Sentencia 8400 de junio 22 de 1994 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

•SALA DE CASACIÓN PENAL

TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE

CONDENA DENTRO DEL PROCESO PENAL

EXTRACTOS: «El título que el legislador le dio al artículo 221 del Decreto 2700 de 1991, demarca perfectamente su alcance, pues anuncia que determina la “cuantía para recurrir” cuando el recurso de casación tiene por objeto únicamente lo referente a la indemnización de perjuicios decretados en la sentencia condenatoria. De donde resulta absolutamente claro que la invocación de las causales civiles de casación en el proceso penal sólo procede cuando se quiere plantear una inconformidad con la cuantía de los perjuicios decretados en la sentencia condenatoria y cuyo monto se ajuste a los presupuestos del recurso de casación en materia civil.

El recurso de casación interpuesto en este proceso por la parte civil no está dirigido a atacar la legalidad de las determinaciones adoptadas por el ad quem en relación con la cuantía de la indemnización de perjuicios, porque ninguna protesta formula a ese respecto; su objetivo se enfocó hacia el mantenimiento de la responsabilidad solidaria del tercero en el pago de los daños, decretada por la primera instancia y revocada por la segunda.

En estas condiciones es manifiesta la intención del demandante de que la Corte se pronuncie con respecto a la figura procesal del tercero civilmente responsable reglada en los arts. 44, 153, 154 y 155, del estatuto procesal, cuya aplicación bien ha podido originar violaciones directas o indirectas, que habrían admitido la concurrencia de las causales de casación establecidas en el estatuto procesal penal. Haber enfocado la demanda por la vía civil significó un craso error técnico del actor, porque difícilmente podrían resultar prósperas causales civiles basadas en la inobservancia de preceptos penales, sustantivos o procedimentales, a excepción, naturalmente, de aquellos que regulan la cuantificación de la indemnización de perjuicios.

Así las cosas, como la pretensión no está basada en las circunstancias que admiten la remisión del recurso extraordinario a la regulación contenida en el procedimiento civil, no es del caso entrar a analizar cada una de las causales de casación que trae la demanda porque no se ha dado el presupuesto que le permite a la Sala de casación penal invadir esa órbita jurisdiccional.

De otra parte, también constituye falta de técnica invocar las mismas normas para predicar respecto de ellas tanto violación directa como indirecta; desaciertos que bastarían para adelantar el fracaso de la impugnación. No obstante, se advierte que a la postre el demandante plantea un problema de procedimiento, en cuanto ataca la revocatoria que, con sustento en la garantía del debido proceso, dispuso el fallador de segunda instancia; ello, sitúa la discusión en el campo de las nulidades. Por consiguiente, y atendiendo al deber consagrado en el art. 228 del C.P.P., se trata de un tema de ineludible consideración.

La decisión que contiene la sentencia impugnada envuelve dos aspectos distintos, uno el de la responsabilidad del tercero civilmente responsable y el del comiso del vehículo con el cual se cometió el homicidio culposo; por ello, conviene hacer referencia a cada uno de ellos en forma separada.

La vinculación al proceso penal del tercero civilmente responsable es un tema que regula el art. 44 del C.P.P., cuando establece que “Quie-nes sean llamados a responder (por la indemnización del daño) de acuerdo con la ley sustancial, deberán ser notificados personalmente del auto admisorio de la demanda, tendrán el carácter de sujetos procesales e intervendrán en el proceso penal para controvertir las pruebas de las que se derive su responsabilidad” (resalta la Sala).

Es de notar que esta disposición hace parte del libro I, título I, capítulo II del Decreto 2700 de 1991, que trata de la “Acción civil”, por lo que sólo es posible que se refiera al auto admisorio de la demanda de constitución de parte civil. Y en esos términos, es nítido, que la vinculación del tercero civilmente responsable sólo es procedente a solicitud de la parte civil; y no podría ser de otra manera por cuanto ella es su titular. Esa circunstancia le quita al funcionario judicial la posibilidad de trasladar a la acción civil la amplia discrecionalidad dispositiva que ejerce dentro de la acción penal, salvo las expresas excepciones que consagra la ley.

De esta manera, es manifiesta la legalidad de la conclusión obtenida por el sentenciador de segunda instancia, en cuanto encontró que la vinculación oficiosa del tercero civilmente responsable, como lo hizo el a quo en este asunto, conculcaba el debido proceso, pues esa relación procesal de índole privada se establece sólo a voluntad de las partes. Y si bien es verdad que posteriormente la parte civil concurrió al proceso penal para convertirse en sujeto procesal, solicitando en el libelo respectivo que se declarara la responsabilidad del tercero, tal actuación no convalidó en forma alguna el error judicial, por cuanto, a pesar de haberse ejercido dentro de la oportunidad que el código concede, su intervención no resultó igualmente oportuna en orden a establecer la necesaria relación procesal, de naturaleza privada, con este otro sujeto procesal, pues es de entender que la constitución de la parte civil se efectúe en las postrimerías del proceso frente al procesado, por cuanto desde el mismo momento en que éste adquiere la condición de sindicado sabe que, de resultar condenado, debe enfrentar dos tipos de responsabilidad, la penal y al lado de ésta la civil, sea que se llegue a constituir parte civil o que ello no ocurra, pues el juez penal está en el deber de adoptar las determinaciones necesarias para que los perjuicios causados con un hecho punible sean indemnizados (art. 55 C.P.P.).

No obstante, no sucede lo mismo con el tercero civilmente responsable, por cuanto, siendo un extraño frente a la comisión de un hecho delictivo, tal como claramente lo define el artículo 153 del C.P.P., no tiene por qué estar atento o esperar un procesamiento que le deduzca una responsabilidad patrimonial. En esas condiciones, solamente después de haber sido convertido en sujeto procesal, con todas las formalidades que se han establecido con ese fin (art. 44 ibídem), se puede llegar a condenar al tercero civilmente responsable, y si a ello aspira la parte civil, habrá de preocuparse de llegar al proceso penal con la oportunidad necesaria para que el tercero a quien demanda pueda ejercer a plenitud su defensa; imposición que se deduce de los derechos que el estatuto procesal le concede al tercero civilmente responsable.

Esos derechos están nítidamente definidos en el precepto 155 del estatuto comentado, en cuanto consagra como facultades del sujeto procesal en referencia: “El tercero civilmente responsable tiene los mismos derechos y facultades de cualquier sujeto procesal. No podrá ser condenado en perjuicios cuando no se haya notificado debidamente y se le haya permitido controvertir las pruebas en su contra”.

Del texto anterior se vislumbra que el legislador cuidó muy bien de proteger al tercero civilmente responsable para que, en caso de resultar condenado dentro del proceso penal, tal decisión se adoptara después de haberle dado la ocasión de ser oído y vencido en juicio. Por tanto, mientras el tercero no haya sido legalmente vinculado al proceso penal y no haya tenido la oportunidad de ejercer realmente la defensa de sus intereses, no es posible que el juez penal profiera sentencia condenatoria en su contra.

La filosofía plasmada en las normas a las cuales alude este pronunciamiento, que no es otra que el desarrollo de la garantía constitucional del debido proceso, la sigue sosteniendo el legislador de 1993, pues, indudablemente para reforzar la garantía de los derechos del tercero civilmente responsable, excluyó la decisión sobre la responsabilidad de éste en las sentencias anticipadas (Ley 81/93, artículo 5º, numeral 5º).

Con relación al tema tratado conviene recordar que la Corte Suprema de Justicia, declaró la inexequibilidad de las disposiciones del Decreto 050 de 1987 que establecían la figura del tercero civilmente responsable, precisamente con base en las limitaciones que se le presentaban a este nuevo sujeto procesal para ejercer su defensa. Los argumentos que triunfaron por mayoría en aquella oportunidad y que son los que interesan para esta decisión son los siguientes:

“Si bien es cierto que la ley puede extender la competencia del juez penal a asuntos civiles relacionados con el delito, tal como se analiza en los precedentes párrafos, la regulación que los arts. 58, inciso 1º, 59, 60, 62, 63, 64, 65 y 66 del Decreto 50 de 1987 hacen de la intervención del tercero civilmente responsable, no garantiza en forma efectiva el debido proceso y el derecho de defensa que para él tutela igualmente el art. 26 de la Carta Fundamental.

En efecto, la comparecencia al proceso penal del civilmente responsable le debe permitir hacer uso de las facultades procesales que podría invocar en el proceso civil y que resultan opuestas a la naturaleza propia del proceso penal.

Como la que gravita sobre el tercero civilmente responsable no es obligación que surja directamente del hecho punible sino de la relación de subordinación o dependencia en que se halla el autor del hecho punible con respecto a él, su situación tiene que ventilarse en el proceso civil, que es más amplio y le brinda más oportunidades para su defensa, permitiendo incidentes o actuaciones que no se pueden cumplir en el proceso penal sin alterar su estructura, tales como la demanda de reconvención, el llamamiento en garantía, la denuncia del pleito, las nulidades, y otras que por la celeridad del proceso penal y por su naturaleza propia, son refractarias con su finalidad, razón suficiente para que su ausencia afecte evidentemente el derecho de defensa del tercero.

La improcedencia de estas actuaciones dentro del proceso penal y de otros de la misma índole que permitan el amplio ejercicio del derecho de defensa del tercero, genera el desmedro de las garantías que el art. 26 de la Constitución establece en su favor, pues no puede actuar en condiciones de plena igualdad con la víctima o acusador, ni permite al juez penal dictar sentencia justa” (Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, sentencia de diciembre 3 de 1987).

Así las cosas, la determinación que a este respecto contiene la sentencia impugnada significó la garantía del debido proceso, que se había visto vulnerada por el a quo, cuando declaró una responsabilidad civil, para un tercero, sin los presupuestos formales y sustanciales que tal decisión requería. Luego, la revocatoria de este punto se ajusta a la legalidad procedimental, y antes que configurar una causal de nulidad, subsanó una preexistente.

Ahora bien, como el hecho punible, de índole culposa, se ejecutó con un automotor, el juez de primera instancia, sin tener en cuenta que el objeto sobre el cual adoptó la medida no era de propiedad del procesado, adoptó las determinaciones contempladas en los artículos 110 del Código Penal y 338 del estatuto de procedimiento penal que, en términos generales contienen la misma reglamentación.

La norma procesal, que sufrió algunas modificaciones con la Ley 81 de 1993, ordenaba:

“... En los delitos culposos, los vehículos automotores, naves o aeronaves, cualquier unidad monta-da sobre ruedas y los demás objetos que tengan libre comercio, se someterán a los experticios técnicos y se entregarán en depósito a su propietario o tenedor legítimo, salvo el derecho de terceros o de normas que dispongan lo contrario.

La entrega será definitiva, cuando se paguen o garanticen en cualquier momento procesal los daños materiales o morales, fijados mediante avalúo pericial, o cuando se dicte sentencia absolutoria, cesación de procedimiento o resolución de preclusión definitiva de la instrucción.

Si no se han pagado o garantizado el pago de los perjuicios, y fuere procedente la condena al pago de los mismos, el funcionario judicial ordenará el comiso de los mencionados elementos, para los efec-tos de la indemnización”.

Si bien, la norma es terminante al disponer el comiso de los automotores con los cuales se ha consumado un delito culposo, sin discriminar si su propietario es o no el procesado, una interpretación sistemática conduce a entender que la disposición está dirigida a aquellos bienes cuyo titular es el procesado, por cuanto, solamente a éste pueden alcanzar todos los efec-tos, tanto civiles como penales que desencadena su responsabilidad penal. Y, es obvio que, en la acción penal, un tercero sólo puede resultar afectado en su patrimonio, por excepción, cuando ha sido vinculado a esa actuación procesal y ha tenido la oportunidad de ser escuchado y de defenderse.

Por lo tanto, la automaticidad de la responsabilidad civil que se desprende de la penal, no se puede extender más allá del ámbito de la persona del procesado. En consecuencia, si existe base legal para demandar responsabilidad civil a un tercero, ello sólo se puede hacer previo el cumplimiento de los requisitos que para el efecto establece el propio estatuto de procedimiento penal.

Es verdad que en este trámite no se habían cancelado ni garantizado el pago de la indemnización de perjuicios, lo que, en principio, facultaba al juez de primer grado para decretar el comiso del vehículo con el cual se realizó la conducta punible, bien de propiedad de un tercero, la señora Clara Rosa Osorio de Tamayo, ajena a la responsabilidad penal, pero a condición de que esta última hubiera participado del trámite en las condiciones preestablecidas legalmente; requisitos que, como se analizó en el punto anteriormente estudiado, no se cumplieron, y en esas condiciones, quedó cerrado el paso a la posibilidad de afectar los bienes de ésta con el comiso, para hacer efectiva la responsabilidad civil extracontractual, sin que ello quiera decir que ha desaparecido o que no existiera, porque aún se puede hacer valer por la vía civil, tal como lo dejara en claro el Tribunal Superior de Manizales.

Bajo estas consideraciones es forzoso concluir que no hay lugar a la declaratoria de nulidad en este proceso por cuanto la decisión adoptada por el ad quem consulta la legalidad y por ende, no existe causal de casación que afecte su validez».

(Sentencia de casación, junio 22 de 1994. Expediente 8400. Magistrado Ponente: Dr. Édgar Saavedra Rojas).

______________________________