Sentencia 8401 de febrero 8 de 1994 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

CUANTÍAS

ACTOS QUE IMPLICAN RETIRO DEL SERVICIO

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Arturo Orjuela Góngora

Ref.: Expediente 8401

Santafé de Bogotá, D.C., febrero ocho de mil novecientos noventa y cuatro.

Decide la Sala el recurso de queja interpuesto por el apoderado del actor a fin de que se conceda el de apelación contra la sentencia del 11 de febrero de 1993 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual se negaron las súplicas de la demanda.

Señaló el a quo en proveído del 18 de marzo siguiente que de acuerdo con las normas del artículo 131, numeral 6º, literal b) del Decreto 01 de 1984, en armonía con el Decreto 3867 de 1985, vigente para la fecha en que se presentó la demanda, el 18 de junio de 1987, los Tribunales Administrativos conocían en “única instancia de los procesos que impliquen retiro del servicio, entre otros, cuando la designación mensual correspondiente al cargo no exceda de $ 80.000” (fl. 82).

De acuerdo a la estimación del libelista, la asignación básica mensual era inferior a $50.000, por lo que el proceso es de única instancia y por lo mismo, el recurso de apelación resulta improcedente. Al resolver el de reposición interpuesto, el Tribunal se reafirmó en los planteamientos expuestos (fls. 84-85).

En el recurso de queja el libelista sostiene que de acuerdo con el artículo 13 de la Constitución vigente, no es viable que un trabajador que gane menos de $ 80.000 “carezca del recurso de apelación en un proceso de su interés, en tanto que otro trabajador en similares circunstancias, que gane más de tal suma de $ 80.000 mensuales, sí cuenta con la garantía de tener el recurso de apelación que se le niega al primero”, con lo cual se crea una desigualdad en la ley para el más pobre (fl. 88).

Manifiesta luego que la norma invocada no ha sido suficientemente “estimada y sopesada” frente a las nuevas disposiciones constitucionales y que por otra parte, el artículo 31 consagra el derecho fundamental según el cual “toda sentencia judicial podrá ser apelada”. En conjunto, con las normas del artículo 29 ibídem, el debido proceso para el demandante es de doble instancia.

Señala luego algunas circunstancias por las cuales fue desvinculado del cargo y aduce que los salarios mínimos hoy valen más de $ 80.000; que la acción fue instaurada con fundamento en el artículo 85 del C. C.A. dentro de las regulaciones normativas del 132 ibídem y que el trabajador tiene como derecho fundamental en la Constitución de 1991, artículo 53, la igualdad de oportunidades.

Invoca finalmente el artículo 2º de la Carta para recalcar las funciones del Estado, entre otras, la de “garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución”.

Se considera

En la demanda con la cual se dio inicio al proceso se solicitó la nulidad de los actos por los cuales el actor fue destituido del cargo que desempeñaba en el Fondo Nacional de Ahorro.

En el libelo se indicó que al producirse la medida, el interesado devengaba un sueldo de $ 44.796, incluyendo un subsidio de alimentación por $ 4.500. Sin embargo, nada dijo el actor respecto de la cuantía de la acción y en especial lo atinente a la competencia de la misma ni a la forma de su determinación (fls. 139-142).

La demanda fue presentada el 18 de junio de 1987, según hace constar el Tribunal a folio 82, ya que no es legible la fecha en el propio documento (fl. 142 vlto.) y para esa época estaba vigente, como bien aduce éste, el Decreto 3867 de 1985 que había modificado las cuantías para efectos de la competencia de manera que, tratándose de actos que implicaran el retiro del servicio, como en este caso, conocían los Tribunales Administrativos en única instancia, cuando la asignación mensual correspondiente al cargo no excediera de $ 80.000, por aplicación de las normativas contenidas en el C.C.A., artículo 131, numeral 6º, literal b) inciso segundo.

La fecha de la presentación de la demanda, como se ha reiterado en varias oportunidades, determina la competencia para todo el curso del proceso, sin que pueda variarse salvo los casos previstos en el artículo 21 del C.P.C.

El fallo de la Corte Constitucional de 26 de agosto de 1993, declaró inexequibles las normas que regulaban tal aspecto, la determinación de la cuantía con base en la asignación mensual, por lo que hoy no son aplicables tales disposiciones para efectos de determinar aquélla, tratándose de actos que impliquen el retiro del servicio.

La cuantía en consecuencia, estará determinada en primer lugar, por la aplicación de las normas contenidas en el mismo orden que continúan vigentes, como sería el caso del artículo 131 o el 132, numeral 6º, literal a), o por las contempladas en el Código de Procedimiento Civil, artículo 20, numerales 1-2, según ha sido definido por la Sala en anteriores oportunidades. Véase auto del 9 de diciembre de 1993, expediente 8546 en el anterior sentido.

En aplicación de estas últimas disposiciones, se tendrá en cuenta para su determinación, no sólo lo correspondiente a la asignación mensual correspondiente al cargo al momento de la desvinculación sino también todos aquéllos otros factores de remuneración que tenía el empleado, como las primas, bonificaciones, cesantía, subsidios, en el lapso comprendido entre la fecha de la desvinculación y la presentación de la demanda. En estas condiciones, dada la regulación y ajuste de valores contenida en el Decreto citado, la cuantía tendría que exceder de $ 440.000 para que el proceso tenga vocación de segunda instancia.

Obra al expediente una constancia expedida por la entidad demandada en la cual se da cuenta sobre las retribuciones a que tenía derecho el accionante en el último cargo desempeñado y allí se indica una asignación mensual de $ 35.210 así como los valores por otros conceptos, como primas, cesantía y auxilio de alimentación (fl. 137).

Ahora bien, si se toman todos estos factores para determinar la cuantía, en el tiempo comprendido entre la fecha de la Resolución Nº 0230 expedida el 20 de febrero de 1987, que confirmó la sanción dispuesta en la anterior Nº 1651 del 30 de diciembre de 1986, y el día de presentación de la demanda, 18 de junio de 1987, el monto de lo reclamado en el lapso, aún incluyendo todos aquellos factores a los cuales se hizo mención, no alcanza o no excede la cantidad de $ 440.000 para que el proceso tenga dos instancias; tampoco bajo esta perspectiva se dan las condiciones para su procedencia.

La competencia como es de general conocimiento, ha sido y es reglada y se determina con base en las regulaciones que traen al efecto los ordenamientos, por lo que, debe ajustarse a ellos. No puede entonces admitirse la manifestación del recurrente en el sentido de que la acción se tramitó dentro de la normación del artículo 132 del C.C.A., “teniendo en mente un proceso con doble instancia”, cuando los supuestos y las circunstancias en que la acción se fundamenta apuntaban, al aplicar las normas, dentro de los marcos del 131 de única instancia.

Ha dicho la Sala en anteriores oportunidades que la regulación de los procesos con base a la cuantía, ha sido un factor determinante para la organización del sistema, en virtud del cual, se atribuyen competencias de acuerdo al mayor o menor valor de las pretensiones incoadas.

En proveído de junio 22 de 1993, expediente Nº 7775 sobre el particular se dijo:

“Es relevante anotar, en primer término, que dentro de la organización jurisdiccional del Estado la diferenciación de los procesos con base al quantum de las pretensiones para determinar las instancias ha sido un factor de ordenamiento de la actividad, de especial importancia, atribuyendo el conocimiento de aquéllos entre los distintos niveles con fundamento en éste. Es evidente que dentro de un rango de intereses y valores y de relatividad de las cosas, la igualdad implica ciertamente un juicio relacional, no puede desconocerse que algunos procesos tienen desde este punto de vista una mayor trascendencia y significación que otros, difieren dentro de unos supuestos de comparabilidad, pues no son los mismos ni iguales los intereses en conflicto”.

Estos criterios de diferenciación, sin embargo, no implican necesariamente una discriminación en contra de las personas, son objetivos, atienden intereses superiores de la comunidad en procura de una pronta y cumplida justicia y de organización del sistema.

Las normas que hoy se aplican se encuentran vigentes y hasta tanto no haya un pronunciamiento que las invalide, rigen los procesos para determinar la competencia y es del caso sujetarse a ellas. Tampoco están en pugna con los ordenamientos superiores señalados por el libelista.

El principio de igualdad instituido en el artículo 13, proscribe toda discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica, pero no es en modo alguno, la proclamación de una igualdad total y absoluta dentro de una sociedad que se caracteriza precisamente por las diferencias de toda índole; ello sería contrario como es obvio a la realidad palpitante que permea todo el campo del derecho.

El principio, como ha dicho la Corte Constitucional en este aparte, en sentencia del 19 de junio de 1993, “no prescribe siempre un trato igual para todos los sujetos del derecho, o destinatarios de las normas, siendo posible anudar a situaciones distintas —entre ellas rasgos o circunstancias personales— diferentes consecuencias jurídicas. El derecho es, al mismo tiempo, un factor de diferenciación y de igualación”.

Sólo a través de estos criterios puede llegarse al ideal de justicia que la propia Carta reclama. La cuantía, con referencia a las normas indicadas, se determina sobre bases objetivas y concretas, y criterios de proporcionalidad que hacen promover la igualdad que la Carta instituye. Del principio no podría ciertamente pre-dicarse un tratamiento igual en los casos concretos cuando estos se apoyan y tienen fundamento en supuestos diferentes; el criterio de diferenciación adoptado se justifica plenamente. Pero no por ello puede pensarse que se está desprotegiendo a los menos favorecidos o a los débiles; los ideales de justicia, el debido proceso, el derecho de defensa también tienen plena realización y observancia en los procesos de única instancia, absurdo es pensar la posición contraria y a estos tienen acceso todos aquellos que reclaman la protección del Estado.

De otro lado, no es admisible el planteamiento del actor en relación con el artículo 31 de la Constitución pues no todas las sentencias judiciales tienen apelación o son consultables; la mis-ma norma señala que existen unos casos en los cuales la regla general no se aplica: “salvo las excepciones que la ley consagre” preceptúa la norma y ello indica claramente que no todas las decisiones tendrían el mismo o igual tratamiento. Las excepciones a las que la disposición se refiere, están consagradas en los actuales textos y son aplicables pues no transgreden el ordenamiento. Podrá una ley en el futuro señalar otras o derogar las existentes pero la realidad en el momento actual es ésta.

Finalmente, con respecto al artículo 53 de la Constitución que consagra entre varios principios, la igualdad de oportunidad para los trabajadores, conviene puntualizar que la misma estaría referida, siguiendo los lineamientos de la Corte, al derecho de participar en el poder político y ser tenido en cuenta, en similares condiciones, como las demás personas y a ocupar cargos en la administración pública. No podrá en consecuencia bajo esta anterior perspectiva y ello es obvio, admitirse una supuesta transgresión de la norma porque unos procesos estén regulados en la ley como de única instancia, o por la diferenciación a que están sujetos con base en la cuantía y los diversos factores que hoy se tienen en cuenta para determinar el monto o el valor de la misma.

Por lo expuesto, no se accederá a la solicitud del recurrente.

En tal virtud, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,

RESUELVE:

Estímase bien denegado el recurso de apelación contra la sentencia del once (11) de febrero de mil novecientos noventa y tres (1993) proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

La anterior providencia la estudió y aprobó la Sala en sesión del día 27 de enero de 1994.

Dolly Pedraza de Arenas, Presidente—Joaquín Barreto Ruiz, salvó voto—Clara Forero de Castro—Álvaro Lecompte Luna, salvó voto—Clara Forero de Castro—Diego Younes Moreno—Carlos Arturo Orjuela Góngora.

Eneida Wadnipar Ramos, Secretaria.

SALVAMENTO DE VOTO

Con el debido respeto por el criterio mayoritario, considero que debió concederse el recurso de apelación, por las siguientes razones:

1. La sentencia de inexequibilidad de agosto 26 de 1993 respecto de los artículos 131 y 132 del C.C.A., afectó la totalidad del tercer inciso-numeral 6º de la primera disposición, y sólo la frase final del inciso tercero-numeral 6º de la segunda norma, no pudiéndose en consecuencia por vía de interpretación, pretender dejar sin vigencia una norma que no ha sido derogada ni declarada contraria a la Constitución Política.

2. Lo anterior, determina que la competencia para conocer de los actos que impliquen retiro del servicio es de los Tribunales Administrativos en primera instancia, como consecuencia de la aplicación del tercer inciso-numeral 6º del precitado artículo 132, que sin su frase final de-clarada inexequible, queda del siguiente tenor:

“...Art. 132. En primera instancia.—Los tribunales administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes procesos: (...)

6º) De los de restablecimiento del derecho de carácter laboral, de que trata el numeral 6º del artículo 131, cuando la cuantía exceda de quinientos mil pesos ($ 500.000).

En este caso, la cuantía se determinará en la forma prevista en los ordinales a) y b) de misma norma.

Sin embargo, de los procesos en los cuales se controviertan actos que impliquen destitución, declaración de insubsistencia, revocación de nombramiento o cualesquiera otros que im-pliquen retiro del servicio, conocerán los tribunales administrativos en primera instancia”.

Atentamente,

Joaquín Barreto Ruíz.

SALVAMENTO DE VOTO

Con el habitual respeto hacia el criterio de la distinguida e ilustrada mayoría de la Sala, el suscrito salva voto en este asunto por lo siguiente:

1. La sentencia de 26 de agosto de 1993, proferida por la honorable Corte Constitucional, declaró inexequible el artículo 2º del Decreto-Ley 597 de 1988, en cuanto modificó al artículo 131 numeral 6º, literal b) inciso segundo del Códi-go Contencioso Administrativo, relativo a la competencia fijada en única instancia para lo atinente a los tribunales de esta jurisdicción.

2. Lo mismo ocurrió con el inciso 3º del numeral 6º del art. 132 del mismo código, íntimamente relacionado con aquél, que determinaba cuándo era posible que los procesos sobre actos de destitución, declaración de insubsistencia, revocación de nombramiento o cualesquiera otros que impliquen retiro del servicio, fueran del conocimiento del Consejo de Estado por vía de apelación o de consulta.

3. De manera que resulta entonces, en opinión del suscrito, que si la declaratoria de inconstitucionalidad decretada por dicha Corte versó alrededor de la competencia para conocer de los mencionados procesos, ha de considerarse que en estos momentos ellos, sin excepción alguna, tienen dos instancias, y de allí que sea procedente la apelación.

Cordialmente,

Álvaro Lecompte Luna. 

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