Sentencia 8405 de marzo 16 de 1994 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

•SALA DE CASACIÓN PENAL

CONEXIDAD PROCESAL

EN LA JUSTICIA PENAL MILITAR

EXTRACTOS: «Sostiene el impugnante que se vulneró el principio de la unidad procesal consagrado en el artículo 303 del Código Penal Militar, pero la verdad es que como se vió en la parte inicial de los considerandos, se trata de un problema interpretativo en el que la mayoría de la Sala del Tribunal Militar estuvo de acuerdo que pese a existir unidad de hecho, por ser miembros los partícipes unos del ejército y otros de la policía, debían de ser juzgados por sus respectivos jueces naturales.

Los problemas de competencia en cuanto a los jueces penales militares en el período instructivo no existen porque independientemente en que los partícipes sean del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea o de la Policía y sin importar el sitio de la ocurrencia de los hechos, los jueces de instrucción penal militar tienen competencia plena de acuerdo a lo previsto en el artículo 357 del C.P.M.: “Los jueces de instrucción penal militar tienen competencia para investigar todos los delitos de conocimiento de la justicia penal militar, cualquiera que sea el lugar donde se cometa el hecho”. El problema no es tan simple a nivel de juzgamiento, porque los artículos 329 y 334 consagran los jueces de primera instancia para el Ejército; los artículos 335 y 343 para la Armada; y los artículos 344 y 347 para la Fuerza Aérea. Los artículos 348 y 351 consagran otros jueces de primera instancia, especialmente para el juzgamiento del director de la Escuela Superior de Guerra, para los oficiales destinados al Ministerio de Defensa, al cuartel general del comando general de las fuerzas armadas, para los oficiales de la Casa Militar de Palacio y otros miembros de las fuerzas armadas que no están ubicados dentro de los principios generales de competencia; y los artículos 352 y 355 señalan los jueces de primera instancia para los miembros de la Policía Nacional.

Por su parte la Constitución en su artículo 235, numeral 4º, establece en la Fiscalía General de la Nación la competencia instructiva y de acusación, y en la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, la de juzgamiento para los delitos cometidos por los generales y almirantes de la fuerza pública.

Es con base en la normativa anterior, que la Sala mayoritaria consideró que dentro de la especialidad de cada uno de los miembros de las distintas ramas de las fuerzas armadas y de la Policía Nacional tenían sus propios jueces naturales, es decir, el derecho a ser juzgados por miembros de la propia fuerza a la que pertenece el procesado.

De manera lamentable existe un gran vacío en la normatividad procesal militar a este nivel, porque excepto la regulación de la acumulación de procesos, no existe nada relacionado con los fenómenos de conexidad procesal, bien por coparticipación o por concurso delictivo.

Pero es una realidad que como en el caso bajo estudio se puedan presentar hechos delictivos cometidos por miembros de las diversas ramas de las fuerzas armadas y de la Policía Nacional, y en tal situación, es indispensable resolver si ha de conservarse la unidad procesal, o por el contrario es de aquellos casos en que debe romperse. Primero que todo debe advertirse que el reconocimiento constitucional de la justicia castrense (art. 221) tiene su explicación en la singular especialidad de las labores realizadas por las fuerzas armadas y la Policía Nacional y por ello, se ha determinado con precisión que la competencia de la misma radica exclusivamente para los “delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública en servicio activo, y en relación con el mismo servicio...”.

La anterior norma concordada con la parte final del artículo 213 de la Carta Política en la que se establece: “En ningún caso los civiles podrán ser investigados o juzgados por la justicia penal militar”, delimita con claridad y precisión el ámbito de competencia de la justicia penal militar y de tales preceptos constitucionales se podría concluir que no existe impedimento de esta naturaleza para que un juez penal militar determinado, pudiera conocer de hechos delictivos realizados por miembros de las otras ramas de las fuerzas armadas o de la Policía Nacional, siempre y cuando se hayan ejecutado por miembros en servicio activo y en relación con el mismo.

Recuérdese que en la etapa instructiva jueces penales militares tienen competencia, para conocer de todos los delitos asignados a esa jurisdicción.

Es claro que como ya se precisó con anterioridad, quiso el legislador que los miembros de cada rama especializada fuesen juzgados por sus superiores naturales; pero como igualmente ya se adelantó, no fue prevista la posibilidad de concursos delictivos con participación de miembros pertenecientes a diversas ramas de las fuerzas armadas y de la Policía Nacional.

La unidad procesal consagrada en el artículo 303 del Código Penal Militar se establece de la siguiente manera “salvo los casos de conexidad y las excepciones constitucionales y legales, por cada hecho punible se adelantará un solo proceso, cualquiera que sea el número de autores o partícipes”.

Y dentro de los argumentos a desarrollar, es preciso recordar que el artículo 302 del mismo texto consagra el principio de integración según el cual: “son aplicables al procedimiento penal militar, en cuanto no se opongan a lo establecido en este Código o en leyes especiales, las disposiciones contenidas en los Códigos de Procedimiento Penal y de Procedimiento Civil”.

Es claro que en el caso presente no se da una excepción de carácter constitucional que justificase la existencia de dos procesos separados a pesar de la unidad de hechos, porque todos los implicados en el fenómeno de participación, tienen el fuero constitucional de la justicia castrense, situación que es diversa cuando se presenta un problema de coparticipación delictiva entre quien tiene fuero constitucional, un congresista o un militar y quien no lo tiene, esto es una persona que no tiene tal investidura, caso en el cual es imperativa la existencia de dos procesos, uno para el que tiene fuero constitucional y otro para quien no lo tiene.

En el caso presente no se está en presencia de fenómenos de participación o conexidad en hechos delictivos cometidos por personas que tengan fuero constitucional o que estén sometidas a diversas jurisdicciones, pues todos los procesados están sujetos a la justicia penal militar que como tal es única y, no podría pensarse en una jurisdicción policiva, en una para los miembros del ejército y así sucesivamente para los demás integrantes de las fuerzas armadas.

El Decreto 1861 de 1989 y ahora en el artículo 90 del actual Código de Procedimiento Penal, reformado por el art. 14 de la Ley 81 de 1993 consagran los casos específicos en los que la unidad procesal se rompe y algunos de ellos allí previstos en la norma actualmente vigente son los siguientes: 1) “Cuando en la comisión del hecho punible intervenga una persona para cuyo juzgamiento exista un fuero constitucional o cuyo juzgamiento esté atribuido a una jurisdicción especial”. No es este el caso porque como ya se precisó con anterioridad todos los partícipes son miembros del ejército y de la policía en servicio activo y por hechos delictivos cometidos en razón del mismo servicio y por tanto todos están sometidos a la jurisdicción castrense por expresa disposición constitucional. 2) “Cuando la resolución de cierre de investigación a que se refiere el art. 438A de este código o la resolución de acusación no comprenda todos los hechos punibles o a todos los copartícipes”. Tampoco es el caso que se debate en este proceso, porque el problema no se presentó en el momento de la convocatoria a consejo de guerra, sino en la etapa sumarial; 3) “Cuando se decrete la nulidad parcial de la actuación procesal que obligue a reponer el trámite con relación a uno de los sindicados o de los hechos punibles”. Tampoco en este proceso se da la hipótesis contemplada en la norma, porque en este asunto, no se ha declarado ninguna nulidad que afecte a uno de los hechos punibles o a uno de los procesados.

No es del caso analizar las otras causales de rompimiento de la unidad procesal previstas en los otros cuatro numerales del artículo comentado porque son fenómenos procesales completamente ajenos al caso sub júdice.

En principio nos encontramos entonces en uno de aquellos casos donde es evidente que debe darse la conexidad procesal, porque se trata de un asunto de participación en un mismo hecho, realizado por diversas personas pertenecientes en ese momento al Ejército Nacional y a la Policía Nacional, todos sometidos a una misma y única jurisdicción que es la militar.

Se ha dicho por la doctrina que la conexidad procesal tiene su justificación por distintas razones y motivos y entre los argumentos más comunes encontramos los siguientes: a) la unidad de prueba, porque de manera general en los casos de concurso y participación, la misma prueba que sirve para demostrar el cuerpo de uno de los delitos, puede servir de base para los otros y así también, el medio de convicción que sirve para demostrar la autoría o responsabilidad respecto a uno de los partícipes, puede servir para probar la de los demás copartícipes; b) la economía procesal, porque es evidente que teniendo en cuenta lo expresado con anterioridad, la conexidad procesal evita la duplicación de esfuerzos investigativos, que serían de absoluta necesidad al tener que practicar muchas veces las mismas pruebas en los varios procesos que se adelanten por los mismos hechos; y c) la necesidad de evitar fallos contradictorios sobre unos mismos hechos, que es de una trascendencia política inconmensurable, porque en un Estado democrático que aspira a concretar la justicia y la igualdad real sobre todos los ciudadanos, sería inexplicable, que respecto a unos mismos hechos se pudieran presentar fallos contradictorios, y en un proceso determinado, unos partícipes resultasen condenados y en otros, fuesen absueltos.

En la justicia ordinaria al igual que en la castrense, están precisamente delimitadas las competencias por factores como la naturaleza de los hechos y el factor subjetivo, para citar únicamente los que para el caso nos interesan, pero se encuentra igualmente previsto que en casos de conexidad el funcionario de mayor jerarquía adquiere la competencia para conocer de los delitos conexos, en principio adscritos al conocimiento de funcionarios de menor jerarquía, de conformidad a lo que establece en este sentido, el inciso primero del artículo 89 del C. de P.P., reformado por la Ley 81 art. 13, e igualmente sucede, cuando se presentan fenómenos de conexidad en los cuales los procesados se encuentren sometidos a diversas competencias por tener alguno de ellos fuero legal especial, caso en el cual, el funcionario que tiene la competencia para conocer del delito de quien tiene fuero legal, adquiere la competencia para conocer los ilícitos cometidos por quienes no lo tienen, tal como se dispone en el artículo 89, inciso segundo.

Igual solución se le da al problema cuando la conexidad es entre hechos punibles sometidos a la competencia de los jueces regionales y de cualquier otro funcionario judicial, situación en la cual la competencia plena la adquiere el juez regional, de conformidad a la previsión del inciso tercero del artículo 89 ya citado.

Si en el caso subjúdice nos encontramos en presencia de un evento en donde todos los partícipes están sometidos a la justicia castrense, y que no existe causal para el rompimiento de la unidad procesal, es claro entonces concluir que presentándose acontecimientos como el que aquí es motivo de juzgamiento, debe conservarse la unidad procesal y al no existir norma procesal en el Código Penal Militar que resuelva este tipo de casos, ni tampoco para determinar la competencia en el caso de coparticipación de miembros de una misma fuerza, pero sometidos a jueces de diversa categoría en virtud de los diversos grados jerárquicos de los comprometidos en la coparticipación; es indispensable que recurriendo al principio de integración de la normatividad penal militar con la del Código de Procedimiento Penal, se resuelva el evidente vacío que en el establecimiento de este tipo de competencias presenta el Código Militar.

Si se tiene en cuenta que en la justicia penal militar todos los jueces son de la misma categoría, a un mismo nivel no puede pensarse en que existan jueces de superior categoría, porque siendo por ejemplo los comandantes de fuerza jueces de primera instancia en determinados casos todos ellos son de igual categoría y en el ejemplo dado los comandantes del Ejército (art. 329), de la Armada Nacional (art. 335), de la Fuerza Aérea (art. 344) y director de la Policía Nacional (art. 352), al ser de idéntica categoría no podría pensarse en la posibilidad que el del Ejército fuera de superior categoría a los demás.

En tal caso el vacío existente no podría resolverse con la aplicación de las previsiones del artículo 89 del CPP en cuanto establece la competencia en el funcionario de mayor jerarquía, sino que debe resolverse en virtud del factor subjetivo, esto es teniendo en cuenta la jerarquía militar que tengan las personas que son objeto del juzgamiento, debiendo juzgarlas a todas el juez de primera instancia que tenga la competencia para conocer de los hechos delictivos cometidos por el que tenga mayor graduación en la escala militar.

Para abundar en razones, débese recordar que la competencia exclusiva por razón del arma a que se pertenezca sólo subsiste en primera instancia, porque a nivel de segunda, y del recurso extraordinario de casación, y de la acción de revisión, la competencia se unifica, puesto que independientemente del juez que haya producido la decisión de primera instancia (Ejército, Armada, Fuerza Aérea o Policía) todos los fallos de segunda instancia se unifican en el Tribunal Superior Militar, e igual sucede en la Corte Suprema de Justicia.

Lo anterior es lógico porque siendo una la jurisdicción militar, no puede pensarse que la división especializada de la primera instancia se conservase hasta el vértice final de la jerarquía, como si en realidad se tratase de diversas jurisdicciones, cuando se sabe que por precepto constitucional, esta es una a nivel de los delitos cometidos por militares o policías en servicio activo y en relación con el servicio.

Como conclusión de las consideraciones precedentes, habría de precisarse que en este caso particular y en los similares que se presentaren, debe conservarse la unidad procesal y que el competente para el juzgamiento de todos los partícipes será el juez que tenga la competencia para juzgar al sindicado de mayor jerarquía.

Lo anterior con las excepciones de fuero constitucional que se le confiere a los más altos jerarcas de las fuerzas militares».

(Sentencia de casación, marzo 16 de 1994. Radicación 8405. Magistrado Ponente: Dr. Édgar Saavedra Rojas).

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