1993, según se advierte de la solicitud formulada por la corporación ante el comité de entidades sin ánimo de lucro, ascendió a la suma de $ 205.440.043.

2. La actora de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 329 del estatuto tributario está excluida de los ajustes por inflación, que producen efectos para determinar el impuesto de renta y complementarios y el patrimonio de los contribuyentes (art. 330 ibíd.).

Es decir, fue expresa voluntad del legislador que los ajustes por inflación previstos en el título V del estatuto tributario carecieran de efectos fiscales para las personas determinadas de manera expresa en la ley. Entonces cuando el legislador ordena, no tiene discrecionalidad el administrado para someterse según su conveniencia a un sistema que no le es aplicable, menos aún en materias, que como el derecho tributario por involucrar el interés público son totalmente regladas tanto para la administración como para el contribuyente.

Si bien es cierto que el parágrafo 1º del artículo 329 del estatuto tributario preveía en su versión original que: “EL sistema de ajustes a que se refiere este título, también será aplicable a los contribuyentes que sin estar obligados a su utilización, deciden acogerse al mismo, para lo cual deberán llevar libros de contabilidad debidamente registrados”, esta disposición que permitía cierta discrecionalidad desapareció del orden jurídico al ser derogada expresamente por el artículo 16 del Decreto 1744 de 1991. En consecuencia, la entidad actora no tenía facultad legal para afectar su utilidad, para efectos del impuesto sobre la renta, con los saldos débitos de la cuenta de corrección monetaria, así como tampoco estaba obligada a declarar ingresos por efecto de los mismos ajustes integrales por inflación.

Tampoco de la circunstancia de que las personas estén obligadas a reflejar contablemente la situación económica y financiera de la empresa por mandato del inciso 2º del artículo 330 del estatuto tributario y demás disposiciones concordantes, y que para este efecto utilicen el sistema de ajustes por inflación puede inferirse válidamente que la ley las autorice para dar a esta obligación unos efectos diferentes a los específicamente establecidos en ella, contrariar abiertamente normas expresas sobre ajustes por inflación, o para incumplir disposiciones que regulan específicamente otras materias, dentro de las cuales se hallan las concernientes a la constitución de las asignaciones permanentes, que se destinan a capitalizarse y que deben registrarse como una cuenta especial de patrimonio.

Asignaciones que pueden estar representadas en diversos tipos de activos y negociarse libremente, salvo las limitaciones legales de las propias entidades.

En este orden de ideas si la corporación obtuvo una utilidad de $ 205.440.043 después de afectar los ingresos que cuantificó en $ 818.542.813 con los gastos o egresos procedentes, que le reconoció la administración, por valor de $ 613.107.770, estaba obligada a cumplir los requisitos legales para acceder al beneficio de exención del excedente neto en la forma indicada por los artículos 5º y 7º del Decreto 868 de 1989, esencialmente la aprobación por la asamblea u órgano directivo de su destinación.

Que la actora no cumplió con estos requisitos sobre la suma en discusión, es cuestión que resulta tanto de la solicitud inicial, como de los argumentos expuestos en la demanda y en la vía gubernativa cuando expresa en resumen; si se presentan pérdidas como consecuencia de los ajustes por inflación, al no haber excedente real, nada tiene que aprobar la junta. Esta no se pronunció sobre el reparto del excedente por sustracción de materia.

No encuentra así la Sala fundamento legal para revocar la sentencia apelada y por lo tanto ésta se confirma.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

FALLA:

1. Confírmase la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 30 de enero de 1997 en el juicio 11269.

2. Reconócese personería al abogado Antonio Granados Cardona a términos del poder que obra a folio 197 del expediente».

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase al tribunal de origen, cúmplase.

Esta providencia fue estudiada y aprobada en la sesión de la fecha.

________________________________