Sentencia 8417 de octubre 17 de 1997 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejero Ponente:

Dr. Delio Gómez Leiva

Ref.: Expediente 8417

Santafé de Bogotá, D.C., octubre diecisiete de mil novecientos noventa y siete.

Actor: Banco Sudameris Colombia

Impuestos nacionales (sanción por no enviar información)

Fallo

(...).

Consideraciones de la sección

(...).

2. Saneamiento de impugnaciones.

Arguye el demandante hoy apelante que el saneamiento de impugnaciones previsto en el artículo 245 de la Ley 223 de 1995, procede en relación con el pliego de cargos 0096 del 23 de agosto de 1995, por medio del cual se propuso sancionar a la sociedad Banco Sudameris de Colombia por no entregar oportunamente los paquetes y la información en medios magnéticos, por que tal disposición cobija “a quienes tuvieran notificado pliego de cargos o resolución que imponía sanción, sin excluir de dicho beneficio a quienes ejercen una actividad administrativa”.

Estima la Sala, que no le asiste la razón al apelante, toda vez que tal interpretación no consulta el texto completo del inciso 1º de la mencionada disposición, sino apartes del mismo, pues es evidente que el legislador se refirió de maneja expresa a “los contribuyentes y responsables de los impuestos sobre la renta, consumo, ventas, timbre y retención en la fuente, a quienes se les haya notificado antes de la vigencia de esta ley, requerimiento especial, pliego de cargos, liquidación de revisión o resolución que impone sanción, y desistan totalmente de las objeciones recursos o acciones administrativas...”.

Se colige de lo anterior, que el saneamiento de impugnaciones consagrado por el legislador en el artículo 245 de la Ley 223 de 1995, tuvo como destinatarios del beneficio a los contribuyentes y responsables de los impuestos y retención en la fuente, administrados por la dirección de impuestos a quienes se les hubiera notificado antes de la vigencia de dicha ley, requerimiento especial, liquidación de revisión, pliego de cargos o resolución sanción relacionada con tales impuestos; presupuesto, que no se cumple en el sub examine, pues si bien antes de la vigencia de la mencionada ley a la actora se le notificó el pliego de cargos 0086 del 23 de agosto de 1995, también lo es que la sanción anunciada en el mismo, no era susceptible del saneamiento en virtud de que no se originó en el incumplimiento de obligaciones derivadas de la calidad de contribuyente o responsable de los impuestos administrados por la Dirección General de Impuestos, sino como consecuencia del incumplimiento de obligaciones derivadas de su calidad de “entidad autorizada para recaudar impuestos nacionales” entidades a las cuales, como se observa, no se refirió la ley.

Por tanto, estima la Sala, que al no contener el pliego de cargos 0086 del 23 de agosto de 1995, una sanción originada en la relación contribuyente/responsable de los impuestos administrados por la dirección de impuestos, sino de la calidad de “entidad autorizada para recaudar impuestos”, resulta claro, que no procede dar aplicación al beneficio consagrado en el artículo 245 de la Ley 223 de 1995, por lo que la actuación de la administración que negó el saneamiento de impugnaciones se ciñó a la disposición legal en comento.

En estas condiciones, resulta irrelevante determinar el cumplimiento de los requisitos formales previstos en el inciso 2º del artículo 245 de la Ley 223 de 1995 para obtener el derecho al saneamiento de impugnaciones, relacionados con: la oportunidad, pago de la liquidación privada del impuesto de renta del año gravable de 1994, personería adjetiva, etc., pues como se dejó visto, las entidades autorizadas para recaudar impuestos no fueron incluidas en la norma legal para efectos del saneamiento de impugnaciones, motivo por el cual, la sanción de que trata el pliego de cargos citado tiene como destinatario una “entidad autorizada para recaudar impuestos nacionales” y no un contribuyente o responsable de los impuestos administrados por la Dirección de Impuestos Nacionales, no cumple uno de los presupuestos generales previstos en la ley, circunstancia que de plano impide el reconocimiento del saneamiento de impugnaciones pretendido por la parte demandante.

Por ende, el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandante no tiene vocación de prosperidad, y la sentencia del tribunal en cuanto negó las suplicas de la demanda merece ser confirmada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE el numeral 1º de la sentencia apelada.

2. CONFÍRMASE los numerales 2º y 3º de la sentencia apelada.

3. RECONÓCESE personería para actuar en nombre de la entidad demandada a la abogada Ana María Pérez Olmos, de conformidad con el poder que obra al folio 120 del cuaderno principal.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, envíese copia al tribunal de origen y cúmplase.

Se deja constancia de que esta providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

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