SENTENCIA 8420 DE SEPTIEMBRE 17 DE 1993

 

Sentencia 8420 de septiembre 17 de 1993 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

FALLA DEL SERVICIO

MUERTE DE RECLUSOS EN PENITENCIARIAS

EXTRACTOS: «En el caso sub examine no hay espacio para la duda que impida concluir que se dio la falla del servicio. El detenido Jorge Antonio Sánchez Solís fue muerto dentro de las instalaciones de la Penitenciaría Nacional de San Isidro, lo que dio lugar a que el director del citado establecimiento dictara la Resolución Nº 018 de 11 de febrero de mil novecientos noventa y uno (1991), en virtud de la cual se sancionó con diez días de aislamiento celular, al interno señor John Elder Cerón Zúñiga “por haber sido encontrado responsable de la muerte del interno Jorge Sánchez Solis, en hechos sucedidos el 16 de enero del año en curso”, como se lee en el texto de la misma.

A la realidad anterior se agrega la especial circunstancia de que el declarante, señor Omar Arias Medina, teniente de prisiones, quien ejercía las funciones de comandante encargado cuando rindió su declaración, destaca que en el citado centro se decomisan con frecuencia armas cortopunzantes que

“(...) elaboran los mismos internos de ángulos de hierro, varillas, muchas veces aparecen cuchillos callejeros que no se sabe cómo los dentran al establecimiento la razón que allá facilita para elaborar estas armas por parte de los internos es por el deterioro del establecimiento y su misma estructura donde hay toda clase de ángulos de hierro, varillas, y todo eso lo trabajan durante la noche a pesar que como he relatado cuantas veces se requiere durante el día siempre frecuentemente se cogen estas clases de armas en los patios y en las celdas... la seguridad en las celdas es muy deficiente porque hay pasillos donde duermen veinticinco, treinta y hasta más internos que no tienen puerta la celda donde ellos habitan (...) Actualmente como se encuentra el establecimiento aunque se preste una vigilancia eficaz como la que se viene prestando es muy difícil controlar estos hechos de sangre que se han presentado es necesario que se haga por parte del ministerio una reconstrucción del establecimiento como también se aumente el pie de fuerza de la guardia para garantizar eficazmente la vida de todo el personal” (sic) (subrayas de la Sala).

Para el sentenciador resulta inaceptable que los centros penitenciarios no reúnan las condiciones de seguridad necesarias para garantizarle a los reclusos su vida y su integridad personal. Impresiona y preocupa, en grado sumo, el universo que tiene el informe que el asesor jurídico de la Dirección General de Prisiones rindió al Tribunal Administrativo, el día 11 de octubre de 1991(*).

La realidad que se deja descrita permite concluir que en la Penitenciaría Nacional San Isidro no se ofrecen condiciones de seguridad para los reclusos que quedan a merced de otros delincuentes que terminan por acabar con sus vidas. Ese vacío de dirección y control es el que permite afirmar que se da la falla del servicio. En esta oportunidad la Sala reitera la pauta jurisprudencial que se recoge en sentencia de 1º de octubre de 1992, expediente Nº 7058, en el cual se lee:

“Al encontrarse privado de la libertad el ciudadano... las autoridades de la prisión le debían protección y seguridad en su integridad corporal y mental. En otros términos, por encontrarse “a buen recaudo” de las autoridades de la prisión, éstas deben custodiarle y cuidarle para mantenerle en las mismas condiciones sicofísicas que presentaba el detenido al momento de la privación de la libertad. Cualquier daño en la salud que llegasen a presentar las personas privadas de su libertad, por acción u omisión de las autoridades que vigilan y controlan, se adecúa al concepto genérico de falla de la administración y por consiguiente surge la obligación de indemnizarlas, desde luego que se presenta un daño antijurídico de los previstos en el artículo 90 de la Carta Política”.

b) La Sala considera de interés llamar la atención de la administración para que centre su acción en el mejor control y vigilancia de los establecimientos carcelarios, en su dotación, construcción y seguridad, pues de lo contrario está corriendo el riesgo de tener que gastar, en el pago de condenas, por fallas en el servicio, más dinero que el que demandaría el hacerle frente a la situación que hoy existe, y que se vivencia a través de la realidad fáctica que se deja analizada. Se impone también una política educativa, en todos los niveles, con el fin de que los detenidos no sean tratados como COSAS sino como PERSONAS, pues en más de una ocasión hay más interés por saber el NÚMERO DE LA CELDA en que está el hombre, que en la real situación de éste. La prisión no debe ser un sitio de muerte segura sino de educación y rehabilitación del delincuente. El Estado social de derecho, demanda que se cree un sentimiento de seguridad entre las personas que integran la comunidad, que debe abarcar, en forma muy particular, al recién nacido, al enfermo, al accidentado, al obrero que carece de empleo, al anciano, al preso, con el fin de que los colombianos no se sientan abandonados a su propia suerte. Listados de muertos y heridos en las prisiones colombianas, como el que se registró en antes, producen vergüenza. La vida no es un absurdo ni una aventura desesperante. Los presos colombianos no pueden hacer suya la filosofía de Camus cuando predica: “La vida no vale la pena de ser vivida porque todo es absurdo”.

Esta perspectiva existencial no es de recibo. La vida es la única posibilidad que se nos brinda para SER y no la podemos repetir, ni perderla así se esté en la prisión. El Estado también está obligado a no crear problemas. El tiene la obligación de dar respuesta adecuada y oportuna a las situaciones problemáticas que a diario se le plantean. Por ello también debe luchar por obtener para sus súbditos los ideales que se ha propuesto, y que con orgullo se recogen en el artículo primero de la Constitución Nacional. Por ello, cada vez que dé pasos en falso, en el cumplimiento de sus deberes, está dando entrada a la falla del servicio, fuente de responsabilidad».

(Sentencia de septiembre 17 de 1993. Expediente 8420. Consejero Ponente: Dr. Julio César Uribe Acosta).

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