Sentencia 8366 de julio 11 de 1997 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejero Ponente:

Dr. Julio E. Correa Restrepo

Ref.: Expediente 8366

Santafé de Bogotá, D.C., julio once de mil novecientos noventa y siete.

Sanción por libros de contabilidad, 1991.

Actor: Los Tres Elefantes S.A.

Fallo

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Se debate en esta oportunidad la legalidad de las resoluciones números 010145 del 29 de diciembre de 1993 y 0000165 del 29 de diciembre de 1994, por medio de las cuales la Administración de Impuestos Nacionales impuso a la actora sanción por libros de contabilidad al verificar en el momento de efectuar la inspección tributaria, un atraso sancionable en el libro de inventarios y balance.

Ocupa en primer lugar la atención de la Sala la solicitud de la actora sobre la inaplicación del artículo 2º del Decreto 1354 de 1987, por entender que frente a ella debe aplicarse la excepción de inconstitucionalidad e ilegalidad prevista en el artículo 4º de la Carta, en orden a obtener una decisión favorable a sus pretensiones.

Tal como está prevista la excepción de inconstitucionalidad en el artículo 4º de la Constitución Política, consiste en la inaplicación efectuada por funcionario administrativo o judicial, de la disposición que regula el asunto concreto sometido a su consideración, por estimarla abiertamente inconstitucional, para en su lugar, proferir una decisión fundamentada en el precepto superior.

Ha considerado esta corporación en otras oportunidades, que procede esta figura en los casos de incompatibilidad manifiesta entre normas legales o jurídicas y los preceptos constitucionales.

La excepción no se contrae a la simple inaplicación de la norma compatible, sino que es necesario que la normatividad superior regule la situación en forma diferente a la señalada por la disposición de rango inferior, de suerte que el asunto concreto pueda quedar gobernado por el canon constitucional.

Precisado lo anterior, cabe señalar que el artículo 2º del Decreto 1354 de 1987, establece que cuando la administración tributaria ordene la exhibición de los libros de contabilidad a quienes estén obligados a llevarlos, éstos podrán disponer hasta de cinco (5) días hábiles para exhibirlos, contados a partir de la fecha en la cual se solicite por escrito la presentación de los mismos. Cuando la solicitud se realice por correo, el plazo de que trata este artículo será de ocho (8) días hábiles, contados a partir de la fecha de introducción al correo de la respectiva solicitud.

Según la actora, la disposición anterior viola los derechos de defensa, debido proceso, igualdad y el principio de la buena fe, toda vez que constituye una decisión unilateral por parte de la administración, supeditada exclusivamente a un elemento circunstancial como es el correo, con el único propósito de imponer una sanción, sin dar oportunidad al administrado de poder defenderse de alguna situación que vaya en detrimento de su integridad patrimonial.

Considera igualmente violatoria de los principios generales de procedimiento administrativo, por cuanto el término a que ella hace referencia debe contarse a partir del día siguiente a la fecha en que se conoce la decisión de la administración, por cuanto ella inicia una actuación administrativa.

Para la Sala, en el caso debatido no procede la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad e ilegalidad planteada, toda vez que analizada la norma acusada no se observa que ella vulnere los preceptos constitucionales alegados.

En efecto, efectuada la confrontación jerárquica, no existe vulneración a los derechos de defensa, debido proceso e igualdad, así como al principio de la buena fe, por cuanto el término establecido en el artículo 2º del Decreto 1354 de 1987, no evidencia de manera alguna el propósito de imponer una sanción, toda vez que en él se prevé la ampliación del plazo cuando la solicitud de exhibición de libros se realice por correo; plazo que según la Sala, además de ser un mandato legal es suficiente para el cumplimiento de la finalidad que se persigue.

Prueba de ello es que la sociedad recibió la solicitud de exhibición de libros de contabilidad el 22 de julio de 1993, cuando había sido enviada el 19 del mismo mes y año y por ello, contó con tiempo más que suficiente para actualizar sus libros si era que adolecían de algún atraso, pues la visita sólo se efectuó el 6 de agosto.

Para la Sala no puede fundamentarse el demandante en la excepción de inconstitucionalidad que consagra la Carta Política, para sustraerse del ámbito de una norma so pretexto de incumplir una exigencia legal que no contradice el principio constitucional.

En cuanto a la violación de las normas de procedimiento administrativo, comparte la Sala la decisión del a quo cuando consideró que ellas no tenían ninguna aplicabilidad al caso de autos, toda vez que el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo se refiere a la forma de notificación de las decisiones que ponen fin a una actuación administrativa, situación que no viene al caso y además, porque los procedimientos tributarios se rigen por sus propias normas, tal como es previsto en el artículo primero ibídem.

Ahora bien, respecto del segundo cargo de la apelación, controvierte la actora el fallo del tribunal, por cuanto se ignoró por parte del fallador que de conformidad con los artículos primero, segundo, once, quince y veintiuno del Decreto 1798 de 1990, la sociedad podía llevar sus inventarios finales en registros auxiliares certificados por el revisor fiscal, los cuales fueron exhibidos en el momento de la visita que practicara la administración.

Considera la Sala, que el hecho que originó la sanción impuesta consistió en el atraso en los registros del libro de inventarios y balances tipificada en el literal f) del artículo 654 del estatuto tributario así:

“Habrá lugar a aplicar sanción por libros de contabilidad en los siguientes casos:

(...).

f) Cuando entre la fecha de las últimas operaciones registradas en los libros, y el último día del mes anterior a aquél en el cual se solicita su exhibición, existan más de cuatro (4) meses de atraso”.

En efecto, la administración se presentó a las oficinas de la sociedad actora el 6 de agosto de 1993, fecha en la cual al levantar el informe de libros dejó constancia que el libro inventarios y balances, registrado en la Cámara de Comercio de Bogotá, bajo el número 228924 el 4 de marzo de 1982, “consta de 1.000 hojas útiles. Está utilizado hasta el folio Nº 953 con el balance a 31 de diciembre de 1990. Aparecen sin utilizar y sin anular los folios del 964 al 1000”.

Teniendo en cuenta lo anterior, es evidente para la Sala que al momento de realizarse la visita el libro de inventarios y balances de la actora, tenía un atraso superior a los cuatro meses entre la fecha de las últimas operaciones registradas y el último día del mes anterior a aquél en el cual se solicitó su exhibición, por ello se considera que la sanción impuesta se ajustó a la normatividad legal que la contempla.

Ahora bien, advierte la Sala en relación con la presentación de los libros auxiliares donde se registraban los inventarios de la sociedad, que no obstante el Decreto 1798 de 1990 vigente para la época de los hechos, permite que al terminar cada ejercicio, los inventarios de mercancías se registren en libros auxiliares, el parágrafo del artículo 21 ibídem establece que ellos prestan mérito probatorio en el evento en que no se lleve un libro debidamente registrado para tal efecto; en consecuencia, al estar probado dentro del sub lite que la actora llevaba el libro de inventarios y balances debidamente registrado, su atraso no podía ser subsanado por los registros auxiliares.

Tampoco es acertada la pretensión de la sociedad de que se considere oportuno el envío de las fotocopias debidamente autenticadas del libro de inventarios con fecha posterior a la visita de la administración, con fundamento en el artículo 2º del Decreto 1354 de 1987, toda vez que examinado el auto comisorio notificado por correo, observa la Sala que en él se indicaba, que el término de ocho días para la exhibición de libros de contabilidad, se contaba a partir de la introducción al correo del mismo auto, siendo dicho acto explícito y claro para la Sala, como lo es igualmente el artículo 2º del decreto tantas veces mencionado.

Finalmente y en relación con la manifestación de la actora en el recurso de apelación, de que para la fecha de la notificación de la visita tributaria se encontraba implementando el nuevo esquema contable exigido por el Gobierno Nacional y debido a ello se incurrió en atraso en el mencionado libro, considera la Sala que a parte de ser un hecho independiente y no probado no la exime de la sanción legalmente impuesta.

En consideración a lo anterior, el fallo apelado habrá de confirmarse.

En mérito a lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

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