Sentencia 8428 de julio 10 de 1996 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

PENSIÓN SANCIÓN DE TRABAJADORES OFICIALES

VIGENCIA DEL ARTÍCULO 8º DE LA LEY 171 DE 1961.

EXTRACTOS: «La censura a la sentencia por la vía directa en la modalidad de infracción directa (falta de aplicación) tiende a demostrar esencialmente que el artículo 37 de la Ley 50 de 1990 no derogó el artículo 8º de la Ley 171 de 1961, en cuanto consagra la pensión sanción para los trabajadores oficiales, como lo entendiera el juzgador de alzada al concluir en estos términos: “...sin que para nada se tuviera que recurrir al art. 8º de la Ley 171 de 1961 y, en consecuencia, al surgir el art. 37 de la Ley 50 de 1990, resulta claro que deroga el artículo de la ley última citada...” (fls. 82 y 83. Cuaderno principal).

Lo precedente, evidencia, cómo el Tribunal dio por supuesto que el artículo 37 de la Ley 50 de 1990 derogó el artículo 8º de la Ley 171 de 1961 en cuanto a la cobertura de la pensión sanción para los trabajadores oficiales y dejó de aplicarla al caso bajo examen, incurriendo en la violación de la ley que el cargo acusa sin tener en cuenta que la Ley 50 reformó el Código Sustantivo del Trabajo, vale decir, el régimen laboral de los trabajadores particulares, de manera, que, el mismo ordenamiento no se aplica a los trabajadores oficiales y mal puede asumirse que se haya modificado el régimen de estos últimos.

El examen de la naturaleza jurídica del artículo 8º de la Ley 171 de 1961, permite establecer que se trata de una norma sui géneris en razón a que reglamenta situaciones de dos regímenes legales bien diferenciados, a saber: el de los trabajadores particulares y el de los trabajadores oficiales. De esta suerte, como el artículo 37 de la Ley 50 de 1990 solamente modificó el régimen de los trabajadores particulares y dejó subsistente el ordenamiento aplicable a los trabajadores del sector oficial, correspondía al juzgador de segundo grado aplicar tal normatividad.

Según los términos del artículo 3º de la Ley 153 de 1987, no puede estimarse insubsistente el parágrafo del artículo 8º, porque la ley expresamente previó la situación de los trabajadores particulares y guardó silencio respecto a los trabajadores oficiales, continuando para estos vigente tal ordenamiento y sin existir incompatibilidades por ser distintos los regímenes legales para trabajadores particulares y oficiales, se reafirma una vez más la vigencia de tal normatividad para los trabajadores ligados por contrato de trabajo con la administración pública o con los establecimientos públicos descentralizados, como lo es el caso que ocupa la atención de la Sala.

En consecuencia, el cargo prosperará».

(Sentencia de casación, julio 10 de 1996. Radicación 8428. Magistrado Ponente: Dr. Ramón Zúñiga Valverde).

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