Sentencia 8417 de junio 15 de 1982

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SECCIÓN PRIMERA

Rad.: 8417

Magistrado Sustanciador:

Dr. Fernando Uribe Restrepo

Acta número 29.

Bogotá, D. E., quince de junio de mil novecientos ochenta y dos.

Resuelve la Sala el recurso extraordinario de casación interpuesto por el apoderado judicial de Jorge Raúl Betancur B., —identificado con cédula de ciudadanía 3.346.153 de Medellín—, contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa ciudad, en el juicio laboral ordinario promovido por Hernando Cuervo Tafur —identificado con cédula de ciudadanía 71.578.735 de la misma ciudad— a fin de que le fuese pagada la indemnización plena de daños y perjuicios tanto materiales como morales, con ocasión del accidente de trabajo que sufrió el actor el 19 de enero de 1979, estando al servicio del demandado. Sustentó estas pretensiones en los siguientes hechos:

“1º Laboré al servicio del demandado, en el establecimiento de comercio de su propiedad denominado «Prendería Balkanes», desde el 11 de junio de 1971 hasta el 10 de febrero de 1980”.

“2º Desempeñé el cargo de administrador, devengando un salario básico de $ 4.750.00 mensuales, que con los incentivos se elevaba a $ 16.461.00 mensuales”.

“3º La prendería, además de las labores propias de este tipo de establecimiento comercial, y como parte primordial del negocio, se dedica al cambio de cheques, circunstancia por la cual diariamente se manejan gruesas sumas de dinero en efectivo”.

“4º El viernes 19 de enero de 1979 me encontraba cumpliendo normalmente mis labores en la prendería, situada en el denominado sector de «Guayaquil», de esta ciudad, carrera 49 número 44-8; aproximadamente a las 10 a. m., sorpresivamente, hicieron su aparición dos atracadores armados de revólveres, exigiendo les entregase la tula, que en la puerta del establecimiento acababa de recibir de mi patrono y que contenía $ 650.000.00 para las especulaciones del día; como me negué a ello me hicieron dos disparos que lograron hacer blanco en mi cuerpo. Los asaltantes tuvieron que huir sin haber logrado su cometido”.

“5º Por causa del accidente, concretamente de los disparos recibidos perdí la sensibilidad en tres dedos de la mano derecha, incluyendo el dedo pulgar”.

“6º De acuerdo con nuestra ley laboral el lugar donde ha de cumplirse la respectiva labor debe estar rodeado de los medios de prevención necesarios para evitar accidentes, muertes o lesiones. En la prendería Balkanes, situada en el peligroso sector de «Guayaquil», no existían ni existen, las condiciones de seguridad mínimas, que brinden a sus trabajadores el medio adecuado para cumplir su trabajo, máxime si se tiene en cuenta que diariamente se manejan gruesas sumas de dinero y ni siquiera hay una reja de hierro, común en este tipo de establecimientos, que separe el interior, donde desarrollaba mi labor, de la parte exterior permanentemente abierta al público”.

“7º La imprevisión a que he hecho alusión en el numeral anterior constituye culpa del patrono, que me faculta para reclamar la indemnización ordinaria y completa a que se refiere el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo por la disminución en mi capacidad laboral”.

“8º El día 10 de febrero de 1980, en vista de la inseguridad reinante en la zona y el permanente peligro de mi integridad personal, presenté renuncia voluntaria de mi cargo”.

“9º El 12 del mismo mes y año, en el Juzgado Décimo Laboral del Circuito concilié con mi patrono las prestaciones sociales que me adeudaba en la suma de $ 167.122.00; discriminada así: Por cesantías $ 142.662.00, por vacaciones $ 5.487.00 y por intereses a las cesantías $ 18.973.00; por cuyos conceptos quedó totalmente liberado el señor Jorge Raúl Betancur B.; no así sobre la indemnización por el accidente de trabajo que no quedó incluida en el acta de conciliación”.

Dio respuesta el demandado, por intermedio de apoderado judicial, negando la mayoría de los hechos y proponiendo las excepciones de inexistencia de la obligación, pago, e incapacidad de las partes por ser el Instituto de los Seguros Sociales el obligado. Tramitada la primera instancia dictó sentencia el juez del conocimiento, el Segundo Laboral del Circuito de Medellín, absolviendo al demandado de todos los cargos. Interpuso el actor el recurso de apelación el cual fue resuelto por el Tribunal en la sentencia aquí atacada, en la cual se decide revocar la del primer grado para, en su lugar, condenar al demandado a pagar a su extrabajador la suma de $ 826.129.79 por concepto de perjuicios materiales y morales, con costas a su cargo en ambas instancias.

Inconforme con tal decisión, el apoderado judicial de la parte demandada interpuso oportunamente el recurso extraordinario, el cual fue concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, al igual que la correspondiente demanda.

El recurso

Consta de un solo cargo con base en la causal primera de casación laboral consagrada por el artículo 60 del Decreto 528 de 1964, y según el alcance de la impugnación se solicita a la Corte “el quebrantamiento total del fallo recurrido” para que, en sede de instancia, se confirme el fallo absolutorio del a quo, imponiendo al demandante las costas en las instancias (fls. 8 y 9). La parte demandada se abstuvo de presentar escrito de oposición.

El cargo

Se formula en los siguientes términos:

“Violación indirecta y por aplicación indebida de los artículos 55, 56, 57, 199, 203, 204, 216 y 218 del Código Sustantivo del Trabajo, en relación con los artículos 63, 1494, 1603, 1604, 1613, 2341, 2357, 2347, 2349 y 2352 del Código Civil y, como violaciones de medio, los artículos 194, 177 y 195 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con los artículos 60, 61 y 145 del Código de Procedimiento Laboral, a consecuencia de errores manifiestos de hecho, consistentes en:

“a) Considerar que el establecimiento Comercial «Prendería Balkanes» donde prestó sus servicios el demandante, está ubicado en uno de los sitios más inseguros de la ciudad de Medellín, circunstancia «que imponía la necesidad de adecuar o implantar un máximo de medidas de seguridad, a fin de evitar ser víctima de los ilícitos que contra la propiedad y seguridad personal se cometen a diario en esa turbulenta zona».

“b) Juzgar que el patrono no tuvo diligencia y cuidado en la obligación de prestarle protección y seguridad al trabajador, «pues omitió los medios necesarios mínimos para hacer seguro el sitio del trabajo».

“c) Dar por demostrado, sin estarlo, que existió culpa imputable al señor Jorge Raúl Betancur en la ocurrencia del accidente que causó a Cuervo Tafur una merma de su capacidad laboral de un 20%.

“d) Estimar que de haber instalado una reja metálica «como se acostumbra en esta clase de establecimientos», es indudable que se habrían disminuido considerablemente las posibilidades de que ocurrieran los hechos que se llevaron a cabo.

“e) Considerar que tal riesgo «casi que desaparece con esa medida de seguridad».

“En tales manifiestos errores de hecho incurrió el sentenciador por falta de apreciación de las siguientes pruebas: declaración instructiva del demandante, rendida en el Juzgado Tercero de Instrucción Criminal, el 29 de enero de 1979 (fls. 60 vto., y ss.) e interrogatorio de parte del mismo (fls. 73 y ss.) inspección judicial (fls. 78 vto., y 79); declaración de Yesid Cuervo Tafur (fls. 52 y ss.) y de Jorge Raúl. Betancur (fls. 56 y ss.) ante el mismo funcionario de instrucción criminal, y por equivocada apreciación del interrogatorio absuelto por el demandado (fls. 71 y 72) y de la primera declaración instructiva del demandante (fls. 55 y ss.)”.

Incidencia

“Como consecuencia de los errores señalados el ad quem aplicó indebidamente las disposiciones legales indicadas en el cargo, revocó la decisión absolutoria de primer grado y condenó al demandado a pagar la suma de $ 826.129.79 por concepto de perjuicios materiales y morales, y las costas de ambas instancias, y de no haber sido por esos errores, originados en la falta de apreciación de unas pruebas y en la equivocada apreciación de otras, tal como fueron discriminadas en aparte anterior, hubiera considerado que el demandado no tuvo culpa directa, ni indirecta en las lesiones inferidas al demandante por el hecho de terceros y hubiera confirmado el fallo del a quo”.

En la demostración del cargo transcribe el censor los apartes pertinentes de la providencia acusada, y afirma:

“Como se ve por los anteriores pasajes de la sentencia, el Tribunal ha tomado muy en cuenta para su decisión el interrogatorio absuelto por el demandado, en el cual éste manifiesta que su establecimiento tiene todas las medidas de seguridad adoptadas en negocios de esta índole como son: «cajas fuertes, mostradores altos, sin puertas de acceso y armas a la mano». Pero que nunca ha tenido rejas de seguridad en su negocio y agrega que con el demandante, mucho antes del atraco, conversó sobre la posibilidad de poner alguna reja y llegaron a la conclusión «de que era una solemne tontería, de que con reja o sin reja siempre lo atracan a uno». Sin embargo, el fallador sólo ha estimado el hecho relativo a la falta de la reja para inferir de ahí la responsabilidad de mi mandante, lo que indica que para aquél la causa primaria del accidente estriba en la falta de la reja, y se puede entonces establecer esta cuestión: Si el demandado hubiera colocado una reja metálica en su establecimiento, se hubiera evitado la irrupción de los atracadores y la agresión al demandante? El ad quem concluye que de haber instalado una reja metálica «es indudable que se hubieran disminuido considerablemente las posibilidades de que ocurrieran los hechos que se llevaron a cabo» y agrega: «tal riesgo casi que desaparece con esa medida de seguridad»”.

“Tales apreciaciones del fallador que podrían considerarse como una respuesta a la cuestión arriba planteada, no tienen respaldo alguno en el acervo probatorio.

Son suposiciones o conjeturas solamente, que no pueden tener la eficacia de comprometer la responsabilidad del patrono en el atraco. La situación de inseguridad que desde hace tiempo se presenta en nuestro país y también en otras latitudes, implica un riesgo o contingencia para todas las personas, del cual no era ajeno el demandante, y que el demandado no podía impedir. No puede entonces deducirse que la omisión que anota el Tribunal fuera la circunstancia propicia y necesaria que facilitó la agresión al demandante, o que el atraco se produjo porque el demandado no tomó oportunamente las precauciones requeridas para evitarlo. La agresión de los atracadores se causó porque el trabajador se negó a entregarles la bolsa o «tula» donde se guardaba el dinero que acababa de recibir de su patrono en la puerta del establecimiento”.

Transcribe a continuación el censor apartes de la declaración del testigo Yesid Cuervo Tafur, hermano del actor, y de la declaración de éste en el interrogatorio de parte, para concluir:

“De lo manifestado por el demandante, primero en su declaración instructiva y luego en el interrogatorio de parte, y del testimonio de su hermano Yesid, se desprende de aquél, en vista de la actitud sospechosa de quienes estacionaron el automóvil frente a la prendería, en vez de recurrir la policía que permanentemente presta vigilancia en ese sector como él mismo lo declara, optó por asumir el riesgo y afrontarlo con su propios medios, pues tomó el revólver y alertó a su hermano para la contingencia. Pocos minutos después irrumpieron los atracadores solicitando la tula con el dinero y ante la negativa del señor Cuervo, se produjo la agresión, hecho que no se podía evitar con una reja como lo cree el Tribunal, sin que en el proceso haya alguna prueba que tienda a darle soporte sólido a esa creencia. La opinión del demandante expresada al dar respuesta a una pregunta del interrogatorio de parte, en el sentido de que las prenderías «no necesitan seguridades como decir rejas y un celador, pero el cambio de cheques sí...» carece de lógica porque el negocio de prendería, por sí solo, requiere grandes sumas de dinero, como lo declara el demandado, y esta circunstancia es la que estimula la acción de los atracadores. De ahí que si las prenderías no necesitan rejas, como lo afirma el demandante, no se ve el motivo para que las requieran cuando a esa actividad se agrega el cambio de cheques”.

”Las pruebas allegadas al proceso y señaladas en esta demanda, no demuestran la falta de diligencia y cuidado en tomar medidas necesarias de seguridad y protección que ordena la ley. Fue un hecho de terceros, extraños al establecimiento y sin vínculo alguno de dependencia con el demandado, del cual éste no tiene por qué responder. Y las suposiciones y conjeturas del Tribunal acerca de la eficacia de la reja como medida de protección, no pueden considerarse como soporte firme y acertado de su decisión. Además, la diligencia de inspección judicial prueba de un modo evidente que el señor Jorge Raúl Betancur tiene y tenía en su empresa el día del atraco medidas de protección similares a las adoptadas en establecimientos vecinos, de la misma índole”.

Transcribe finalmente apartes de la diligencia de inspección judicial, y concluye afirmando:

“Todo indica que la agresión de que fue víctima el demandante no provino de una conducta negligente o descuidada de mi mandante en el ejercicio de una actividad que en sí misma no entraña peligro alguno para él ni para sus dependientes, sino, como ya se dijo, de una situación general de inseguridad manifestada por actos ilícitos como el atraco, que ni aun los agentes revestidos de autoridad, encargados de proteger la vida y bienes de las personas, han podido impedir. Violó, pues, el fallador, por vía indirecta y por aplicación indebida los artículos señalados en el ataque y, de consiguiente, éste debe prosperar”.

Se considera

Dijo el Tribunal en la sentencia acusada:

“Corresponde al patrono la obligación de proporcionar al trabajador los adecuados elementos de trabajo y de tomar las medidas necesarias para hacer seguro el lugar en donde se determina que debe prestarse el servicio. Debe, además, disponer correctamente de los elementos que garanticen el normal desarrollo del trabajo, ordenando las seguridades que de acuerdo a la naturaleza de la actividad y el sitio en que se realice, sean las aconsejables. Está el patrono en el deber de eliminar los riesgos que lleguen a constituir inseguridad y que puedan ocasionar imprevistos que atentan contra la integridad del empleado”.

“El establecimiento comercial Prendería Balkanes, en donde prestó sus servicios el actor, está ubicado en el sector conocido como «Guayaquil», uno de los sitios más inseguros de la ciudad de Medellín. Esta circunstancia imponía la necesidad de adecuar o implantar un máximo de medidas de seguridad, a fin de evitar ser víctima de los ilícitos que contra la propiedad y seguridad personal se cometen a diario en esa turbulenta zona”.

“Quedó plenamente establecido en los autos que en el sitio o lugar en donde ocurrió el accidente, además de las actividades propias de un establecimiento de prendería, se realizaban las de cambio de cheques, lo que significa que allí se manejaban grandes sumas de dinero. La certeza de esta afirmación se logra de la lectura del interrogatorio absuelto por el demandado, cuyo texto, para una mejor visión, se transcribe en lo Pertinente: «… Novena: Sírvase decir cómo es cierto sí o no, que en el establecimiento comercial de su propiedad además de las labores propias de prendería, se cumple con la labor de cambio de cheques? Contestó. Sí es perfectamente factible y es cierto. Décima pregunta: Sírvase decir cómo es cierto sí o no que para cumplir esa labor de cambio de cheques es necesario manejar diariamente gruesas sumas de dinero en efectivo? Contestó: Sí es cierto que hay que manejar gruesas sumas de dinero, aunque no sea para cambiar cheques, pues en prendería hay que mantener gruesas sumas de dinero. Décimaprimera: Sírvase explicar al despacho qué medidas de seguridad tiene la prendería para efectos de garantizar la seguridad de esas gruesas sumas de dinero y de los trabajadores que laboran a su servicio? Contestó: Tiene todas las medidas de seguridad que tienen los establecimientos de esa índole como son: Cajas fuertes, mostradores altos, sin puertas de acceso y armas a la mano. Décimasegunda: Sírvase decir si como medida de seguridad existe o han existido en su establecimiento y concretamente al momento de presentarse el acontecimiento que ha dado lugar a esta demanda, rejas de seguridad? Contestó: No. Nunca he tenido rejas de seguridad en mi negocio y específicamente donde ocurrió el hecho jamás he tenido rejas. Inclusive con el señor demandante mucho antes del atraco se dialogó sobre la posibilidad de poner alguna reja y llegamos a la conclusión de que era una solemne tontería de que con reja o sin reja siempre lo atracaban a uno...» (fls. 71 y 72)”.

“De todo lo anterior se infiere que el patrono no tuvo la diligencia y cuidado en la obligación de prestarle protección y seguridad al trabajador, pues omitió los medios necesarios mínimos para hacer seguro el sitio de trabajo, lo que lleva a la Sala a afirmar que existió culpa imputable al señor Jorge Raúl Betancur, patrono del actor, en la ocurrencia del accidente de trabajo que causó a Cuervo Tafur una merma en su capacidad laboral de un 20%. De haber instalado una reja metálica como se acostumbra en esa clase de establecimientos, es indudable que se habrían disminuido considerablemente las posibilidades de que ocurrieran los hechos que se llevaron a cabo. Tal riesgo casi que desaparece con esa medida de seguridad”.

De acuerdo con la jurisprudencia de la Sala, la indemnización total y ordinaria de perjuicios ocasionados por accidente de trabajo prevista en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo exige la demostración de la culpa patronal, que se establece cuando los hechos muestran que faltó “aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios”, según la definición de culpa leve que corresponde a los contratos celebrados en beneficio de ambas partes. Cuando se reclama esta indemnización ordinaria, en consecuencia, debe el trabajador demostrar la culpa, a lo menos leve, del patrono, y éste estará exento de responsabilidad solamente si demuestra que tuvo la diligencia y cuidado requeridos (Sent. abril 10 de 1975. G. J., CLI 1ª, 429).

El Tribunal encontró demostrada la falta de la diligencia y el cuidado requeridos, por la ausencia de una reja de seguridad en el establecimiento en el cual prestaba sus servicios el actor. Según el demandado esta medida de seguridad no sólo era innecesaria sino que constituiría una “tontería”, puesto que “en cualquier parte lo atracan a uno”. Y el censor, que se apoya en esta consideración, aduce además que en la diligencia de inspección judicial se demostró que en el establecimiento de propiedad del demandado se habían tomado las medidas de seguridad usuales para este tipo de negocios. Para el Tribunal tiene incidencia la especial peligrosidad de la zona urbana en donde ocurrieron los hechos, que el recurrente pone en duda, y para éste es de importancia la consideración de que el actor, frente al ataque de que fue víctima, ha debido llamar a la policía.

Frente a estas discrepancias en la apreciación láctica, observa la Sala: la reja de seguridad pudo haber sido muy importante para evitar un atraco dentro del establecimiento, como el que sufrió el trabajador; es dudoso que éste, en las circunstancias del caso, hubiera podido acudir a la policía, y la diligencia de inspección ocular ciertamente demuestra medidas de protección, pero más dirigidas a las cosas que a las personas (mostrador, caja de seguridad, etc.). Finalmente, la especial peligrosidad de la zona de Guayaquil, en la ciudad de Medellín, es prácticamente un hecho notorio que, como es bien sabido, no requiere prueba (C. de P. C., art. 177).

En todo caso, a juicio de la Sala, el ataque sólo ha logrado demostrar una discrepancia lógica en la apreciación subjetiva de los hechos, pero no logra comprobar que el Tribunal, al apreciar las pruebas como lo hizo, dentro de la amplia autonomía que para ello tiene en el sistema de persuasión racional (C. de P. L., art. 61), hubiese violado reglas lógicas o principios científicos. La conclusión a la que llegó no es absurda, ni está contradicha por ninguna de las pruebas en que se apoya el ataque, ni menos aún resulta arbitraria o contraevidente.

Ha dicho la Corte, en relación con casos análogos al que se estudia, que:

“El fin de la casación no es esclarecer la verdad procesal, y de acuerdo con ella juzgar el caso concreto planteado en la demanda, sino cuidar de que el fallo se ciña a la regla de derecho. Es al juez de instancia al que compete la función de descubrir el supuesto fáctico a que ha de aplicar la norma legislada, y de aquí que la ley haya consagrado la libertad del juzgador de instancia en la apreciación de las pruebas, y consiguientemente la inmodificabilidad de esta apreciación, mientras no le lleve a decidir contra la evidencia de los hechos tal como realmente aparecen establecidos en la causa: La verdad que al través del debate probatorio se busca esclarecer no es una verdad absoluta, sino una verdad relativa que en cierto modo depende de «la posición crítica del juez respecto de los medios instructorios, según que esté libre o esté ligado por vínculos normativos para la valoración de los resultados de la prueba y la formación de su propio convencimiento sobre la cuestión de hecho». Esa posición crítica está determinada en materia laboral en el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo que prescribe el sistema de la persuasión racional para la estimación de los elementos instructorios, con sólo sujeción a los principios científicos que disciplinan la crítica probatoria, lo que amplía al juez de instancia al ámbito de los medios utilizables para formar su convicción en la misma medida en que reduce el del Tribunal de casación para quebrar el fallo por errónea apreciación de las pruebas. Por eso en materia procesal del trabajo, con más razón que en cualquiera otro régimen de valoración probatoria, el error de hecho ha de mostrarse como manifiesto mediante el simple cotejo entre las afirmaciones de la sentencia y lo que dicen los medios de convicción, sin necesidad de acudir a presunciones o conjeturas o deducciones más o menos razonables. Lo manifiesto es lo evidente, y la evidencia es la «certeza clara, manifiesta y tan perceptible de una cosa, que nadie puede racionalmente dudar de ella» (Sentencias, 29 de agosto de 1967; 3 de diciembre de 1968)”. (Juris., art. 87, pág. 1119 agosto 29 de 1967 y diciembre 3 de 1968).

Con base en las anteriores consideraciones resulta forzoso concluir que el cargo no prospera.

En virtud de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral,

administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, de fecha ocho (8) de agosto de mil novecientos ochenta y uno (1981) en el juicio seguido por Hernando Cuervo Tafur contra Jorge Raúl Betancur B.

Sin costas en el recurso.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Fernando Uribe Restrepo—César Ayerbe Chaux—Manuel Enrique Daza Alvarez. 

Bertha Salazar Velasco, Secretaria.

(Sic) 38 Gaceta Laboral 1982.