Sentencia 8432 de octubre 10 de 1996 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

INSUBSISTENCIA DE NOMBRAMIENTOS

CALIDADES DE LA PERSONA REEMPLAZANTE

EXTRACTOS: «El libelista en escrito de adición de la demanda (fls. 99 a 112) fundamenta también su acusación, en que la autoridad nominadora no buscaba el mejoramiento del servicio con su desvinculación, porque el doctor Bernardo Velásquez Mahecha, quien lo reemplazó, no reunía los requisitos exigidos para desempeñar el cargo de Jefe de la División Administrativa del Instituto demandado, en términos del artículo 3º del Decreto 1335 de 1990, código 271550, como son el título de formación universitaria en alguna de las áreas relacionadas con las funciones específicas del cargo y tres años de experiencia relacionada, funciones que la misma norma señala.

Como se dijo, el Sindicato Nacional de Empleados de la Salud, al formular la denuncia contra el Director del Instituto demandado, por nombrar personas que no reunían requisitos para el desempeño de los cargos, en virtud de la cual fue sancionado, también se refirió al caso del demandante, pero la resolución respectiva al concretar los cargos, no se refirió a él. No obstante, se observa que efectivamente en el artículo 3º del Decreto 1335 de 1990, invocado por el actor, por el cual se expidió el manual general de funciones y requisitos del subdirector oficial del sector salud, se estipula que para ocupar el cargo de jefe de división o de oficina, se requieren los siguientes:

a) Estudios. Título de formación universitaria en alguna de las áreas relacionadas con las funciones específicas del cargo.

b) Experiencia. Tres (3) años de experiencia relacionada.

Pues bien, en la hoja de vida que presentó el señor Velásquez Mahecha, declaró como estudios universitarios efectuados los de derecho en la Universidad La Gran Colombia (fl. 75 cdno. 2) y según la certificación que esta universidad expidió.

“El señor Bernardo Velásquez Mahecha, no se ha graduado motivo por el cual no es posible remitir copia autenticada del acta de grado. La situación académica del mencionado señor es la siguiente:

Realizó estudios en la Facultad de Derecho, concluyó todas sus asignaturas en el año de 1985. De seis exámenes preparatorios que debe presentar, hasta la fecha sólo ha presentado cuatro, correspondientes a las áreas de: Penal, Laboral, Privado y Procesal, los dos últimos no fueron aprobados”: (fl. 65 cdno. 2).

En relación con este documento, la demandada acepta en su alegato de conclusión que él demuestra que Velásquez Mahecha no se ha graduado en la Universidad La Gran Colombia, pero que ello no prueba que no se haya graduado en otra universidad y que por lo tanto debió solicitarse tal prueba a todas las universidades. No comparte la Sala tal argumentación de la demandada, pues ante la afirmación del actor de que su reemplazo no cumplía los requisitos y la prueba emanada de la universidad en donde éste cursó sus estudios profesionales, en el sentido de que no se había graduado, era la recurrente la llamada a desvirtuarla mediante documentos que acreditaban el título profesional y la experiencia de Velásquez Mahecha, que sí tenía las calidades exigidas.

En cambio, obra en el expediente a folio 123 fotocopia auténtica del diploma del doctor en derecho y Ciencias Políticas conferido al demandante por la citada universidad, con lo cual se acredita el cumplimiento del requisito de estudios exigida por el Decreto 1335 de 1990, para acceder al cargo de jefe de división o de oficina en el Instituto Seccional de Seguros Sociales del Quindío, perteneciente al subsector salud del sector nacional de salud.

Igualmente a folios 32 a 36 figuran diferentes certificaciones de cursos realizados y seminarios a los cuales asistió el doctor García Becerra, entre los años 1989 y 1991, documentos que son demostrativos de su formación académica en cuestiones de administración pública, elaboración de proyectos y organización del sistema nacional de salud, preparación que se aviene en un todo con las funciones que de acuerdo con lo normado en el artículo 3º del decreto citado deben desarrollar los jefes de división o de oficina.

Por su parte, la prueba testimonial en su conjunto da cuenta del buen desempeño del accionante en las labores propias del empleo que ocupaba.

Consecuencialmente, habrá de concluirse que quedó suficientemente probado que la persona nombrada en reemplazo del actor no reunía los requisitos mínimos exigidos para el ejercicio del cargo y que si se tiene en cuenta la relación de causalidad entre la remoción del demandante y la designación de su sucesor derivada del hecho de que ambas decisiones se adoptaron simultáneamente en el mismo acto administrativo, debe aceptarse que tales decisiones no tuvieron en cuenta el mejoramiento del servicio, pues no se puede admitir que ello ocurra cuando se sustituye una persona idónea para ejercer el empleo por otra que no cumple con los requisitos que el ordenamiento jurídico exige para ese efecto, cuya designación en consecuencia resulta contraria a derecho.

Como en el presente caso se demandó también el acto de nombramiento del señor Velásquez Mahecha, quien oportunamente fue vinculado al proceso (fl. 69), procede también infirmar este acto; pues como quedó dicho resultó violatorio del ordenamiento jurídico al que debió sujetarse.

Por las razones expuestas en este proveído y no por las invocadas por el Tribunal, se confirmará la sentencia apelada».

(Sentencia de octubre 10 de 1996. Expediente 8432. Consejero Ponente: Dr. Joaquín Barreto Ruiz).

SALVAMENTO DE VOTO

Respetuosamente me aparto de la decisión mayoritaria de la Sala por cuanto, a mi juicio, en este caso no está plenamente probada la desviación de poder.

La declaratoria de insubsistencia es un acto administrativo independiente y autónomo que se supone expedido por razones de servicio, goza de presunción de legalidad; y para destruir esa presunción no basta demostrar que la persona nombrada para ocupar el cargo en reemplazo del empleado declarado insubsistente, no reúne los requisitos exigidos para desempeñarlo.

Esta circunstancia constituye un indicio solamente, de una posible desviación de poder; pero es necesario el acopio de otras pruebas que demuestren que en verdad el servicio sufrió desmejora para que pueda afirmarse categóricamente como se hace en la sentencia, que el acto acusado no se expidió por razones de buen servicio.

En resumen, creo que la validez del acto de insubsistencia no está condicionada necesariamente a la validez del nombramiento que posteriormente se haga para el mismo cargo; que se trata de dos actos independientes entre sí y que la desviación de poder debe estar probada en forma plena para que pueda declararse nula la insubsistencia.

Como en este caso la desviación de poder se sustentó únicamente en la falta de requisitos de la persona que reemplazó al señor Edgar García Becerra, considero que no ha debido ser anulada la declaratoria de insubsistencia.

Atentamente,

Clara Forero de Castro.

Las razones para salvar mi voto en el presente negocio, están ampliamente consignadas en el de la consejera doctora Clara Forero de Castro, por lo cual adhiero a sus consideraciones.

Dolly Pedraza de Arenas.

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