Sentencia 8400 de agosto 15 de 1997 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejero Ponente:

Dr. Delio Gómez Leyva

Ref.: Expediente 8400

Santafé de Bogotá, D.C., quince de agosto de mil novecientos noventa y siete.

Actor: Hugo Cortés Vargas

Impuestos: Renta 1990

Fallo

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos Nacionales, contra la sentencia del 19 de diciembre de 1996 por la cual el Tribunal Administrativo de Antioquia acogió parcialmente las súplicas de la demanda en el juicio de nulidad y restablecimiento del derecho iniciado por el contribuyente Hugo Cortés Vargas, identificado con la cédula de ciudadanía Nº 4.369.133, contra la operación administrativa por medio de la cual la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales de Medellín le determinó el impuesto de renta y complementarios correspondiente al año gravable de 1990.

Consideraciones de la Sección

El debate en la segunda instancia del proceso se halla referido a la sanción por inexactitud, ya que a juicio del apoderado judicial de la parte demandada, hoy apelante, la inexistencia de los costos y deducciones por falta de comprobación se encuentra prevista en el artículo 647 del estatuto tributario como conducta sancionable, la cual no se altera por el hecho de que se hubiera reconocido el costo presunto de que trata el artículo 82 ibídem.

En primer lugar, la Sala precisa que en el sub judice la sanción por inexactitud se impuso no como consecuencia del rechazo de costos y deducciones declarados y aplicación del costo presunto como en forma incorrecta se ha interpretado en el proceso tanto por el Tribunal como por el apelante y la procuradora octava delegada, sino porque el contribuyente no comprobó los costos y deducciones declarados de acuerdo con lo solicitado por la administración, concluyendo ésta, que “la inclusión de costos y deducciones inexistentes por falta de comprobación lo hacen acreedor a la sanción por inexactitud prevista en el artículo 647 del estatuto tributario” (fl. 14. cdno. ppal.).

Por tanto, las sentencias que invoca el tribunal, el apoderado judicial de la demandada y la procuradora octava delegada en las cuales se ventila el tema de la sanción por inexactitud cuando se ha aplicado el costo presunto, no sirven de criterio auxiliar para dirimir el asunto debatido dentro del presente proceso, en donde, como se dejó visto, no se aplicó el costo presunto sino que se rechazaron costos y deducciones por falta de comprobación y en últimas porque se aplicó la limitación consagrada en el artículo 87 del estatuto tributario para los “profesionales independientes y comisionistas” tal y como lo reconoce el a quo en la sentencia apelada.

Así las cosas, debe determinar la Sala, si la falta de comprobación de los costos y deducciones implica la inexistencia de los mismos, y par ende si se configura conducta sancionable en los términos que lo consagra el artículo 647 del estatuto tributario, disposición, que para una mejor ilustración se transcribe parcialmente a continuación:

“Constituye inexactitud sancionable en las declaraciones tributarias, la omisión de ingresos, de impuestos generados por las operaciones gravadas, de bienes o actuaciones susceptibles de gravamen, así como la inclusión de costos, deducciones, descuentos, exenciones, pasivos, impuestos descontables, retenciones o anticipos inexistentes, y, en general, la utilización en las declaraciones tributarias, o en los informes suministrados a las oficinas de impuestos, de datos o factores falsos, equivocados, incompletos o desfigurados, de los cuales se derive un mayor impuesto o saldo a pagar, o un mayor saldo a favor para el contribuyente o responsable. Igualmente, constituye inexactitud, el hecho de solicitar compensación o devolución, sobre sumas a favor que hubieren sido objeto de compensación o devolución anterior...

“... No se configura inexactitud, cuando el menor valor a pagar que resulte en las declaraciones tributarias, se derive de errores de apreciación o de diferencias de criterio entre las oficinas de impuestos y el declarante, relativos a la interpretación del derecho aplicable, siempre que los hechos y cifras denunciados sean completos y verdaderos”.

El alcance de esta disposición ha sido precisado por la Sala en abundante jurisprudencia, en la que el criterio predominante es que para que proceda la sanción por inexactitud, se requiere que se den las circunstancias previstas en forma expresa por la ley, sin que pueda la administración por vía de interpretación extenderla a hechos no previstos en ella, como son los rechazos de costos, deducciones, descuentos, exenciones, etc., por incumplimiento de los requisitos formales o por defecto o falta de comprobación, evento en el cual se castigaría doblemente al contribuyente: negándole el reconocimiento fiscal del total del costo por deficiencia de la prueba, e imponiéndole sanción por el no reconocimiento.

Para la Sala, cuando, como ocurrió en el sub judice, se rechazaron los costos y deducciones por deficiente comprobación, no puede equipararse con la causal de inexistencia de los mismos que de manera expresa consagra el artículo 647 del estatuto tributario, pues una cosa es que los costos y deducciones no sean reales y otra muy diferente que el contribuyente no hubiera aportado prueba suficiente para comprobarlos, evento en el cual la ley tributaria autoriza su desconocimiento pero no la aplicación de sanción por inexactitud, pues tal hipótesis no se encuentra consagrada de manera expresa en la disposición en comento.

Adicionalmente, el artículo 177 del estatuto tributario prevé expresamente que no “procederán los costos o deducciones respecto de los cuales no se cumpla con la obligación señalada en el artículo 632”, es decir, con la obligación de conservar informaciones y pruebas relacionadas con las declaraciones tributarias por concepto de los impuestos administrados por la Dirección de Impuestos Nacionales y, a su vez, el artículo 651 de la misma obra, en forma concordante consagra la aplicación de una multa y el desconocimiento de los costos, deducciones, pasivos etc., cuando no se han presentado las informaciones y pruebas solicitadas.

De lo anterior se colige, que en tratándose de la obligación de presentar las pruebas relacionadas con los costos y deducciones la ley castiga su incumplimiento con una sanción distinta a la inexactitud, y que sólo cuando la administración establezca que los mismos no son reales, se estaría frente a la causal de inexactitud que consagra el artículo 647 del estatuto tributario.

Así las cosas, la Sala comparte la decisión del a quo en lo referente a la sanción por inexactitud objeto del recurso de apelación, pero por las razones que se han dejado expuestas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y par autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia de diciembre 19 de 1997 originaria del Tribunal Administrativo de Antioquia, proferida dentro del proceso distinguido con el Nº 941080.

2. RECONÓCESE personería para actuar en nombre de la entidad demandada al abogado Alberto Sandoval Navas, de conformidad con el poder que obra al folio 108 del cuaderno principal.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, envíese copia al tribunal de origen y cúmplase.

Se deja constancia de que esta providencia se estudió y aprobó la sesión de la fecha.

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