Sentencia 8372 de septiembre 19 de 1997 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Sección Cuarta

Consejero Ponente:

Dr. Julio Enrique Correa Restrepo

Ref.: Expediente 8372.

Santafé de Bogotá, D.C., diecinueve de septiembre de mil novecientos noventa y siete.

Actor: Cámara colombiana de la construcción, Camacol, seccional Cundinamarca y otros.

Apelación de la sentencia del 20 de febrero de 1997 Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Autoridades nacionales

Fallo

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Para la Sala la sentencia apelada merece ser confirmada por las siguientes razones:

1. Conforme con lo dispuesto por el artículo 52 del Código de Régimen Político y Municipal, la ley no obliga sino en virtud de su promulgación, y ésta consiste en insertarla en el periódico oficial señalado para el efecto.

En concordancia con esta disposición el artículo 43 del Código Contencioso Administrativo, señala la obligación de la publicación de los actos administrativos de carácter general en el diario oficial o en el diario, gaceta o boletín que las autoridades destinen a ese objeto o en un periódico de amplia circulación en el territorio en donde sea competente quien expida el acto.

De igual forma el Decreto 1421 de 1993 “por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santafé de Bogotá, en el capítulo 2º del título II regula el procedimiento para conformar el acto complejo en cuestión y así una vez aprobado el proyecto en las condiciones establecidas y suscrito por el presidente del concejo y el secretario general pasará al Alcalde Mayor para su sanción; al efecto el artículo 23 dispone:

“ART. 23.—Objeciones y sanción. Una vez aprobado el proyecto será suscrito por el presidente del Concejo y el secretario general y pasará al Alcalde Mayor para su sanción. El acuerdo regirá a partir de su publicación o con posterioridad a ella, en la fecha que el mismo disponga.

Dentro de los diez (10) días siguientes al recibo del proyecto, el alcalde podrá objetarlo por motivos de inconveniencia, inconstitucionalidad o ilegalidad si el Concejo no estuviere reunido, las objeciones se publicarán en el registro distrital y serán estudiadas en las sesiones inmediatamente siguientes. En sesión plenaria el Concejo decidirá previo informe de la comisión ad hoc que la presidencia designe para el efecto. Las objeciones solo podrán ser rechazadas por el voto de la mitad más uno de los miembros de la corporación”.

La obligación de dar publicidad a los actos y documentos oficiales fue reiterada por el Congreso de la República mediante la Ley 57 de 1985 que estableció en su artículo 1º:

“La Nación, los departamentos y los municipios incluirán en sus respectivos diarios, gacetas o boletines oficiales todos los actos gubernamentales y administrativos que la opinión deba conocer para informarse sobre el manejo de los asuntos públicos y para ejercer eficaz control sobre la conducta de las autoridades, y los demás que según la ley deban publicarse para que produzcan efectos jurídicos”.

Y para los mismos efectos la Ley 136 del 2 de junio de 1994 al legislar sobre la publicidad de los actos del Concejo creó la gaceta del Concejo, como órgano oficial escrito de publicidad de sus actos, al decir:

“ART. 27.—Publicidad de los actos del Concejo: Los concejos tendrán un órgano o medio oficial escrito de publicidad de sus actos, denominado gaceta del Concejo, bajo la dirección de los secretarios de los concejos”.

Entonces, si por mandato legal esta gaceta constituye el medio idóneo para cumplir con la obligación de publicación de los actos administrativos emanados del concejo municipal, la publicación así efectuada es la determinante para la vigencia y aplicación de dichos actos administrativos como lo precisó el a quo, de manera que una publicación adicional si bien puede tener justificación en la mayor divulgación de tales decisiones, no resta validez a la primera para los efectos de la publicación ordenada en la ley y así han de interpretarse las disposiciones de menor jerarquía a la ley (ordenanzas y acuerdos) cuando por razones de conveniencia, indican o efectúan una segunda publicación.

En este orden de ideas no son aceptables los cuestionamientos que a la sentencia de primer grado formulan los actores con fundamento en un acuerdo local (20/94), no allegado al proceso, que supuestamente exige una doble publicación para efectos de la vigencia de las normas municipales.

Si como afirman los mismos demandantes y aparece probado en el proceso (fls. 50 a 57) en los Anales del Concejo de Santafé de Bogotá, año LV Nº 73 de fecha diciembre 29 de 1995 se insertó el texto total del acuerdo 28 de 1995, ya sancionado por el alcalde municipal, es indudable que este acto de contenido general tuvo vigencia a partir de esta publicación y podía aplicarse, para el impuesto predial para el período anual, a partir del período siguiente: 1º de enero de 1996, conforme con lo señalado por el artículo 338 de la Constitución Política último inciso.

Con relación al cargo de nulidad del literal a) del artículo 10 del Acuerdo 28 de 1995, contrariamente a lo expresado por los actores y la colaboradora fiscal, no encuentra la Sala que esta norma contradiga el artículo 155 del Decreto 1421 de 1993 al disponer que la base gravable mínima del avalúo predial deba corresponder al avalúo resultante de la formación catastral realizada en el año inmediatamente anterior, porque es innegable que cuando la norma superior en su numeral 1º se refiere a la base gravable considerando para efectos el “avalúo catastral” o el autoavalúo del año anterior, el término avalúo del año anterior, al no contener limitación alguna, permite que éste se conforme por el indicado en la actuación administrativa de formación catastral, realizada con fundamento en la ley por las autoridades municipales.

Desde luego que para que la decisión administrativa pueda producir efectos jurídicos debe estar revestida de firmeza, para lo cual se requiere que el afectado o afectados con la misma hayan podido ejecutar su derecho de defensa, y que los recursos interpuestos se hayan decidido conforme lo prevé el artículo 62 del Decreto 1 de 1984.

Lo anterior indica que si el avalúo formado no cumple con la exigencia de firmeza no podrá tomarse como base del año siguiente. Pero ejecutada la formación catastral y así entendido, el literal a) del artículo 10 del Acuerdo 28 de 1995 los avalúos allí determinados tienen aplicación a partir del 1º de enero del año siguiente a aquel en que fueron ejecutados como lo prevén el artículo 8º de la Ley 14 de 1983 y el Decreto 1597 de 1985 que en su artículo 1º enseña que “el avalúo catastral resultante del proceso de formación será el avalúo oficial una vez en firme, y en este sentido ha de interpretarse la norma demandada”.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Confírmarse la sentencia apelada.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase al tribunal de origen, cúmplase.

Esta providencia fue estudiada y aprobada en la sesión de la fecha».

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