Sentencia 8436 de julio 7 de 1995 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

•SALA DE CASACIÓN PENAL

TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PROCESO

OPCIONES QUE TIENE EL JUEZ

EXTRACTOS: «2.1. Inicialmente, y antes de entrar al estudio de fondo de la demanda, se tiene que el ámbito al que se contrae es al artículo 37 del Decreto 2700 de 1991, antes de que fuera objeto de reforma por la Ley 81 de 1993, en el que se consagró por primera vez en la legislación colombiana la llamada “terminación anticipada del proceso”, institución que por su misma novedad ha sido objeto de numerosas interpretaciones sobre los diversos temas que se desprenden de su aplicación.

En esta ocasión la polémica versa sobre los límites que ha de tener el fallo que se profiera luego de realizarse la audiencia especial. Al respecto, conviene analizar el texto mismo del artículo para precisar dichos lindes. En el primer inciso se advierte que en la dicha audiencia:

“...el fiscal presentará los cargos que de acuerdo con la investigación surjan contra el sindicado y éste tendrá la oportunidad de aceptarlos, en todo o en parte, o rechazarlos. Si el fiscal y el sindicado llegan a un acuerdo acerca de las circunstancias del hecho punible y la pena imponible así lo declararán ante el juez, debiéndolo consignar por escrito dentro de la audiencia”.

Luego, en el segundo se indica:

“Si el juez considera que la calificación jurídica del delito y la pena imponible, de conformidad con lo acordado por las partes, son correctas y obra prueba suficiente, dispondrá en la sentencia la aplicación de la pena indicada y la indemnización de perjuicios”.

2.2. Lo primero que se advierte es que no puede hablarse estrictamente de un acuerdo entre dos sujetos procesales pues ello implicaría que cada cual lleva su propuesta y que durante la discusión consiguiente ambas se unifican hasta llegarse a una solución común. Por el contrario, como bien lo expresa el nombre de la figura y lo señala con acierto la delegada, de lo que aquí se trata es de finalizar por adelantado la actuación ante la admisión de responsabilidad hecha por el reo con base en los cargos presentados por el instructor.

Por consiguiente, dado que únicamente la audiencia puede versar sobre los reproches expuestos por el fiscal, no hay lugar a deducir otros diferentes durante el curso de ésta, limitándose el procesado a rechazarlos o aceptarlos parcial o totalmente. De igual manera, y como es apenas obvio, los dichos cargos para alcanzar su plena legalidad han de tener respaldo en la realidad procesal.

Sobre este último tema la Sala, en ocasión pretérita, así lo aclaró:

“...en la inicial redacción del artículo 37 del Decreto 2700 de 1993 se prevenía que el Fiscal en el caso de terminación anticipada del proceso, presentara los cargos surgidos “de acuerdo con la investigación”, y no especulativa ni graciosamente, lo que implica un ineludible ceñimiento a las pruebas, porque de igual manera la aprobación del juez sobre el acuerdo debía consultar no tan sólo la voluntad libre de la fiscalía y el procesado, sino ante todo la “prueba suficiente” obrante en el plenario...” (sent. de marzo 24/94, M.P. Dr. Torres Fresneda).

De lo anterior se desprende que el escrito que quede al finalizar la audiencia especial tiene las características de una verdadera resolución de acusación, aunque dotada de mayor rigidez que la ordinaria. La razón es obvia. Como quiera que aquélla ha sido elaborada por la fiscalía con la aquiescencia del procesado, la tarea del juez se limita a realizar sobre ella un control de legalidad.

En la terminación anticipada del proceso, no es necesario el juicio porque ya el procesado admitió su responsabilidad de acuerdo con los cargos elevados por el fiscal. Si acusador y acusado se muestran conformes, si no existe ninguna otra etapa que permita modificar el asunto, el juez como director del proceso, debe velar únicamente por establecer si la acusación aceptada por el imputado recoge la realidad procesal y se acoge a las leyes que rigen el asunto. De ser así debe aprobarla. De no serlo, ha de improbarla.

Lo propio puede decirse de la pena imponible, aceptada por el inculpado. No puede el fallador —y aquí se encuentra la mayor novedad de esta sui generis resolución de acusación— aplicar una sanción mayor a la estipulada, pues la admisión de los cargos estuvo condicionada a ella e impone lo relativo a la pena que habrá de deducirse. Lo propio puede decirse de la concesión del subrogado de la condena de ejecución condicional, salvo claro está, que una u otro contradigan o desobedezcan la legislación vigente.

2.3. De acuerdo con lo anterior se tiene que el fallo debe dictarse con fundamento en el escrito que recoge la acusación formal de la Fiscalía en todo lo que aceptó el procesado. No puede abarcar temas diferentes a lo allí consignado, pues el consentimiento del reo es el que permite ponerle punto final a la actuación, anticipándose con relación a los términos ordinarios.

Sobre el particular se pronunció la Sala en su momento con ponencia del Dr. Saavedra Rojas, el diecisiete (17) de agosto de mil novecientos noventa y tres (1993).

“La lógica indica que la sentencia que deviene tras la audiencia especial de terminación anticipada del proceso, recoja tan sólo y decida sobre ellos, los puntos del acuerdo entre el Fiscal y el procesado”.

Es por ello que la norma advierte perentoriamente:

“Si se considera que la calificación jurídica del delito y la pena imponible, de conformidad con lo acordado por las partes, son correctas y obra prueba suficiente, dispondrá en la sentencia la aplicación de la pena indicada y la indemnización de perjuicios”.

Como corolario de lo dicho, al juez no sólo le está prohibido tratar asuntos diferentes al acuerdo sino también reformarlo a su acomodo, trascendiendo los límites del acta en referencia. Si esto se permitiera, los cargos y su aceptación quedarían sujetos al arbitro del juzgador. Sin embargo, esto no es la intención de la figura. Aquí el fallador se limita a controlar la legalidad del convenido, deber que le corresponde como administrador de justicia. Nada más.

Es por esto que, en el evento de no compartir la voluntad del fiscal y del procesado, únicamente le está permitido improbarlo. Otro juez y otro fiscal acometerán el trámite de la actuación para resguardar la imparcialidad de la justicia al momento de fallar de nuevo.

Ello no quiere decir, como lo expresa la ponencia que no fue acogida, que se esté entendiendo la norma como un traslado de las facultades del juez al fiscal. Es cierto, como se afirma en dicho proyecto, que en el procedimiento acusatorio el juez es un árbitro de los intereses que defienden los sujetos procesales. Él debe decidir a cuál de ellos le asiste la razón, examinando la realidad procesal y la normatividad vigente para el caso.

Pero esto sucede tan sólo en el proceso ordinario, donde la etapa de la causa se encuentra establecida para presentar una acusación formal y darle el necesario debate en la audiencia pública, dotando la controversia de los suficientes elementos de juicio para que decida el juez lo pertinente.

Cuando la polémica ha cedido el paso al consenso entre las partes respecto a las circunstancias del hecho punible, a la pena imponible y, si es del caso, a la concesión del subrogado de la condena de ejecución condicional, el rol asignado pierde su razón de ser pues ya no existe discusión alguna sobre la que haya que resolver.

Ahora, la función del juez, en desarrollo de la potestas que le ha sido asignada por el Estado, es la de establecer si los términos de la acusación formal aceptada por el sindicado se ciñe a la ley y a la realidad procesal, caso en el cual le impartirá su aprobación. En caso contrario ha de improbarla para que el proceso continúe su trámite normal.

No tiene una tercera opción, como se plantea en la ponencia rechazada, que le permita hacer los ajustes que considere convenientes. La razón es palmar. En el proceso ordinario, la acusación brinda las pautas para adelantar el juicio correspondiente. Depende de lo que en él se controvierta y se demuestre para que se produzcan las modificaciones necesarias dentro de las pautas dadas por la resolución de acusación. Pero si la situación permanece inalterable porque en el juicio no se presentaron nuevas pruebas ni nuevos elementos de discusión, no tiene por qué sufrir modificación alguna el pliego de cargos.

En el caso de la sentencia anticipada la situación es aplicable, pues la acusación no tiene posibilidad alguna de sufrir alteraciones ante la inexistencia de una etapa de controversia entre las partes que así lo permita. Simplemente se pone a consideración del juez su legalidad y nada más.

Ahora, debe recordarse que la audiencia en la que se pide la sentencia anticipada no se realiza sin la concurrencia del juez. Este, como supremo director del proceso, es quien la preside y quien se encuentra obligado de hacerle ver al reo los alcances y las consecuencias que podrían derivarse de la aceptación de los cargos. Si sus palabras no son escuchadas, si pese a ello los resultados vulneran la ley o la realidad probatoria, tiene una herramienta fundamental que es la improbación.

Cualquier otra actuación judicial tendiente a aprobar pero modificando el escrito en referencia, implicaría imponer una decisión a espaldas de las partes, impidiendo su controversia. La violación al debido proceso y si es el caso al derecho de defensa, son indudables, mereciendo tal interpretación el rechazo consiguiente.

2.4. En el caso de la especie, en la audiencia especial el fiscal adecuó la conducta del incriminado al artículo 220 del Código Penal en concordancia con el 222, en concurso material con el 226, ibídem. Tanto el Ministerio Público como el juez de la causa le hicieron saber que era incorrecta dicha calificación dado que la falsedad personal se encontraba subsumida dentro de los primeros artículos, quedando reducido a un concurso aparente de tipos; sin embargo, la Fiscalía insistió en dejar tal y como estaba la calificación que había propuesto desde un comienzo, estableciendo una pena imponible de treinta y seis (36) meses de prisión y la concesión del subrogado de la condena de ejecución condicional.

Al momento de fallar, el sentenciador no podía corregir la falencia que había advertido. Al hacerlo desbordó su competencia, signada, como ya se ha dicho y ahora se repite, al control de legalidad de lo estipulado en la audiencia especial. Por tanto, concita el rechazo consiguiente la admisión insólita de la validez del acta para, al propio tiempo, eliminar el concurso propuesto por el fiscal y aceptado por el reo.

De otra parte, según la legislación vigente en ese momento la sentencia aprobatoria del acuerdo sólo era recurrible por el Ministerio Público, de manera que el fiscal no podía impugnar. Con la variación que el juez hizo al acuerdo en el fallo, impuso su criterio contra la expresa voluntad del fiscal y lo dejó sin recursos.

No importa que hubiese sido loable la intención, si de remediar un yerro se trataba, su obligación era improbar lo resuelto en la audiencia anticipada y esperar que los nuevos juez y fiscal acometieran la tarea consiguiente.

Así las cosas, se vulneró el orden jurídico, razón por la cual, es imperiosa la declaratoria de nulidad de todo lo actuado a partir de la sentencia de primera instancia, a fin de que se corrija el entuerto advertido».

(Sentencia de casación, julio 7 de 1995. Radicación 8436. Magistrado Ponente: Dr. Jorge Enrique Valencia M.).

SALVAMENTO DE VOTO

Con el tradicional respeto que profeso por el criterio de mis colegas, quiero dejar constancia de mi disentimiento a lo resuelto mayoritariamente por la Sala en el asunto de la referencia, pues, desde mi punto de vista, la decisión de la cual me aparto se adoptó sin tomar en consideración los principios rectores y las garantías fundamentales del procesado. Para ello, a los argumentos que puse a consideración de la Sala sumo algunos otros que, en mi sentir, refuerzan el planteamiento allí expuesto.

El fallo aprobado avaló a la censora en cuanto postuló una nulidad consistente en que el juez no respetó el acuerdo al que de conformidad con el artículo 37 del Decreto 2700 de 1991, llegaron la fiscal y el procesado en este caso, porque de los dos delitos que la acusadora le atribuyó al implicado, el juez descartó la existencia del que supuestamente constituía falsedad personal. De ahí que la Sala casara la providencia atacada para decretar la nulidad de toda la actuación, incluyendo la sentencia de primer grado y, con ello, implícitamente aceptó, como lo afirmó la impugnante, que la titularidad de la acción penal se encuentra en cabeza de la fiscalía y que el juez debe sujetarse a ese acto dispositivo en forma integral.

El fallo sólo le dejó como función al juez la de revisar si la acusación y la pena aceptadas por el procesado recogen la realidad procesal y se acogen a las leyes que rigen el asunto. Si se cumplen esos presupuestos, el juez sólo puede aprobar el acuerdo; de lo contrario debe improbarlo.

¿Qué ocurre con esa determinación? Que la jurisprudencia aquí creada acaba de modificar la estructura del proceso, porque convirtió al fiscal en juez y a éste le quitó las atribuciones propias de su cargo. Por gracia de la petición de una audiencia especial, el fiscal adquirió competencias que la ley no le ha dado: la de tasar penas, y la de calificar definitivamente los hechos punibles, siendo que el procedimiento sólo le permite efectuar calificaciones provisionales; todo en detrimento de esas mismas facultades del juez de conocimiento. Así, el acusador quedó convertido en juez y el juez en un funcionario sin ningún poder decisorio sobre los extremos de la acción penal, que autoriza al fiscal a asumir sus propias funciones, con el único deber de elaborar materialmente y firmar el texto de la decisión que hubieran concertado el procesado y el fiscal, con el cumplimiento de un mínimo de requisitos.

Sobre este tema resulta válido el aporte conceptual que hace el colaborador de la Sala cuando expresa que “si se entendiese que el fiscal y procesado pueden negociar el objeto de la acción penal, resultaría incompresible la función que se le señala al juez, en cuanto a determinar la corrección de la calificación jurídica del delito y la pena imponible, además de su confrontación probatoria...” y todo quedaría reducido a una formalización de la negociación. Y, efectivamente, lo que fue instituido como beneficio para lograr una rebaja de pena y una celeridad en la administración de justicia, ha quedado instituido por el fallo que no comparto, en un mecanismo cuyo alcance llega hasta despojar al juez de sus atribuciones legales.

Es mi opinión que, el acuerdo no establece parámetros infranqueables para el juez, puesto que la función de éste va más allá de la simple ratificación de un convenio.

Leída la preceptiva cuyo alcance discute la recurrente, se advierte que el fiscal debe formular unos cargos y su acuerdo con el procesado debe versar sobre “las circunstancias del hecho punible y la pena imponible”, lo que obliga a una calificación jurídica de los hechos; y que el juez, a su vez, debe evaluar el sustento probatorio y la legalidad de esa calificación jurídica. Así las cosas, se podría decir que tanto el fiscal como el juez cumplen igual función, pero cada uno dentro de su campo de acción, pues el fiscal lo hace como acto culminante de la investigación y el juez en desarrollo de su deber de poner punto final al proceso. Lo que sucede es que por razón del trámite especial y acelerado confluyen casi que simultáneamente una y otra facultad; pero ello no implica que las condiciones de acusador y juzgador se fusionen en ninguno de los dos funcionarios, pues cada uno mantiene su autoridad y autonomía dentro del ámbito habitual de sus atribuciones.

Por otra parte, en materia sancionatoria, el ordenamiento legal transcrito habla de la pena “imponible” y la pena “indicada” en el acuerdo, términos que no traducen una tasación punitiva concreta, sino una probabilidad o aproximación de pena, esto es, el señalamiento de los factores que pueden tomarse en cuenta al realizar esa labor; de lo contrario, el legislador hubiera utilizado expresiones que dieran a entender claramente la atribución del fiscal de dosificar sanciones, tales como “la pena que se debe imponer” o “la pena tasada”.

En este campo, el juez recibe indicaciones, pautas mínimas que no puede sobrepasar, de tal modo que las atribuciones que le son propias se ven un tanto restringidas, mas no suprimidas. Luego, nada se opone a que, en cumplimiento de su función juzgadora, profiera una sentencia que elimine, por ejemplo, una circunstancia agravante o que adicione una atenuante que impliquen una tasación punitiva inferior a la acordada por el fiscal y el procesado.

Por lo demás, “aprobar”, de acuerdo al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, tiene las acepciones de calificar o dar por bueno, y de asentir a doctrinas u opiniones. A su vez “asentir” significa admitir como cierto o conveniente lo que otro ha afirmado o propuesto antes. Así las cosas, el sentido literal de la preceptiva comentada, dentro del contexto del tema que desarrolla, traduce que el juez dicta sentencia con base en el acuerdo entre el procesado y el fiscal, cuando lo considera bueno o conveniente; pero de ninguna manera se puede entender que el acuerdo es una camisa de fuerza para el juez.

Todo ello significa que las partes al celebrar el acuerdo señalan unos límites genéricos; y al juez, para impartir la respectiva aprobación, le corresponde revisar las probabilidades de cumplimiento de las cláusulas respectivas, sin perjuicio de que en la sentencia efectúe los ajustes legales correspondientes; lo contrario significa que el acuerdo es un adelanto de los términos concretos a los cuales debe someterse el fallo.

Sobre la autoridad y competencia que mantiene el juez en el trámite especial que contemplaba el estatuto procesal penal de 1991, ya la Sala se pronunció el 24 de marzo de 1994, siendo ponente el magistrado Juan Manuel Torres Fresneda, con ocasión de un recurso de apelación interpuesto contra el auto que improbó un acuerdo de esta índole. Se dijo entonces:

“...debe expresar la Corte su respaldo hacia las razones con las que el Tribunal improbó el acuerdo, afirmando ahora que sin tratarse de imponer sobre el criterio del fiscal el subjetivo íntimo del juez, ni de ignorar las bondades que el instituto del artículo 37 del Decreto 2700 de 1991 o bien ahora de los artículos 37 y 37A modificados e innovados por la Ley 81 de 1993, la intervención del ente juzgador debe asistirse de la suficiente conciencia y claridad en cuanto es de su exclusiva incumbencia la declaración final de responsabilidad del procesado, lo mismo que la graduación de las penas con ceñimiento a las pruebas y a la legalidad, pues lejos de sugerir ventajas no escritas, los preceptos que se invocan para el trámite especial son claros en advertir y restringir los beneficios para el procesado a una precisa reducción de pena, mas no al otorgamiento de perdón ni a la concesión de gracias no contempladas expresamente en la ley, tampoco al ofrecimiento de interpretaciones acomodaticias de preceptos legales que aparentando abonos o ventajas extralegales, tan sólo muestran un interés por inducir a arreglos que en últimas no podría aprobar el juez” (el subrayado no es textual).

El juez, al aprobar el acuerdo que protagonizaron el fiscal y el procesado en este asunto, dio cumplimiento a su atribución jurisdiccional, acertando a delimitar la conducta juzgada al tipo penal que se adecuaba, al descartar un inexistente concurso delictual, que por tanto era aparente, el cual resolvió acudiendo al principio de la consunción, sin que ello dé pauta alguna para enrostrarle una traición a aquel convenio. Y en tal proceder no advierto irregularidad alguna de la cual se pueda estructurar una causal de nulidad.

El fallo fue dictado “con fundamento en el escrito que recoge la acusación formal de la fiscalía en todo lo que aceptó el procesado”, pues el juez no trató ni abarcó temas o asuntos diferentes al acuerdo.

No se trata de una tercera opción, como lo pregona la decisión mayoritaria, puesto que no hay una modificación del escrito de acuerdo. No es más que el escueto ejercicio de la facultad de administrar justicia. De lo contrario, ¿qué explicación tiene que un juez pueda sentenciar eliminando agravantes, sumando atenuantes o, inclusive, absolviendo a un encausado sea porque la conducta es atípica o porque actuó dentro de una causal de exclusión de antijuridicidad o de culpabilidad? ¿Es que acaso, esa potestad se podría tener por eliminada cuando participa de un trámite de terminación anticipada? Indudablemente que no.

Siguiendo los parámetros del fallo que casa, el juez sencillamente ha debido improbar el acuerdo; punto que no encuentro razonable puesto que la calificación jurídica de los hechos, al ubicarlos dentro del título de los delitos contra la fe pública y en el capítulo de la falsedad en documentos, fue correcta, luego el juez no tenía motivo para improbar el convenio.

Ahora bien, si al tratar sobre la “pena imponible” el fiscal y el procesado señalaron unos topes punitivos, no veo con qué argumento se le puede impedir a un juez que reduzca ese quantum sancionatorio, si ello redunda en provecho del sentenciado. Cosa distinta sería si el acuerdo extralimita por exceso o por defecto la pena señalada por la ley para la específica conducta punible por la cual se responsabiliza el implicado, porque en esa situación, obviamente, la pena no sería correcta y al juez no le quedaría otra opción que improbar el acuerdo; pero esas circunstancias no se han dado en este caso.

Considero un deber moral y profesional resaltar que, desde mi punto de vista, en esta oportunidad la Sala llegó al extremo de rendir culto a la ritualidad, dejando de lado los principios rectores, las garantías constitucionales y los objetivos que justifican la existencia de las instituciones estatales.

Sustento tal afirmación en el hecho de que el artículo 228 de la Constitución Nacional obliga a los jueces a darle prevalencia al derecho sustancial en sus decisiones. Principio que ratifica el artículo 9º del Código de Procedimiento Penal cuando ordena que “en la actuación procesal los funcionarios judiciales harán prevalecer el derecho sustancial sobre el adjetivo y buscarán preferencialmente su efectividad”.

La aplicación de esta preceptiva, por tener el carácter de norma rectora, es prevalente sobre cualquier otra disposición y debió ser utilizada como fundamento de la interpretación efectuada por la Sala en el fallo que no comparto.

La interpretación del artículo 37 del Decreto 2700 de 1991, debió dirigirse hacia la protección de los derechos y garantías del procesado y no a la defensa de esquemas rituales, haciéndoles perder totalmente el sentido de su existencia y la filosofía política que inspiró su inclusión en la normatividad nacional.

El fallo mayoritario perdió de vista que las formas procesales fueron instituidas principalmente como garantía en favor del sindicado; como marco del ejercicio judicial para prevenir desbordamientos y excesos de la potestad del Estado. Esa es la esencia de la filosofía política sobre la cual descansan los sistemas procesales y la razón para que el principio del debido proceso se haya garantizado desde la Constitución.

Siendo ello así, no comparto que una decisión del más alto tribunal del país acuda a la institución de la nulidad acogiendo formalismos, so pretexto de garantizar la intangibilidad del proceso, cuando el resultado de esa determinación implica exactamente lo contrario: que se quebrantó la estructura del proceso; todo en detrimento del procesado, quien, ahora no sólo verá prolongada su situación sub judice, sino que, corre el riesgo de perder el beneficio de la rebaja de pena al cual se había hecho acreedor por haber solicitado la terminación anticipada del proceso, en la muy probable hipótesis que el juez de conocimiento, apoyado en la sentencia de casación, impruebe el acuerdo.

Édgar Saavedra Rojas.

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